Imagen generada por IALa ciberseguridad española puede publicar todos los marcos de control que quiera. Si no encuentra personas capaces de investigar una intrusión, reconstruir una cadena de ataque o detectar por qué una aplicación web se comporta como una puerta abierta, esos marcos serán poco más que decoración corporativa.
Ahí está el interés real de ATENEA Jornadas, la competición por equipos organizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN) en el marco de las XX Jornadas STIC. La edición de 2026 comenzó el 19 de octubre a las 15.00 horas y permanece activa hasta hoy, 23 de octubre, a la misma hora. Los participantes compiten en equipos de tres personas, en línea y a través de Hack The Box, con pruebas de OSINT, análisis forense, hacking web y reversing.
La noticia formal es sencilla. Hay una competición, un ranking, un premio para el equipo que termine en primera posición y una inscripción previa en la plataforma de ATENEA. La noticia sustantiva es otra: el principal organismo técnico de la Administración española está utilizando un entorno práctico para poner en contacto formación, evaluación de capacidades y captación de talento. En un mercado donde muchas empresas siguen midiendo la seguridad por el número de políticas aprobadas, la diferencia no es menor.
ATENEA no sustituye a una certificación profesional, no acredita por sí sola el cumplimiento de NIS2 o DORA y no convierte a un participante en analista de incidentes de la noche a la mañana. Pero sí aborda un problema que la regulación europea ha dejado al descubierto: las organizaciones tienen cada vez más obligaciones sobre capacidades técnicas y respuesta, mientras que el texto legal no puede crear especialistas donde no los hay.
El formato importa. ATENEA Jornadas no plantea una charla sobre buenas prácticas ni un cuestionario de opción múltiple. Obliga a colaborar durante cinco días, con un plazo cerrado, puntuación acumulada y retos que exigen aplicar conocimientos distintos. El equipo no puede limitarse a saber que existe una vulnerabilidad o que el análisis forense es necesario. Tiene que encontrar evidencias, formular hipótesis y convertirlas en una respuesta que produzca puntos.
La edición de este año se desarrolla del lunes 19 al viernes 23 de octubre de 2026. Ese detalle operativo dice más que una campaña genérica de concienciación: la presión temporal y la coordinación reproducen, aunque sea en un entorno controlado, parte del tipo de decisiones que aparecen durante un incidente real. En una intrusión no suele haber un especialista disponible para cada pregunta, ni tiempo ilimitado para documentar la respuesta perfecta.
Las cuatro disciplinas anunciadas también cubren tramos diferentes de una investigación:
La combinación evita una confusión habitual: llamar «talento en ciberseguridad» a cualquier persona que haya completado un curso. La seguridad técnica no es una sola profesión. Incluye prevención, detección, investigación, ingeniería, inteligencia, respuesta y recuperación. Un ejercicio que obliga a moverse entre varias disciplinas ofrece una señal más útil sobre la capacidad de aprendizaje y la coordinación de un equipo que una lista de cursos completados.
También conviene mantener los pies en el suelo. Un ranking de una competición mide el rendimiento en ese entorno concreto. No permite deducir automáticamente cómo trabajará una persona en un SOC con turnos, cómo documentará una decisión para auditoría o cómo gestionará la presión legal y reputacional de un incidente real. La actividad es una señal, no una sentencia laboral. Confundir ambas cosas sería sustituir la vieja obsesión por los certificados por una nueva obsesión con las clasificaciones.
La Unión Europea ha elevado el listón de la resiliencia digital, pero sus reglamentos no incluyen una máquina para fabricar profesionales cualificados. NIS2 exige a las entidades esenciales e importantes medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad en su artículo 21. Entre ellas aparecen políticas de análisis de riesgos, gestión de incidentes, continuidad, seguridad de la cadena de suministro, criptografía, control de accesos, gestión de activos y uso de soluciones de autenticación. Todo eso requiere personas capaces de diseñar controles, operarlos y demostrar que funcionan.
El artículo 20 de NIS2 sitúa además la responsabilidad de las medidas de ciberseguridad en los órganos de dirección, que deben aprobarlas y supervisar su aplicación. La consecuencia práctica es incómoda: el consejo puede aprobar una política de respuesta a incidentes, pero no puede aprobar una investigación técnica que nadie sabe ejecutar. El cumplimiento documental y la capacidad operativa se parecen en el papel; durante un ataque, dejan de parecerse.
