Imagen generada por IALa cifra que deja el informe de Prosegur Cybersecurity es difícil de ignorar: el 22,5% de las brechas de seguridad registradas en España durante 2025 involucró a terceros o proveedores. El dato desplaza el centro de gravedad del incidente. Ya no basta con preguntar si la empresa protegió correctamente su red; hay que averiguar qué podía hacer un proveedor dentro de ella, qué datos manejaba y cuánto tardó en avisar.
Hay, eso sí, una precisión editorial que conviene hacer antes de sacar conclusiones. El titular difundido por Cybersecurity News ES habla de un “aumento del 22,5%”, mientras que el contenido disponible del informe describe que el 22,5% de las brechas “involucraron a terceros o proveedores”. No son la misma magnitud: la primera expresa crecimiento interanual; la segunda, una proporción del total de incidentes. Sin el informe completo o una serie histórica que permita comprobarlo, no es responsable convertir una proporción en una tasa de aumento.
La diferencia no rebaja el problema. Lo hace más concreto. Si casi una de cada cuatro brechas tiene relación con un tercero, la gestión de proveedores deja de ser una función administrativa de compras y pasa a ser un control de seguridad. La pregunta incómoda para cualquier CISO es sencilla: ¿cuántos de sus proveedores podrían causar un incidente grave sin que el equipo interno pueda detectar, contener o investigar el acceso?
La dependencia tecnológica se ha fragmentado. Una organización puede contratar un proveedor de nube, un integrador que administra sus identidades, una empresa de soporte para sus sistemas industriales, un proveedor de software como servicio y un subcontratista que opera desde otra jurisdicción. Cada contrato puede parecer razonable por separado. El riesgo aparece en la suma.
El tercero puede alojar información, administrar credenciales privilegiadas, conectar redes, desplegar código, operar un sistema de pagos o acceder a entornos industriales. También puede depender de sus propios proveedores, que rara vez reciben la misma atención durante el proceso de homologación. Así se forma una cadena de subcontratación en la que la entidad cliente conoce al proveedor principal, pero no siempre conoce quién mantiene el componente que realmente falla.
Los ataques a la cadena de suministro no necesitan adoptar la forma cinematográfica de una intrusión directa. Pueden producirse mediante credenciales robadas a un proveedor, una actualización comprometida, una dependencia de software vulnerable, una mala configuración en una consola de administración o un acceso remoto que nunca fue revocado. El resultado operativo es parecido: el atacante entra por una relación legítima y el control perimetral pierde parte de su sentido.
Por eso el porcentaje atribuido a terceros tiene más valor como señal de diseño que como simple estadística. Indica que la superficie de ataque de una compañía no coincide con sus activos propios. Incluye también los sistemas que no administra, las identidades que no emite y los cambios de software que no aprueba directamente.
Antes de desplegar cuestionarios y pedir certificados, hay que resolver un problema básico de inventario. “Proveedor” no puede significar únicamente una empresa con contrato vigente. Debe incluir, como mínimo, a quien procesa datos, opera infraestructura, presta soporte remoto, mantiene software, suministra componentes tecnológicos o puede acceder a información y sistemas críticos.
El inventario útil no es una hoja con nombres y fechas de renovación. Debe vincular cada tercero con los activos, procesos y privilegios que puede afectar. Un proveedor que consulta un buzón corporativo no tiene el mismo perfil que otro que administra el directorio de identidades; un servicio de monitorización no equivale a una plataforma que puede desplegar código en producción.
Una clasificación práctica debería responder a cinco preguntas:
El resultado debe ser un mapa de dependencias, no una colección de documentos de compras. Ese mapa permite distinguir entre un proveedor crítico, uno relevante y uno sustituible. También permite detectar una concentración que los cuestionarios suelen ocultar: varios servicios aparentemente independientes pueden depender de la misma nube, del mismo integrador o del mismo proveedor de identidad.
Para las entidades financieras europeas, la noticia encaja directamente con las obligaciones de DORA. El Reglamento (UE) 2022/2554 es aplicable desde el 17 de enero de 2025 y su artículo 28 exige que las entidades gestionen el riesgo asociado a terceros proveedores de servicios de tecnologías de la información y la comunicación. No es una cláusula decorativa. El consejo y la dirección siguen siendo responsables de que la dependencia tecnológica se conozca y se controle aunque la operación se haya externalizado.
El artículo 28 exige, entre otras cuestiones, mantener un registro de información sobre los acuerdos contractuales relativos a servicios ICT. Ese registro debe permitir a la entidad y a la autoridad competente entender quién presta el servicio, qué función soporta, qué nivel de criticidad tiene y qué dependencias existen. Si el inventario de proveedores está repartido entre compras, tecnología, riesgos y las filiales, la dificultad no será jurídica: será demostrar que la información es completa y coherente.
