El BIS dibuja el dinero de próxima generación y deja a las stablecoins en la sala de espera

La frase realmente importante no es “tokenización”. Esa palabra ya la manosea medio mercado. Lo relevante es otra cosa: el Banco de Pagos Internacionales, en su Informe Económico Anual publicado el 24 de junio de 2025, sostiene que el sistema monetario y financiero de próxima generación debe construirse alrededor de una plataforma tokenizada con reservas de banco central, dinero bancario comercial y bonos soberanos en el núcleo. Y, de paso, deja bastante claro que las stablecoins no pasan el examen para convertirse en el pilar del sistema.

No es una ocurrencia de laboratorio. Cuando el BIS habla de un “unified ledger” no está vendiendo humo con aroma a blockchain. Está planteando una tesis institucional: la innovación útil no consiste en sacar el dinero fuera del perímetro regulado, sino en meter la programabilidad dentro de infraestructuras con liquidación final segura, controles de integridad y capacidad de escalar para pagos de alto valor. Dicho menos diplomáticamente: si quieres rehacer tuberías críticas del sistema financiero, más vale no hacerlo sobre promesas privadas de paridad que dependen de reservas opacas o de incentivos comerciales cambiantes.

Ese matiz importa en 2026 porque la discusión ya no va de “cripto sí o no”. Va de arquitectura. De qué capa de dinero liquida, quién garantiza el valor a la par, cómo se incrustan los controles AML y de sanciones, y qué modelo resiste estrés real. Ahí está el quid. El BIS no entra en la conversación para decorar el debate; entra para intentar cerrarlo.

No es una guerra cultural entre blockchain y banca: es una pelea por la capa de liquidación

El capítulo III del informe anual del BIS describe la tokenización como el registro de derechos sobre activos reales o financieros en una plataforma programable. Hasta ahí, nada revolucionario. Lo que cambia el tono del documento es el salto de definición a diseño institucional. El BIS no dice simplemente que tokenizar pueda mejorar procesos. Dice que una plataforma tokenizada puede integrar mensajería, conciliación y transferencia de activos en una sola operación, y que ese efecto solo despliega todo su potencial si el dinero del banco central, el dinero bancario comercial y los activos financieros comparten el mismo entorno operativo.

Eso rompe con una parte del discurso de mercado que ha presentado la tokenización como un barniz sobre sistemas heredados o como una simple digitalización del activo. El BIS está apuntando más alto: rehacer la coordinación entre dinero y activos para que pagos, entrega contra pago, gestión de colateral, ajustes de márgenes y operaciones transfronterizas se ejecuten de forma contingente y sincronizada. Menos capas, menos reconciliación posterior, menos fricción. Y, si se hace bien, menos riesgo operacional.

La idea no exige necesariamente tecnología DLT. El propio BIS lo dice con bastante cuidado: ese “unified ledger” puede utilizar o no tecnologías de registro distribuido. Conviene subrayarlo porque desmonta dos caricaturas a la vez. La primera, que tokenización es igual a blockchain pública. La segunda, que los bancos centrales estén comprando el argumentario cripto en bloque. No. Están seleccionando piezas concretas: programabilidad, atomicidad, integración de flujos y trazabilidad técnica. Pero sin renunciar a la jerarquía monetaria existente.

En otras palabras, el mensaje institucional es conservador en los fines y radical en los medios. La base sigue siendo la de siempre: las reservas del banco central como activo final de liquidación. Lo nuevo es la forma de orquestar su uso dentro de infraestructuras más programables.

Las tres pruebas del BIS y por qué las stablecoins suspenden al menos dos

El documento organiza su argumento alrededor de tres pruebas que cualquier forma de dinero debe superar si aspira a ser columna vertebral del sistema: singleness, elasticidad e integridad. Merece la pena detenerse en ellas porque aquí no hay retórica; hay criterio de política pública.

La primera, la “singleness of money”, alude a algo tan básico que a veces solo se aprecia cuando falla: que el dinero se acepte a la par, sin preguntas, como conocimiento común compartido por todos los agentes. Si el euro que mantienes en un banco no vale exactamente como el euro mantenido en otro, o si la capacidad de convertir un pasivo en activo seguro se vuelve dudosa, la coordinación económica se resiente. El BIS utiliza una analogía útil: el dinero funciona como un lenguaje común. Cuando deja de serlo, aparecen descuentos, segmentación y fricción. Justo lo contrario de un sistema monetario eficiente.

