Imagen generada por IAEl 42% de las organizaciones deja alertas de seguridad sin investigar. La cifra procede del informe 2026 State of AI Agents in Security and Network Operations, elaborado por Cybersecurity Insiders y Netskope a partir de una encuesta a 921 profesionales de seguridad y redes. El dato no significa que el 42% de todas las alertas sean incidentes reales ni que cada alerta abandonada vaya a terminar en una intrusión. Significa algo más incómodo: una parte sustancial de las señales que llegan a los equipos defensivos no alcanza siquiera la fase de análisis.
La diferencia importa. Un falso positivo descartado con un criterio documentado es una decisión operativa. Una alerta que permanece en la cola porque nadie tiene tiempo, contexto o autoridad para investigarla es una exposición sin cerrar. Confundir ambas cosas permite presentar un cuadro de mando tranquilizador mientras la deuda de investigación crece debajo.
El informe identifica una paradoja que se ha vuelto habitual en 2026: los equipos de operaciones de seguridad y redes detectan incidentes con más eficacia, pero no disponen siempre de los recursos necesarios para investigarlos y resolverlos. La tecnología produce más señal; la organización no necesariamente produce más capacidad de respuesta. El resultado es un SOC que parece más atento en las métricas de detección y más frágil en las de resolución.
Una alerta es una hipótesis, no una conclusión. Puede indicar una cuenta comprometida, una transferencia lateral, una configuración peligrosa o simplemente una actividad legítima que el sistema no conoce bien. Investigar consiste en reunir evidencias, establecer una línea temporal, identificar los activos afectados, decidir si existe impacto y activar la respuesta adecuada. Cada paso consume tiempo especializado.
El problema aparece cuando la organización mide el principio del proceso y no el final. El número de reglas activas, eventos ingeridos o alertas generadas puede aumentar sin que mejore la seguridad. También puede bajar el tiempo medio de detección mientras sube el tiempo medio de respuesta. La primera métrica celebra que el sistema ha visto algo; la segunda revela si alguien ha sido capaz de hacer algo con esa información.
En una cola saturada, la priorización se convierte en la defensa real. Un equipo puede recibir una alerta de inicio de sesión desde una ubicación inusual, una ejecución de PowerShell, una descarga masiva desde un repositorio cloud y un cambio de privilegios en una cuenta administrativa. Ninguna señal, considerada de forma aislada, demuestra una intrusión. Juntas, y ordenadas cronológicamente, pueden dibujar una cadena de ataque. Si se revisan en consolas separadas o con varias horas de retraso, el patrón se pierde.
Aquí está el quid: no basta con preguntar cuántas alertas se han cerrado. Hay que saber cómo se han cerrado. Un cierre automático que clasifica una señal como benigno no equivale a una investigación. Un cierre manual sin registro de la evidencia tampoco. El dato del 42% debería empujar a los responsables de seguridad a separar tres estados que a menudo aparecen mezclados en los cuadros de mando: alerta pendiente, alerta descartada con justificación y alerta investigada con conclusión.
Las alertas pendientes tienen un coste acumulativo. Una cola de mil elementos no representa mil unidades independientes de trabajo. Cada elemento puede requerir contexto adicional, búsquedas históricas, validación con el propietario de un sistema o coordinación con infraestructura, identidad, fraude, privacidad y negocio. Cuanto más envejece la cola, más difícil resulta distinguir un incidente nuevo de una investigación antigua que todavía no ha terminado.
La antigüedad también cambia la calidad de la evidencia. Los registros pueden tener periodos de retención distintos; los endpoints pueden desconectarse; las direcciones IP pueden cambiar de usuario; los tokens pueden expirar; y las configuraciones pueden modificarse antes de que alguien documente el estado original. Una investigación iniciada tarde no es solo más lenta: suele ser menos fiable.
La organización debería tratar el backlog de alertas como una deuda de control, no como una peculiaridad del SOC. Eso obliga a formular preguntas incómodas. ¿Qué porcentaje de las alertas críticas supera el plazo interno de revisión? ¿Cuántas alertas se cierran sin una persona que asuma la decisión? ¿Cuántas investigaciones dependen de un único analista? ¿Qué fuentes de datos se consultan para confirmar una alerta y durante cuánto tiempo están disponibles?
El promedio es especialmente peligroso. Un tiempo medio de respuesta aceptable puede ocultar una minoría de casos críticos abandonados durante días. Para evitarlo, el cuadro de mando debe mostrar al menos la distribución por severidad y antigüedad, no solo la media. Una alerta crítica pendiente durante seis horas no pesa igual que cien notificaciones informativas cerradas automáticamente.