El artículo 30 baja el requisito al contrato. Los acuerdos con proveedores ICT deben recoger elementos como la descripción clara de los servicios, los niveles de servicio, las obligaciones de seguridad, la asistencia durante incidentes, los derechos de auditoría y las condiciones de terminación. Para servicios que soportan funciones críticas o importantes, el margen de tolerancia es todavía menor: la entidad necesita poder acceder a la información, auditar los controles y cooperar con el proveedor durante una crisis.
La aplicación práctica tiene una consecuencia que muchas organizaciones siguen tratando como una cuestión comercial: una cláusula de auditoría que no puede ejercerse no es un control, sino una promesa. Si el proveedor solo ofrece un informe genérico de aseguramiento, no permite pruebas independientes y no informa de subcontratistas, la entidad quizá tenga un documento, pero no necesariamente evidencia de resiliencia.
DORA también obliga a mirar la concentración. El artículo 29 contempla la estrategia frente al riesgo de concentración de proveedores ICT. Tener varios contratos no equivale a tener redundancia si todos descansan sobre la misma infraestructura subyacente. La pregunta que debe hacerse el comité de riesgos no es cuántos proveedores tiene, sino cuántos caminos reales existen para continuar operando si uno de ellos desaparece o queda comprometido.
El régimen de DORA añade un elemento que cambia la conversación: los proveedores ICT considerados críticos pueden quedar sujetos a supervisión directa por las autoridades europeas de supervisión, conforme a los artículos 31 y siguientes. Eso no traslada la responsabilidad de la entidad financiera al proveedor. La entidad sigue necesitando su evaluación propia, sus pruebas, sus registros y su capacidad de salida.
Fuera del sector financiero, la Directiva NIS2 coloca la seguridad de la cadena de suministro dentro de las medidas mínimas de gestión del riesgo. El artículo 21 exige a las entidades esenciales e importantes adoptar medidas técnicas, operativas y organizativas proporcionadas para gestionar los riesgos que amenazan sus sistemas y redes. Entre ellas figura expresamente la seguridad de la cadena de suministro, incluida la relación entre la organización y sus proveedores directos de servicios o productos.
El artículo 21 no pide que una empresa convierta a cada proveedor en una copia de sí misma. Pide un enfoque basado en el riesgo: políticas de análisis de riesgos, gestión de incidentes, continuidad, seguridad de adquisiciones, desarrollo y mantenimiento, evaluación de la eficacia de las medidas y uso de criptografía cuando proceda. La cadena de suministro no puede quedar como una excepción al sistema de control general.
La dirección tampoco puede esconderse detrás del departamento técnico. El artículo 20 de NIS2 atribuye a los órganos de dirección la aprobación y supervisión de las medidas de ciberseguridad, además de exigir formación. Cuando un proveedor crítico deja una organización sin servicio, la discusión sobre quién firmó el contrato llega tarde. La pregunta regulatoria será quién conocía la dependencia y qué controles había aprobado.
En materia de incidentes, el artículo 23 de NIS2 establece una notificación inicial en un plazo de 24 horas desde que la entidad tenga conocimiento de un incidente significativo, seguida de una notificación más completa en 72 horas y de un informe final, salvo que los Estados miembros concreten ciertos detalles de aplicación. Si el incidente empieza en un proveedor, el reloj no se detiene mientras el cliente espera un informe legalmente perfecto. Los contratos deben exigir avisos tempranos y datos operativos suficientes para que la entidad pueda valorar el impacto.
Ese punto suele fallar en la práctica. Un proveedor comunica que ha detectado “actividad anómala”, pero no aporta alcance, sistemas afectados ni medidas de contención. El cliente sabe que algo ocurre, pero no puede decidir si debe notificar, aislar conexiones o activar continuidad. La obligación regulatoria está en la entidad; la información crítica, muchas veces, está en manos de otra empresa.
La relación con terceros también tiene una dimensión de privacidad. El artículo 28 del GDPR exige que el responsable del tratamiento recurra únicamente a encargados que ofrezcan garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. El contrato debe fijar, entre otros extremos, el objeto y la duración del tratamiento, el tipo de datos, las categorías de interesados y las obligaciones del encargado.
El artículo 32 obliga a responsable y encargado a aplicar medidas adecuadas al riesgo. No basta con que el proveedor tenga una certificación. Hay que entender si cifra los datos, cómo gestiona las claves, qué controles de acceso utiliza, cómo registra la actividad y qué capacidad tiene para restaurar la disponibilidad tras un incidente.