La segunda prueba es la elasticidad. Aquí el BIS pisa terreno clásico de banca central: el sistema necesita capacidad para suministrar liquidez de liquidación cuando el volumen de pagos lo exige. En los sistemas RTGS actuales, los bancos centrales pueden proporcionar reservas de forma flexible contra colateral de alta calidad, incluido crédito intradía. Eso evita atascos y permite liquidar grandes importes a tiempo. Traducido al lenguaje llano: el sistema funciona porque, cuando toca mover mucho dinero a la vez, existe un backstop creíble.

La tercera es la integridad. Sin controles robustos frente a blanqueo, financiación del terrorismo, fraude, evasión de sanciones y otras formas de abuso, la innovación financiera no dura mucho antes de convertirse en problema político, penal y reputacional. En 2026 ya no debería hacer falta recordarlo, pero visto el entusiasmo con el que algunos proyectos siguen confundiendo “fricción cero” con “compliance opcional”, mejor dejarlo escrito.

Con ese marco, la crítica a las stablecoins se entiende sola. El BIS reconoce que ofrecen cierta promesa en materia de tokenización. No las despacha como inútiles. Pero concluye que no satisfacen los requisitos para ser el soporte principal del sistema monetario frente a esas tres pruebas. La objeción más severa se concentra en la singleness y en la elasticidad.

Sobre la primera, el problema es obvio: una stablecoin es un pasivo de un emisor privado cuyo valor depende de la calidad y liquidez de las reservas, de la gobernanza del emisor y de la credibilidad del mecanismo de rescate. Aunque mantenga una paridad nominal, no es lo mismo que una liquidación en reservas del banco central. Puede parecer un matiz teórico hasta que aparece tensión de mercado. Entonces deja de ser teórico muy deprisa.

Sobre la elasticidad, el defecto es estructural. Un emisor de stablecoins no ocupa la posición de un banco central. No puede expandir liquidez de liquidación con mandato público ni sostener el sistema de pagos ante un pico de demanda agregada de la misma forma que un banco central en un esquema de dos niveles. Puede tener reservas. Puede prometer convertibilidad. Puede incluso estar muy regulado. Pero no es lo mismo. Ni jurídica, ni operativa, ni macrofinancieramente.

La integridad tampoco es un detalle menor. El BIS habla de herramientas de cumplimiento integradas en la plataforma. Ahí se cuela un mensaje que conecta con los reguladores de 2026: la programabilidad solo interesa de verdad si sirve también para codificar controles, no únicamente para acelerar settlement. Esto enlaza con el enfoque europeo de trazabilidad, gobernanza de terceros y resiliencia operacional. Velocidad sin control ya la conocíamos; suele terminar en incidente.

Qué cambia realmente si el dinero y los activos conviven en el mismo libro

La promesa central del “unified ledger” no es que todo esté “on-chain”. Esa expresión vende titulares pero explica poco. La promesa es la ejecución unificada de operaciones que hoy se reparten entre múltiples sistemas, intermediarios, mensajes, verificaciones y conciliaciones.

Pensemos en pagos transfronterizos. El BIS señala que la tokenización podría sustituir la cadena compleja de intermediarios y la actualización secuencial de cuentas propia de la banca corresponsal por un único proceso integrado. Esa frase encierra una crítica muy concreta al estado actual del arte. Hoy un pago internacional puede atravesar varias entidades, zonas horarias, verificaciones manuales y ventanas de liquidez. El resultado: costes más altos, demoras, opacidad sobre comisiones y puntos ciegos en trazabilidad. No es que nadie lo sepa; es que llevamos años oyendo promesas de mejora incremental mientras la arquitectura de fondo sigue pareciéndose demasiado a sí misma.

Si el dinero tokenizado y el activo o la obligación relacionada viven en la misma plataforma, se pueden diseñar ejecuciones atómicas o contingentes: entregas contra pago, ajustes de márgenes automáticos, desbloqueo de colateral al cumplirse condiciones verificables, transferencias transfronterizas con validaciones de cumplimiento insertadas en el flujo. La gracia no está en “digitalizar un bono”, sino en evitar que media docena de sistemas tengan que ponerse de acuerdo después de que ocurra la transacción.