La reacción comercial más previsible ante este problema es añadir automatización. Hay motivos para hacerlo. Las plataformas de orquestación y respuesta pueden enriquecer una alerta con información de activos, identidad, vulnerabilidades y comportamiento histórico; ejecutar comprobaciones repetitivas; aislar un endpoint; revocar una sesión o abrir un ticket con los datos básicos ya reunidos.
Pero automatizar una cola mal diseñada solo permite equivocarse más deprisa. Si las reglas generan señales duplicadas, si los activos no tienen propietario o si los datos de identidad están incompletos, un agente de IA no arregla el defecto de fondo. Lo amplifica o lo oculta bajo una explicación con apariencia de certeza.
El informe se centra precisamente en los agentes de IA aplicados a las operaciones de seguridad y redes. La promesa es razonable cuando se limita a tareas acotadas: resumir eventos, buscar indicadores, comparar una configuración con una línea base, sugerir consultas o preparar un expediente para el analista. Se vuelve mucho más delicada cuando el agente decide por sí mismo que una alerta es benigna, cambia una regla de detección o ejecuta una acción irreversible.
La frontera operativa debería estar definida por el impacto de la acción, no por el entusiasmo con el que se presenta la herramienta. Una respuesta automática que añade contexto a un evento tiene un riesgo distinto de otra que deshabilita una cuenta de producción, bloquea tráfico legítimo o elimina una máquina virtual. El nivel de autonomía debe crecer solo cuando existan límites técnicos, autorización explícita, trazabilidad y una forma rápida de revertir la decisión.
En términos prácticos, una organización no necesita empezar preguntando qué modelo utiliza el agente. Necesita saber qué permisos tendrá, qué datos podrá leer, qué sistemas podrá modificar, quién revisará sus decisiones, cómo se registrarán los pasos y qué ocurre si el proveedor deja de estar disponible. El nombre de la tecnología cambia; esas preguntas no.
Para las entidades financieras europeas, las alertas abandonadas no son únicamente un problema de productividad. El Reglamento de Resiliencia Operativa Digital, aplicable desde el 17 de enero de 2025, exige que la gestión del riesgo TIC esté integrada en la gobernanza de la entidad. El artículo 6 de DORA atribuye al órgano de dirección la responsabilidad última de establecer y aprobar el marco de gestión del riesgo TIC. La cola del SOC no es una cuestión que pueda quedarse eternamente en el nivel técnico.
Los artículos 10 a 13 describen capacidades relacionadas con la detección, la respuesta y la recuperación frente a incidentes TIC. El artículo 10 exige mecanismos para detectar rápidamente actividades anómalas; el artículo 11 aborda la respuesta y recuperación; y el artículo 12 exige políticas de respaldo y restauración. Leer esas obligaciones como una simple exigencia de desplegar más sensores sería un error. Detectar sin investigar no produce una capacidad de respuesta demostrable.
DORA también exige clasificar y notificar incidentes TIC importantes conforme a sus artículos 17 a 19. La entidad necesita saber si un evento afecta a clientes, servicios, operaciones críticas o datos. Esa clasificación no puede hacerse con rigor si las señales relevantes permanecen sin analizar. Una alerta sin investigación quizá no sea todavía un incidente notificable; pero, si impide determinar el alcance de un incidente, se convierte en un fallo de capacidad que puede complicar la evaluación posterior.
El artículo 13 añade un elemento que suele quedar fuera de las presentaciones sobre automatización: el aprendizaje y la mejora continua. La organización debe extraer conclusiones de los incidentes y de las pruebas. Si los cierres de alertas no conservan una conclusión y la evidencia que la sostiene, el aprendizaje es imposible. El SOC volverá a recibir la misma señal, repetirá la misma duda y pagará de nuevo el coste de la investigación.
Hay otra conexión relevante con DORA. El artículo 28 regula la gestión del riesgo de terceros proveedores de servicios TIC, mientras que los artículos 29 y 30 establecen exigencias adicionales para determinados proveedores críticos y para los contratos. Si el filtrado, enriquecimiento o cierre automático de alertas depende de una plataforma externa, el riesgo no desaparece porque el proveedor use una marca conocida. La entidad debe entender qué datos procesa el servicio, qué registros conserva, qué subcontratistas intervienen, cómo se recupera la información y qué sucede durante una interrupción.
La pregunta que un supervisor o un auditor puede formular no es necesariamente ¿tienen un agente de IA?. Puede ser más sencilla y más difícil de contestar: ¿cómo saben que una alerta crítica fue correctamente descartada? La respuesta debe apoyarse en un proceso, una evidencia y una responsabilidad asignada, no en una afirmación del proveedor.