La obligación más tangible aparece en el artículo 33: el responsable debe notificar una violación de seguridad a la autoridad de control sin dilación indebida y, cuando sea posible, dentro de las 72 horas desde que tiene constancia. El encargado debe informar al responsable sin dilación indebida después de haber tenido conocimiento de la violación. Una cláusula que diga simplemente “el proveedor notificará cualquier incidente” no resuelve el problema. El contrato debería exigir un canal disponible 24 horas, información mínima inicial, actualizaciones periódicas y cooperación durante la investigación.
También hay que distinguir entre una interrupción de servicio y una violación de datos personales. La primera puede afectar a la disponibilidad; la segunda puede implicar confidencialidad, integridad o disponibilidad de datos personales. Un proveedor que informa de una caída sin aclarar si hubo acceso no autorizado obliga al cliente a investigar bajo presión. Esa ambigüedad no es neutral: consume el tiempo de las 72 horas.
El artículo 34 del GDPR añade la comunicación a los afectados cuando la violación entrañe un alto riesgo para sus derechos y libertades. La entidad no puede preparar una comunicación adecuada si no sabe qué datos se vieron afectados, durante cuánto tiempo y qué medidas tomó el proveedor. La gestión contractual debe anticipar esa necesidad, no descubrirla durante una crisis.
La dependencia no termina en el proveedor que factura directamente. El software moderno incorpora bibliotecas, componentes de código abierto, servicios de terceros y actualizaciones automáticas. Una vulnerabilidad en una dependencia puede alcanzar miles de organizaciones sin que exista una relación comercial directa entre el fabricante del componente y el usuario final.
El Cyber Resilience Act, Reglamento (UE) 2024/2847, introduce obligaciones para productos con elementos digitales. Su calendario importa en 2026: las obligaciones de notificación de vulnerabilidades explotadas activamente y de incidentes graves empiezan a aplicarse el 11 de septiembre de 2026, mientras que las obligaciones principales para fabricantes, importadores y distribuidores se aplican el 11 de diciembre de 2027. No es una razón para esperar a 2027. Las entidades que compran tecnología necesitan desde ahora saber quién mantiene el producto, cómo recibe actualizaciones y qué ocurre cuando termina el soporte.
El CRA exige a los fabricantes abordar la ciberseguridad durante el ciclo de vida del producto, gestionar vulnerabilidades y proporcionar información relevante. Para el comprador, la consecuencia práctica es que la homologación debe dejar de limitarse a revisar funcionalidades y precio. Hay que pedir periodo de soporte, proceso de divulgación de vulnerabilidades, tiempos de corrección, formato de avisos y capacidad para identificar versiones afectadas.
El problema aparece cuando el área de compras selecciona una solución por su integración y el equipo de seguridad descubre después que no hay exportación de logs, autenticación multifactor para administradores o un mecanismo razonable de reversión. La dependencia ya está creada y negociar controles en ese momento cuesta más. A veces resulta imposible.
La respuesta no consiste en enviar un cuestionario más largo. Consiste en conectar cuatro decisiones que suelen vivir separadas: adquisición, arquitectura, seguridad y continuidad.
La criticidad debe calcularse a partir del impacto y del privilegio. Un proveedor pequeño con acceso al directorio corporativo puede ser más peligroso que un proveedor grande que solo entrega material de oficina. Para cada relación conviene registrar identidades, interfaces, datos, entornos, cuentas de servicio, conexiones remotas y capacidades de cambio.
Las cuentas privilegiadas requieren controles específicos: autenticación multifactor resistente al phishing cuando sea viable, acceso temporal, grabación o registro de sesiones, revisión periódica y revocación automática al terminar el contrato o cambiar de función. Si el proveedor mantiene una cuenta permanente compartida, la investigación posterior puede quedarse sin atribución individual. Eso no es una incomodidad forense; es una limitación de control.
Un certificado puede ser útil, pero no demuestra que el control funciona en el entorno concreto del servicio contratado. La evaluación debe combinar documentación, entrevistas técnicas, pruebas y seguimiento de hallazgos. Para un proveedor crítico, la entidad debería poder revisar al menos los resultados de pruebas de continuidad, gestión de vulnerabilidades, restauración de copias, control de accesos y respuesta a incidentes.
La evidencia debe tener fecha, alcance y responsable. “Tenemos un plan de recuperación” aporta poco si no se conoce cuándo se probó, qué dependencia cubría, cuánto tardó la restauración y qué fallos se encontraron. La diferencia entre cumplimiento documental y resiliencia operativa suele aparecer en la primera prueba de recuperación.
El contrato debe definir qué se considera incidente notificable, quién puede recibir avisos, qué información mínima debe incluir el primer mensaje y con qué frecuencia se actualizará. También debe permitir el acceso de los investigadores, la preservación de evidencias y la coordinación con autoridades cuando proceda.