En mercados de valores, esa reducción de conciliación posterior puede afectar a varios puntos de dolor muy conocidos: gestión de garantías, procesamiento de eventos corporativos, liquidación de repos, optimización de colateral y mecanismos delivery-versus-payment. No todos los problemas desaparecen, pero sí cambia la distribución del riesgo operacional. Menos reconciliación manual y menos dependencia de procesos por lotes suele traducirse en menos posibilidades de error humano y menos fallos por desajuste temporal entre sistemas.

Ahora bien, conviene no caer en la fantasía del “todo se arregla con smart contracts”. Cuanta más lógica de negocio concentres en la plataforma, más crítica se vuelve la gobernanza del código, la gestión del cambio, la validación jurídica de los disparadores automáticos y la resiliencia de los componentes comunes. Si un mercado entero comparte determinadas reglas embebidas, un fallo no se multiplica linealmente; se propaga. La eficiencia y la concentración suelen viajar juntas.

La lectura regulatoria que no conviene perderse

A primera vista, el informe del BIS parece alejado de normas como DORA, NIS2 o GDPR. Error. No porque el texto las cite, sino porque la arquitectura que propone depende precisamente de las disciplinas que esas normas intentan imponer. Si la próxima generación del sistema monetario va a descansar en plataformas programables con funciones de cumplimiento integradas, entonces la conversación deja de ser solo monetaria. Pasa a ser también de resiliencia, ciberseguridad, terceros críticos, gobernanza de datos y responsabilidad operacional.

Empecemos por DORA. El Reglamento (UE) 2022/2554 exige a las entidades financieras capacidades concretas de gestión del riesgo TIC, notificación de incidentes, pruebas de resiliencia digital y control de terceros proveedores de servicios TIC. El núcleo operativo está en el capítulo II sobre gestión del riesgo TIC, el capítulo III sobre notificación y el capítulo V sobre gestión del riesgo de terceros TIC, con un punto especialmente sensible en el art. 28 y siguientes. Si pagos, activos y controles viven cada vez más en plataformas integradas, el mapa de dependencias se vuelve más denso y más difícil de trocear. La promesa de eficiencia viene con una factura: entender de verdad qué proveedor controla qué capa, qué subcontratación existe, dónde están los puntos únicos de fallo y cómo se ejecuta una salida ordenada.

Tu entidad ya tiene eso resuelto? Muchas creen que sí hasta que intentan dibujar la cadena completa de dependencias entre nodo de liquidación, motor de reglas, custodia de claves, servicio cloud, oráculos de datos, herramientas de screening y conectores con infraestructuras de mercado. Entonces aparece el clásico momento regulatorio de 2026: descubrimos que el PowerPoint era más coherente que la arquitectura real.

NIS2 aporta otra capa. La Directiva (UE) 2022/2555, en su art. 21, impone medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad para entidades esenciales e importantes, incluyendo políticas de análisis de riesgos, gestión de incidentes, continuidad, seguridad de la cadena de suministro, criptografía, autenticación y uso seguro de comunicaciones. Aunque la transposición y aplicación práctica siguen variando por Estado miembro, la dirección es inequívoca: una plataforma crítica para pagos y activos no se evaluará por su elegancia técnica, sino por la disciplina operativa con la que soporte fallos, ataques y compromisos de terceros.

GDPR tampoco queda al margen. Si el diseño incorpora datos personales o identificadores directamente vinculados a clientes, operaciones o beneficiarios, el principio de minimización del art. 5.1.c y la protección de datos desde el diseño y por defecto del art. 25 pasan del departamento jurídico al tablero de arquitectura. Un sistema programable con trazabilidad amplia puede ser maravilloso para auditoría y espantoso para la minimización si se modela mal. Y si el tratamiento se apoya en analítica de fraude o monitorización automatizada, empiezan a asomar cuestiones de proporcionalidad, retención y eventualmente de decisiones automatizadas del art. 22. No hace falta dramatizar; sí diseñar con cabeza.

A esto súmale AML/CFT y sanciones. El informe del BIS habla de herramientas de cumplimiento “state-of-the-art” integradas en la plataforma. La expresión parece inocua, pero en la práctica significa que parte del compliance se moverá desde controles periféricos o posteriores hacia validaciones embebidas en el flujo transaccional. Eso abre una pregunta incómoda: cuando un control automático bloquea, retrasa o condiciona una operación, ¿quién responde por falsos positivos, sesgos de datos, errores en listas y desajustes entre jurisdicciones? La programabilidad no elimina la responsabilidad; la redistribuye.