En el sector financiero, DORA lleva la exigencia a un terreno todavía más concreto. El artículo 5 asigna al órgano de dirección la responsabilidad última del marco de gestión del riesgo relacionado con las TIC. El artículo 6 exige un marco de gestión del riesgo TIC documentado, y los artículos 10 y 11 se ocupan de la detección y respuesta, respectivamente. La entidad no solo debe tener una política de incidentes: necesita procesos, herramientas, roles y conocimiento para detectar, contener, erradicar y recuperar.
DORA también obliga a probar la resiliencia. El artículo 24 exige un programa de pruebas de resiliencia operativa digital, mientras que el artículo 26 regula las pruebas avanzadas basadas en TLPT para determinadas entidades. Un ejercicio de hacking web o reversing no equivale a un TLPT y ATENEA no pretende serlo. La conexión está en otro sitio: ninguna prueba avanzada tiene valor si el equipo que recibe las señales no sabe interpretar los artefactos, priorizar hallazgos y traducirlos en decisiones de riesgo.
El artículo 28 de DORA añade la gestión del riesgo de terceros proveedores de servicios TIC. La entidad financiera puede externalizar una plataforma, un servicio cloud o una función tecnológica; no puede externalizar por completo la responsabilidad sobre el riesgo. Para supervisar al proveedor hacen falta interlocutores que sepan leer un informe técnico, cuestionar una evidencia insuficiente y distinguir una vulnerabilidad explotable de una alerta de bajo impacto. El contrato ayuda. La competencia técnica evita que el contrato se convierta en una colección de frases solemnes.
La misma lógica aparece en el Reglamento de Inteligencia Artificial. El artículo 4 del AI Act exige un nivel suficiente de alfabetización en IA para proveedores y responsables del despliegue, teniendo en cuenta los conocimientos, la experiencia, la educación y la formación de las personas implicadas. Esa alfabetización no es idéntica a saber hacer reversing, pero comparte un principio: el control no funciona si se asigna a personas sin capacidad para entender el sistema que supervisan.
En privacidad, el artículo 33 del RGPD fija un plazo de 72 horas para notificar una violación de seguridad a la autoridad de control, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas. El artículo 34 contempla la comunicación a los afectados cuando el riesgo sea alto. Esos plazos no se cumplen con una plantilla descargada de internet. La organización necesita saber qué datos se han visto comprometidos, cuándo ocurrió, qué evidencias respaldan la conclusión y qué medidas se han adoptado. Ahí vuelve a aparecer el análisis forense.
La utilidad de una iniciativa como ATENEA no está en afirmar que una competición cumple la regulación. No la cumple. La utilidad está en mostrar qué capacidades concretas sostienen obligaciones que, redactadas en lenguaje jurídico, pueden sonar abstractas.
Los artículos 10 y 11 de DORA distinguen, en términos operativos, entre detectar incidentes y responder a ellos. Una herramienta SIEM puede generar una alerta; no decide por sí sola si existe una intrusión, qué activos están afectados o qué acción reduce el daño. Para eso hacen falta analistas capaces de combinar telemetría, inteligencia, contexto de negocio y evidencias.
El OSINT puede contribuir a la fase de enriquecimiento. El análisis forense puede ayudar a construir una línea temporal. El reversing puede aclarar si un fichero ejecutable tiene un comportamiento malicioso o si una detección es un falso positivo. El hacking web puede revelar cómo un atacante habría utilizado un fallo en una aplicación expuesta. Cada disciplina produce una pieza; el valor aparece cuando alguien sabe unirlas sin inventar conclusiones.
Una notificación de incidente no es una narración creativa. Bajo DORA, el artículo 19 exige notificar los incidentes relacionados con las TIC a la autoridad competente conforme al marco aplicable. En el RGPD, el artículo 33 obliga a explicar la naturaleza de la violación, las categorías y el número aproximado de afectados y registros, las posibles consecuencias y las medidas adoptadas o propuestas.
La organización puede no conocer todos los datos durante las primeras horas. El RGPD permite comunicar la información por fases cuando no sea posible aportarla íntegramente al mismo tiempo. Pero esa flexibilidad no elimina la necesidad de investigar. Sin evidencias preservadas, la entidad no sabrá qué puede afirmar, qué debe dejar abierto y qué hipótesis debe descartar.