La Directiva NIS2, transpuesta y aplicada según el marco nacional correspondiente, exige en su artículo 21 medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad que incluyan análisis de riesgos, gestión de incidentes, continuidad, seguridad de la cadena de suministro, evaluación de la eficacia de las medidas y uso de criptografía, entre otros elementos. El artículo 23 establece obligaciones de notificación de incidentes significativos: alerta temprana en un plazo de 24 horas desde que se tenga conocimiento del incidente significativo, notificación del incidente en 72 horas y un informe final, por regla general, en el plazo de un mes.
Esos plazos no convierten cada alerta en un incidente notificable. Sí exigen que la organización pueda investigar con velocidad suficiente para determinar si el umbral se ha alcanzado. Una cola crónica de alertas sin triage puede retrasar el momento en que la entidad adquiere conocimiento razonable de un incidente significativo. La discusión sobre cuándo empezó el plazo no se resuelve mirando el reloj; se resuelve demostrando cuándo se detectó, quién evaluó la señal y qué información estaba disponible.
El Reglamento General de Protección de Datos añade una segunda capa cuando las alertas implican datos personales. Los registros de autenticación, identificadores de dispositivos, direcciones IP y actividad de usuarios pueden formar parte de una investigación sobre una violación de datos. El artículo 5.1.e del GDPR obliga a limitar la conservación a lo necesario, mientras que el artículo 32 exige medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad del tratamiento. El artículo 33 fija, cuando procede, la notificación a la autoridad de control en un plazo de 72 horas desde que el responsable tiene conocimiento de la violación.
La tensión es real: investigar bien puede requerir conservar evidencias; conservarlo todo indefinidamente no es una estrategia de privacidad. La solución no consiste en borrar los registros por defecto ni en guardarlos sin límite. Consiste en definir periodos de retención por fuente y finalidad, controlar el acceso, documentar las búsquedas y activar una preservación específica cuando exista un incidente o una obligación legal. El equipo de privacidad debe participar en el diseño de la investigación, no aparecer cuando seguridad ya ha copiado todos los logs a un repositorio improvisado.
En 2026, el debate sobre agentes de IA en seguridad se está desplazando desde la precisión de las respuestas hacia la capacidad de actuar. Esa es una evolución saludable. Un sistema que se equivoca al resumir una alerta irrita; uno que se equivoca al aislar un sistema de pagos puede interrumpir una operación crítica.
La arquitectura de control debería distinguir, como mínimo, entre lectura, recomendación y ejecución. En el primer nivel, el agente consulta fuentes autorizadas y devuelve contexto. En el segundo, propone una clasificación o una medida, pero un analista debe aprobarla. En el tercero, ejecuta acciones previamente autorizadas y limitadas por condiciones verificables. No todas las alertas merecen el mismo tratamiento y no todos los activos pueden someterse a la misma automatización.
Una política seria debería responder a cuestiones concretas:
El principio de mínimo privilegio también debe aplicarse al agente, no solo a los usuarios humanos. Una identidad técnica con acceso global convierte un error de clasificación en un incidente transversal. Las credenciales deben estar separadas por función, tener expiración cuando sea posible y quedar sujetas a controles de acceso y revisión. Si el agente puede cambiar reglas de detección, esa capacidad no debería venir incluida automáticamente con el permiso para leer eventos.
La explicabilidad tampoco debe reducirse a una frase generada en lenguaje natural. Para una investigación defendible, la entidad necesita conservar los datos que llevaron a la decisión: eventos consultados, marcas de tiempo, reglas aplicadas, versión del modelo o del flujo, respuesta propuesta y aprobación humana. Un párrafo que diga la actividad parece benigna no constituye una cadena de evidencia.
El primer cambio es dejar de utilizar el volumen bruto de alertas como sustituto de la eficacia. Un CISO debería exigir indicadores que conecten detección con resolución: porcentaje de alertas sin asignar, tiempo hasta la primera revisión, antigüedad por severidad, tasa de reapertura, proporción de cierres automáticos y número de investigaciones en las que faltaba una fuente de datos crítica. Cada métrica debe tener una definición estable. Si un equipo llama resuelta a cualquier alerta que sale de la cola, la cifra no sirve para gobernar.
El segundo cambio es ordenar las responsabilidades. El analista no puede ser responsable de un resultado que depende de que identidad entregue registros, infraestructura confirme una configuración o negocio valide si una operación era legítima. La matriz de escalado debe indicar quién aporta cada evidencia y quién tiene autoridad para declarar un incidente cerrado. En los casos regulados, también debe estar claro cuándo se incorpora el responsable de protección de datos, continuidad, fraude, asuntos legales o comunicación.