El gran punto ciego: gobernanza técnica y jurídica del código que mueve dinero

La tokenización gusta mucho cuando se presenta como eficiencia. Gusta bastante menos cuando uno aterriza en las preguntas de gobernanza. Si una plataforma permite que la lógica de liquidación, colateral, elegibilidad de activos o screening de contrapartes se ejecute automáticamente, el código deja de ser mero soporte y se convierte en una pieza normativa de facto. No sustituye al contrato ni a la ley, pero condiciona su ejecución material.

Ese desplazamiento tiene varias implicaciones.

La primera es de control del cambio. En sistemas tradicionales, modificar reglas nucleares de liquidación o de workflow suele requerir procesos lentos y visibles. En entornos más modulares y programables, el riesgo es asumir que una actualización es solo una actualización. No. Si el cambio toca lógica crítica, puede alterar derechos económicos, secuencia de prelación, condiciones de entrega o enforcement de controles. La gestión del cambio debe tratarse con una severidad cercana a la de una infraestructura de mercado, no como si fuera una mejora menor de producto.

La segunda es de responsabilidad jurídica. Cuando una ejecución contingente falla por una condición mal definida, por un oráculo de datos erróneo o por un conflicto entre normas de dos jurisdicciones, la pregunta no será si la tecnología era innovadora. La pregunta será quién soporta la pérdida, cómo se demuestra la trazabilidad del error y qué marco contractual y regulatorio gobierna la disputa. Aquí el entusiasmo comercial suele adelantar al trabajo jurídico. Mala idea.

La tercera es de auditoría. Cuanto más automatizado esté el flujo, más necesario será producir evidencia verificable sobre lógica de decisión, versiones de código, segregación de funciones, pruebas, autorizaciones de despliegue y trazas de ejecución. No porque lo diga una moda. Porque sin eso, ni el supervisor ni la función de auditoría interna podrán determinar si el control existía realmente o si era un bonito deseo escrito en una política.

Y la cuarta es de ciberseguridad pura. Una infraestructura que concentre dinero tokenizado, activos tokenizados y controles integrados aumenta el atractivo para atacantes y el impacto potencial de un fallo. Si además depende de criptografía, gestión de claves, componentes de terceros y conectividad transfronteriza, la superficie de riesgo no disminuye; cambia de forma. Esto no invalida el modelo. Simplemente impide venderlo como si la tecnología por sí sola resolviera la fragilidad. No la resuelve. La desplaza hacia capas nuevas.

Por qué el BIS está intentando cerrar la puerta al relato de las stablecoins sistémicas

La parte más política del informe no es la defensa de la tokenización. Eso ya estaba relativamente asumido. Lo más político es la forma en que el BIS ordena el debate para que la tokenización no se confunda con una privatización de la capa monetaria.

Desde hace años, muchos promotores de stablecoins sostienen que la innovación nacerá más deprisa fuera de la banca tradicional y que, si el activo mantiene su paridad y su utilidad, el mercado decidirá. El BIS replica desde la lógica del interés público: el dinero que estructura la economía no se evalúa solo por su usabilidad en condiciones normales, sino por su capacidad para seguir coordinando el sistema bajo estrés, absorber demanda de liquidez y preservar integridad. Ahí es donde las stablecoins tropiezan.

La discusión recuerda, con ropaje nuevo, a una vieja lección bancaria: la convertibilidad prometida no equivale a la liquidez soberana. Un emisor privado puede gestionar reservas con prudencia impecable y aun así no replicar la función de un banco central. No porque sea incompetente, sino porque ocupa otro lugar institucional. Esa diferencia no desaparece con mejor marketing, ni con auditorías mensuales, ni con un libro blanco más brillante.

De hecho, la insistencia del BIS en que el dinero bancario comercial siga formando parte del sistema tokenizado es igual de reveladora. No está defendiendo un mundo de dinero público puro. Está defendiendo el modelo de dos niveles: banco central en la base, banca comercial en la intermediación, innovación privada encima. Lo que rechaza es la idea de que el ancla pueda convertirse en una promesa privada más o menos estable.

En 2026 esta posición tiene implicaciones concretas para bancos, infraestructuras de mercado y fintechs. Si alguien esperaba que la política pública terminara bendiciendo un ecosistema de stablecoins como capa principal de pagos y liquidación, el mensaje del BIS va en dirección contraria. Habrá espacio para usos concretos, pruebas, nichos e integración parcial. Pero la ambición sistémica choca frontalmente con la doctrina que el BIS acaba de reforzar.