El primer aviso no necesita responder a todas las preguntas. Sí debe permitir tomar decisiones. Como mínimo debería indicar el servicio afectado, la hora de detección, la naturaleza conocida del evento, las medidas de contención, las posibles categorías de datos o sistemas afectados y el contacto operativo disponible.
La portabilidad no se demuestra porque el contrato use la palabra “exportación”. Hay que comprobar qué datos pueden recuperarse, en qué formato, con qué metadatos y en cuánto tiempo. También hay que saber si las aplicaciones funcionarían en otro entorno y si las claves criptográficas están bajo control del proveedor.
En servicios críticos, la estrategia de salida debe incluir dependencia de subcontratistas, personal especializado, licencias, DNS, identidades y conectividad. Una migración que solo contempla copiar bases de datos puede dejar fuera los elementos que hacen funcionar realmente el servicio. La nube no elimina el riesgo de salida; lo convierte en una cuestión de arquitectura y contrato.
El cuestionario anual es la herramienta favorita de las organizaciones que quieren demostrar actividad sin cambiar demasiado. Sirve para recoger información inicial. No sirve para controlar una dependencia que cambia cada semana.
Tampoco funciona pedir el mismo nivel de documentación a todos los proveedores. Esa práctica agota a los equipos y produce ruido. El análisis debe ser proporcional: controles reforzados para quienes manejan funciones críticas, acceso privilegiado o datos sensibles; controles más ligeros para relaciones de bajo impacto. Proporcional no significa permisivo. Significa dedicar la atención donde una decisión equivocada puede interrumpir el negocio.
Otra ficción frecuente es que una certificación resuelve la evaluación. Una certificación tiene alcance, fecha y límites. Puede no cubrir el servicio concreto, la región donde se procesan los datos, los subcontratistas o la configuración de la instancia del cliente. Pedir el documento sin leer su declaración de aplicabilidad es una forma sofisticada de no saber nada.
Finalmente, no basta con exigir “cumplimiento normativo”. DORA, NIS2 y GDPR no crean una garantía automática porque aparezcan en el contrato. Cada régimen asigna obligaciones distintas y la entidad necesita traducirlas a controles observables. El proveedor debe saber qué debe hacer, el cliente debe poder comprobarlo y ambos deben haber ensayado qué ocurre cuando el control falla.
El número de cuestionarios completados mide trabajo administrativo. No mide reducción del riesgo. Un cuadro de mando útil debería mostrar, por ejemplo, qué porcentaje de proveedores críticos tiene acceso privilegiado con MFA, cuántos han probado recuperación en el último año, cuántos notifican incidentes dentro del plazo contractual, qué hallazgos siguen abiertos y cuántos dependen del mismo proveedor subyacente.
También conviene medir la concentración por servicio y por infraestructura. Si el 80% de las aplicaciones esenciales depende de un único proveedor de identidad, la organización tiene una concentración relevante aunque mantenga contratos con veinte empresas. Si tres proveedores utilizan la misma región cloud y la misma red de distribución, el supuesto de diversificación puede ser ilusorio.
El indicador más revelador suele ser el tiempo que tarda la organización en responder a una pregunta aparentemente simple: “¿Qué sistemas y datos puede alcanzar este proveedor ahora mismo?”. Si la respuesta exige semanas de consultas a compras, TI y filiales, el inventario no está preparado para una crisis ni para una auditoría.
El 22,5% comunicado para España durante 2025 no demuestra por sí solo qué técnica utilizaron los atacantes, qué sectores fueron más afectados ni qué parte de los incidentes se debió a una vulnerabilidad del proveedor frente a un error de configuración del cliente. Esas limitaciones importan. Un porcentaje sin denominador, metodología y desglose sectorial no permite calcular una probabilidad individual ni comparar entidades.
Pero tampoco hace falta una falsa precisión para extraer una conclusión operativa. La dependencia de terceros ya es suficientemente material como para integrarla en el registro de riesgos, las pruebas de continuidad, los contratos y los ejercicios de respuesta. DORA lleva aplicándose desde enero de 2025; NIS2 exige controles de cadena de suministro; GDPR mantiene el reloj de 72 horas; y el CRA ha empezado a activar en septiembre de 2026 parte de sus obligaciones de notificación. La regulación no está esperando a que las organizaciones terminen de ordenar sus hojas de cálculo.
La cuestión decisiva para 2026 es si la empresa considera al proveedor una extensión controlada de su operación o un agujero que aparece cuando algo falla. Si la respuesta es lo segundo, el siguiente incidente no será solo un problema del proveedor. Será la prueba de que la organización externalizó el servicio, pero no la responsabilidad.
Nota editorial
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