La práctica competitiva no reproduce el procedimiento de notificación, pero sí entrena una conducta valiosa: trabajar con datos incompletos, documentar la respuesta y revisar hipótesis a medida que aparecen nuevas pruebas. Es exactamente lo contrario de cerrar un incidente porque el panel ha dejado de emitir alertas.
Las pruebas de seguridad suelen concentrarse en encontrar fallos. La resiliencia regulatoria obliga a ir más lejos: mantener funciones críticas, recuperar servicios y aprender del incidente. DORA recoge la gestión de incidentes, la continuidad y la recuperación dentro de su marco de riesgo TIC; NIS2 incorpora la continuidad de negocio, la gestión de crisis y la recuperación en el artículo 21.
Una competición centrada en retos técnicos no puede evaluar por sí sola si una entidad recuperará un sistema de pagos o comunicará correctamente con clientes y supervisores. Pero sí puede revelar si las personas que deben sostener esa recuperación entienden la naturaleza del ataque. Una empresa puede tener un plan de continuidad impecable sobre el papel y seguir sin saber si el servidor de respaldo contiene el mismo malware que el entorno principal.
La primera utilidad de ATENEA para una organización no es reclutar al ganador. Es ayudar a formular mejor la pregunta de qué capacidad necesita. Muchas descripciones de puesto piden «conocimientos de ciberseguridad», «capacidad analítica» y «experiencia en respuesta a incidentes» como si fueran una sola destreza. No lo son. Un proceso de selección serio debería separar, al menos, la habilidad técnica, la comunicación, la documentación y la toma de decisiones.
Un CISO puede utilizar el tipo de retos anunciados por el CCN como referencia para revisar su matriz de competencias. Si el equipo interno no puede analizar un artefacto sospechoso, hacer una búsqueda de infraestructura expuesta o verificar la explotación de una vulnerabilidad web, la carencia no desaparece porque el proveedor de servicios gestionados tenga una presentación comercial convincente. Hay que decidir si se cubre con contratación, formación, retención de especialistas o una combinación de las tres.
Recursos humanos también debería evitar una selección basada exclusivamente en el número de certificaciones. Las certificaciones pueden demostrar conocimientos estructurados, pero una competición por equipos aporta señales diferentes: colaboración, gestión del tiempo, persistencia ante un problema sin solución inmediata y capacidad para repartir el trabajo. Ninguna de esas señales debería convertirse en un criterio automático, pero todas pueden enriquecer una entrevista técnica.
Para compliance, el punto central es la evidencia. DORA y NIS2 no exigen que una entidad gane una competición; exigen que gestione riesgos y pueda demostrar que sus controles están diseñados y operan adecuadamente. Si ATENEA se utiliza internamente como actividad de formación o evaluación, convendría conservar objetivos, participantes, resultados agregados, competencias evaluadas y acciones posteriores. No porque el certificado de participación vaya a impresionar a un supervisor, sino porque una organización necesita demostrar que sus programas de capacitación responden a riesgos identificados.
La documentación debe ser prudente. Un resultado alto en una prueba de reversing no prueba que el participante pueda dirigir una investigación de malware en producción. Sí puede justificar una conversación más específica sobre sus métodos, herramientas, límites y experiencia. En compliance, la precisión es una virtud poco glamurosa pero muy rentable.
El interés por las XX Jornadas STIC ofrece un segundo dato relevante. El CCN-CERT comunicó en septiembre que había recibido más de 370 propuestas para participar como ponente, la cifra más alta registrada hasta entonces según la información publicada por la organización. La edición conmemora además 20 años de las Jornadas como punto de encuentro del sector de la ciberseguridad en España.
Esos datos no demuestran que el déficit de profesionales esté resuelto. Demuestran algo más acotado: existe una comunidad suficientemente activa para producir contenidos, plantear experiencias y competir por espacio en uno de los principales eventos nacionales del sector. La existencia de demanda de formación y de visibilidad técnica no equivale a que las empresas hayan cubierto sus puestos críticos.
La combinación de conferencias y competición resulta interesante precisamente por eso. Las ponencias difunden conocimiento y experiencias; ATENEA obliga a aplicarlos bajo presión. Una comunidad madura necesita ambas cosas. Si solo hay presentaciones, el sector corre el riesgo de confundir conocimiento declarado con capacidad demostrada. Si solo hay competiciones, puede premiar la velocidad técnica sin desarrollar gobernanza, comunicación y responsabilidad operativa.