Qué deberían hacer ahora bancos, FMIs y fintechs serias

La tentación sería responder con una lista infinita de “oportunidades de tokenización”. Sería también una pérdida de tiempo. La lectura útil del informe es otra: qué capacidades institucionales y técnicas necesitará una organización si el mercado se mueve hacia plataformas tokenizadas con exigencias regulatorias plenas.

Primero, separar el ruido del caso de uso. No todo activo necesita tokenizarse y no todo proceso mejora por estar en un libro programable. Los casos que merecen prioridad son aquellos donde la fragmentación actual genera coste verificable: pagos transfronterizos, colateral movilizable, liquidación con entrega contra pago, sincronización entre efectivo y valores, o automatización de eventos contractuales con reglas objetivas. Si el beneficio principal es solo reputacional o comercial, probablemente no merece tocar una tubería crítica.

Segundo, mapear dependencias regulatorias desde el diseño. No al final. Si una iniciativa toca dinero tokenizado, settlement, datos de clientes o conectividad con terceros, deben entrar desde el principio arquitectura, legal, cumplimiento, riesgo operacional y ciberseguridad. DORA no se “añade” después; condiciona el modelo de terceros, pruebas y gobernanza. GDPR no se pega como una etiqueta; influye en qué datos deben o no deben residir en la plataforma. NIS2 no es una capa decorativa; afecta al diseño de seguridad, reporting y continuidad.

Tercero, tratar la gestión de claves y credenciales como infraestructura crítica. Parece una obviedad, pero 2026 ha confirmado algo incómodo: muchas discusiones estratégicas sobre tokenización siguen subestimando los problemas de custodia, recuperación, segregación y control criptográfico. Si la capacidad de mover un activo o liquidar una posición depende de claves mal gobernadas, tienes un proyecto sofisticado con un talón de Aquiles bastante vulgar.

Cuarto, exigir claridad contractual brutal a proveedores y consorcios. El art. 28 de DORA sobre terceros TIC y el resto del capítulo V no son literatura. Si la plataforma depende de software, cloud, servicios gestionados, componentes de screening o módulos de identidad digital, la entidad debe saber qué derechos de acceso, auditoría, información, subcontratación y terminación tiene de verdad. No qué cree tener. De verdad.

Quinto, elevar el nivel de pruebas. No basta con pilotos felices. Una arquitectura de este tipo debe probar fallos de sincronización, errores de oráculos, degradación de conectividad, indisponibilidad de proveedor, revocación de credenciales, rollback de reglas, reconciliación postincidente y continuidad de liquidación. Si la demostración solo enseña lo bien que funciona cuando todo funciona, no estás viendo resiliencia; estás viendo marketing.

Implicaciones para entidades financieras europeas y españolas

Aunque el informe del BIS tiene ambición global, su lectura es especialmente relevante para entidades europeas porque la UE ya ha levantado gran parte del andamiaje regulatorio que haría exigible esta visión. DORA está en aplicación desde 2025, NIS2 ya presiona a múltiples sectores y MiCA ha fijado un marco específico para emisores de criptoactivos y, en particular, para ciertas categorías de tokens referenciados a activos y tokens de dinero electrónico. El resultado es curioso: Europa puede no ser la jurisdicción más rápida en experimentación comercial, pero sí una de las que tiene más claro que la innovación financiera crítica debe entrar por el aro de la resiliencia, la gobernanza y el control supervisor.

Para bancos españoles, el mensaje operativo es doble. Por un lado, no conviene leer el informe como una invitación abstracta a “explorar blockchain”. Esa fase ya debería estar superada. La pregunta útil es si la entidad tiene una tesis propia sobre tokenización de efectivo, colateral, pagarés, bonos o pagos transfronterizos, y si esa tesis encaja con su modelo de riesgo, su arquitectura de terceros y su capacidad de integrarse con infraestructuras de mercado. Por otro, no basta con esperar a que los bancos centrales o las FMIs definan el modelo final. Quien no entienda ahora las implicaciones jurídicas, de datos y de resiliencia llegará tarde incluso para decidir con criterio.