El tercer cambio es revisar la calidad de las fuentes. Una detección sofisticada no compensa una cobertura deficiente de endpoints, identidad, red, aplicaciones y servicios cloud. La investigación debe comenzar por los activos que soportan funciones importantes, no por la herramienta que genera más notificaciones. Si no existe propietario de un activo, tampoco existe una vía fiable para validar una actividad anómala.
El cuarto cambio es probar los escenarios que producen más abandono. Una prueba útil no se limita a lanzar un ataque simulado y medir si el SIEM genera una alerta. Debe comprobar si el equipo puede asignarla, enriquecerla, encontrar al responsable del activo, decidir la severidad, preservar evidencias y escalarla dentro del plazo aplicable. En las entidades sujetas a DORA, las pruebas de resiliencia operativa del capítulo IV deben conectarse con esa capacidad de respuesta, no quedarse en una demostración aislada de penetración.
Por último, hay que auditar los cierres automáticos. El muestreo debería incluir alertas descartadas por reglas y por agentes de IA, con especial atención a las categorías que precedieron a incidentes conocidos. El objetivo no es prohibir la automatización, sino calcular cuánto riesgo se acepta al usarla. Un control automático que jamás se revisa deja de ser un control y pasa a ser una suposición.
Los falsos positivos son una explicación frecuente de las colas interminables. A veces es correcta. Una regla demasiado amplia puede generar miles de eventos legítimos y consumir la capacidad que debería reservarse para amenazas reales. Pero la etiqueta también puede funcionar como una coartada cómoda para no mejorar el diseño de detección.
La forma madura de gestionar un falso positivo no es ignorarlo. Es registrar por qué la actividad era legítima, qué atributos permitieron determinarlo y si esos atributos pueden incorporarse a una excepción limitada. Una excepción basada en una identidad, un dispositivo, una aplicación y un intervalo operativo concreto es distinta de una exclusión general para todo el tráfico de una red. La primera reduce ruido; la segunda puede crear un punto ciego.
Las excepciones deben tener propietario, justificación, fecha de revisión y alcance. También conviene medir su crecimiento. Una organización que reduce la cola ampliando excepciones puede estar mejorando una métrica y empeorando la cobertura. Si la regla deja de alertar justo sobre la actividad que más interesa vigilar, el sistema ofrece tranquilidad al precio equivocado.
El aprendizaje debe volver a las reglas. Cada investigación cerrada debería poder responder si la alerta fue útil, si faltó contexto, si la severidad era adecuada y si la respuesta fue proporcionada. Esa información permite ajustar el contenido de la detección, mejorar la documentación y decidir qué tareas puede asumir un agente. Sin ese circuito, la automatización trabaja sobre una fotografía antigua de la organización.
El estudio de Cybersecurity Insiders y Netskope aporta una cifra llamativa, pero no permite por sí solo conocer la causa exacta de las alertas no investigadas, su distribución por sector, su severidad o el periodo de abandono. Es una encuesta a 921 profesionales, no una auditoría independiente de las colas de todos los SOC. La precisión periodística exige no convertir el 42% en una afirmación más amplia de la que la fuente sostiene.
Su valor está en otra parte. Si los profesionales que operan seguridad y redes reconocen que la detección supera la capacidad de investigación, el problema ya merece tratamiento ejecutivo. No porque toda alerta sea una amenaza, sino porque la organización ha llegado al punto en el que producir más señal sin rediseñar la decisión genera rendimientos decrecientes.
La respuesta no consiste necesariamente en contratar un ejército de analistas ni en entregar las llaves del SOC a un agente autónomo. Consiste en reducir señal inútil, proteger las fuentes de evidencia, priorizar los servicios críticos, separar los cierres justificados de los abandonos y asignar la responsabilidad de cada decisión. La IA puede ayudar a hacer más con el mismo equipo, pero solo si la organización sabe qué significa más y cómo demostrará que se ha hecho bien.
Para un CISO, la pregunta decisiva no es cuántas alertas recibe la plataforma. Es cuántas puede convertir en decisiones defendibles antes de que desaparezca la evidencia o expire un plazo regulatorio. El 42% coloca esa pregunta sobre la mesa. Dejarla sin investigar sería una ironía demasiado literal.
Fuente: Cybersecurity News ES, El 42% de las organizaciones deja alertas de seguridad sin investigar, basado en el informe 2026 State of AI Agents in Security and Network Operations, de Cybersecurity Insiders y Netskope.
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