El reto para el CCN-CERT y para las organizaciones participantes será mantener esa conexión después del evento. El talento no se retiene con un ranking ni con un premio enviado tras la competición. Se retiene ofreciendo trabajo técnico real, tiempo para investigar, herramientas adecuadas, progresión profesional y una cultura que no castigue a quien comunica un problema antes de que se convierta en un incidente.
Una empresa que quiera aprovechar iniciativas de este tipo debería empezar por sus riesgos, no por el calendario de eventos. El artículo 6 de DORA obliga a mantener un marco de gestión del riesgo TIC; el artículo 21 de NIS2 exige medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad. En ambos casos, la pregunta operativa es la misma: ¿qué capacidades son necesarias para proteger las funciones y activos que realmente importan?
La respuesta puede organizarse alrededor de cuatro decisiones concretas.
Una iniciativa externa como ATENEA puede complementar ese modelo. No reemplaza un programa interno de ejercicios, pruebas de restauración, simulaciones de crisis ni revisiones de proveedores. Tampoco resuelve el problema de que una misma persona acumule funciones críticas sin sustituto. Pero puede aportar una forma concreta de descubrir intereses y capacidades que un organigrama no muestra.
Hay una tentación comercial evidente: presentar cada competición, captura de bandera o laboratorio como prueba de resiliencia regulatoria. Conviene resistirse. Un reto de Hack The Box ocurre en un entorno diseñado para ser atacado. Una entidad regulada opera con sistemas heredados, dependencias de terceros, datos reales, restricciones de disponibilidad y obligaciones de comunicación. La distancia entre ambos mundos no es un defecto del ejercicio; es una razón para no exagerar lo que mide.
La gamificación funciona bien para practicar una habilidad delimitada. No sustituye la gobernanza exigida por DORA, la responsabilidad de la dirección prevista en NIS2 ni el análisis de riesgo del RGPD. Tampoco demuestra que una empresa haya probado sus copias de seguridad, evaluado su concentración de proveedores TIC o revisado los permisos privilegiados.
El uso correcto es más modesto y más útil: emplear la competición como una pieza dentro de un sistema de desarrollo de capacidades. El participante puede aprender a investigar; el equipo puede identificar lagunas; la organización puede convertir esas lagunas en un plan de formación o contratación. Lo que no debería hacer es pegar una insignia de participación junto al certificado ISO y declarar que el riesgo está controlado.
La ironía es que la regulación europea, tan aficionada a las evidencias, puede empujar a algunas organizaciones a coleccionar evidencias irrelevantes. Una foto del equipo, un diploma o una clasificación son fáciles de archivar. Una investigación técnicamente sólida, una restauración verificada o una decisión de escalado bien documentada resultan bastante menos fotogénicas. También son mucho más útiles.
Cuando ATENEA Jornadas cierre hoy a las 15.00 horas, el ranking ofrecerá una fotografía puntual del rendimiento de los equipos. El valor duradero dependerá de lo que hagan después los participantes, el CCN-CERT y las organizaciones que observen la iniciativa.
Para las empresas, la pregunta no debería ser cuántos empleados han participado. Debería ser qué tareas críticas pueden ejecutar ahora con mayor solvencia, qué capacidades siguen dependiendo de una sola persona y qué parte de la respuesta permanece externalizada sin supervisión interna suficiente.
Para los responsables de compliance, la cuestión es si la formación se conecta con el riesgo y si el resultado puede explicarse con evidencias. Para los CISO, si el ejercicio revela capacidad aplicable a los sistemas reales. Para la dirección, si está financiando la retención de quienes tendrán que cumplir el artículo 20 de NIS2 o sostener el marco de DORA cuando llegue el incidente que ninguna presentación consiguió evitar.
La edición de 2026 deja una conclusión incómoda, pero práctica: la resiliencia digital no se compra con una política, no se delega íntegramente en un proveedor y no se demuestra acumulando cursos. Se construye cuando personas concretas saben investigar, decidir, coordinarse y explicar qué ha ocurrido. ATENEA no fabrica ese talento. Al menos, permite verlo trabajar.
Nota editorial
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