Hay además una tensión muy europea que merece atención. Cuanto más se impulse una infraestructura monetaria tokenizada bajo reglas exigentes, menos espacio quedará para soluciones privadas que compitan precisamente prometiendo menor fricción regulatoria. Esa tensión no va a desaparecer. Se va a intensificar. Y para muchas fintechs será el momento de elegir si quieren ser proveedores serios del nuevo stack financiero o seguir vendiendo velocidad a costa de trasladar el riesgo a otros.

La objeción obvia: esto suena bien sobre el papel, pero ¿quién coordina la realidad?

La objeción más fuerte al enfoque del BIS no es técnica; es institucional. Construir plataformas unificadas, con dinero de banco central, dinero bancario comercial y activos financieros interoperando con controles integrados, exige coordinación entre bancos centrales, entidades privadas, infraestructuras de mercado, supervisores sectoriales y probablemente legisladores. Y la coordinación, como sabe cualquiera que haya participado en un proyecto transfronterizo, es una palabra elegante para describir meses o años de fricción.

También existe una crítica legítima sobre concentración. Si demasiadas funciones críticas se integran en unas pocas plataformas o estándares dominantes, podríamos reducir fricciones al precio de crear nuevos puntos únicos de fallo o nuevos centros de poder técnico. El BIS no ignora del todo este riesgo, pero lo trata menos de lo que merecería. La historia financiera está llena de eficiencias que parecían impecables hasta que revelaron dependencias sistémicas incómodas.

Otra objeción razonable tiene que ver con la diversidad jurídica. Los pagos transfronterizos no fallan solo por culpa de la tecnología. Fallan porque existen requisitos de identificación, sanciones, controles de capital, horarios de mercado, tratamientos concursales y reglas de finalidad de la liquidación que no encajan mágicamente entre países. Un libro unificado puede reducir fricción técnica. No puede abolir por decreto la geografía regulatoria.

Eso no invalida la tesis del BIS. La hace más exigente. Si la promesa va en serio, el trabajo duro no estará en tokenizar el activo; estará en armonizar reglas operativas, diseñar gobernanza, repartir responsabilidades y definir mecanismos de resolución de incidencias. La palabra aburrida aquí es “institucional”. Suele ser, casualmente, la más importante.

Mi lectura: el BIS no está persiguiendo la moda, está defendiendo soberanía funcional

El informe de 2025, leído desde 2026, merece atención por una razón sencilla: intenta evitar que la próxima generación de infraestructuras financieras se construya con una confusión de base entre innovación de producto e infraestructura monetaria. El BIS acepta buena parte del diagnóstico de los innovadores: los pagos transfronterizos son torpes, la conciliación consume recursos absurdos, los mercados de valores tienen fricciones evitables y la programabilidad abre posibilidades reales. Pero rechaza la conclusión maximalista de que por eso debamos desplazar el ancla monetaria hacia instrumentos privados.

Esa es la tesis fuerte. Y, francamente, tiene más sustancia que muchos debates binarios entre “tradfi” y “cripto” que llevan años consumiendo oxígeno. El sistema puede modernizarse bastante sin tirar por la borda la lógica de liquidación final en dinero del banco central. Más aún: para el BIS, solo será una modernización sistémicamente creíble si conserva esa lógica.

Hay una ironía útil en todo esto. Durante años, parte del discurso cripto sostuvo que la banca y los bancos centrales terminarían copiando sus innovaciones. En cierto sentido, eso está ocurriendo: tokenización, programabilidad, activos digitales, nuevas infraestructuras. Pero con una diferencia decisiva. La copia no viene acompañada de la renuncia al centro institucional del sistema. Se adoptan herramientas; no la ideología entera.

Para responsables de cumplimiento, CISOs, equipos de arquitectura y negocio en banca, la conclusión práctica no es “lanzar un token”. La conclusión es bastante menos glamourosa y bastante más útil: prepararse para un mundo en el que la programabilidad financiera será compatible con exigencias más duras de resiliencia, auditabilidad, control de terceros, protección de datos e integridad del sistema. Quien siga viendo esto como una cuestión de laboratorio está mirando por el retrovisor.

El dinero de próxima generación, si llega como lo imagina el BIS, no se parecerá a una rebelión contra el sistema. Se parecerá a una reingeniería profunda del sistema por parte de quienes ya controlan sus cimientos. Y eso, para algunos evangelistas de la desintermediación, debe de ser una noticia bastante menos romántica de lo que esperaban.