Imagen generada por IALa Comisión Europea ha puesto fecha a una conversación que el sector financiero llevaba meses intentando provocar: el 27 de octubre de 2026, Bruselas reunirá a representantes invitados para discutir si las exigencias de resiliencia digital están calibradas para todas las entidades o si DORA ha acabado aplicando el mismo metro a organizaciones con riesgos muy distintos.
La reunión estará presidida por Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros y de la Unión de Ahorros e Inversiones, y tendrá lugar entre las 14:30 y las 17:30 horas en Bruselas. La agenda incluye dos sesiones: una sobre el Reglamento de Mercados de Criptoactivos —MiCA— y otra sobre las reglas europeas de ciberresiliencia financiera, con DORA como pieza central.
No es todavía una reforma normativa. Tampoco una suspensión de obligaciones. La Comisión promete escuchar experiencias prácticas, identificar cargas administrativas y publicar posteriormente un resumen de las conclusiones junto con la lista de organizaciones participantes. Pero el mensaje político sí es relevante: Bruselas está abriendo la puerta a revisar cómo se aplica DORA, y la palabra que dominará la discusión será proporcionalidad.
La ironía es que DORA ya contiene proporcionalidad. El artículo 4 exige que las entidades apliquen los requisitos teniendo en cuenta su tamaño, perfil general de riesgo y naturaleza, escala y complejidad de sus servicios, actividades y operaciones. Si la Comisión vuelve a preguntar si hace falta “más proporcionalidad”, el problema no parece estar solo en el texto legal. Está en la distancia entre lo que permite el reglamento y lo que las entidades, sus auditores y sus supervisores consideran defendible en la práctica.
La iniciativa llega después de que DORA haya dejado de ser un proyecto de cumplimiento y se haya convertido en una disciplina operativa diaria. El Reglamento (UE) 2022/2554 empezó a aplicarse el 17 de enero de 2025. Desde entonces, las entidades financieras incluidas en su artículo 2 han tenido que trabajar con un marco que abarca gobierno y control interno, gestión del riesgo TIC, notificación de incidentes, pruebas de resiliencia y dependencia de terceros tecnológicos.
La Comisión no ha anunciado en la convocatoria ningún cambio concreto en fechas, obligaciones o sanciones. Por tanto, una entidad no puede interpretar el diálogo del 27 de octubre como una señal para aplazar controles, renegociar calendarios internos o rebajar el nivel de evidencia que conserva. Hasta que se apruebe una modificación legal o se publique una instrucción vinculante de la autoridad competente, DORA sigue siendo aplicable tal como está.
Este matiz importa especialmente a bancos, aseguradoras, empresas de servicios de inversión, entidades de pago, entidades de dinero electrónico, infraestructuras de mercado y proveedores de servicios de criptoactivos. El alcance exacto depende de la categoría regulatoria y de las exclusiones del artículo 2, pero el punto operativo es sencillo: la conversación sobre simplificación no altera hoy el inventario de entidades obligadas.
La Comisión habla de reducir cargas administrativas y simplificar la legislación sin perder los objetivos de política pública. Esa formulación encierra la tensión real. El objetivo de DORA no es producir más documentación, sino lograr que una entidad pueda prevenir, resistir y recuperarse de una interrupción tecnológica. El cumplimiento se desvía cuando el expediente crece más deprisa que la capacidad de la organización para detectar un fallo, aislarlo y restaurar los servicios críticos.
Para un comité de dirección, la pregunta no es si DORA podría simplificarse algún día. La pregunta es qué controles son realmente críticos para la continuidad del negocio y si la entidad puede demostrarlo con una lógica de riesgo consistente. Esa distinción separa la proporcionalidad defendible del simple recorte de papeleo.
El artículo 4 de DORA no ordena tratar igual a una entidad de crédito sistémica y a una pequeña entidad con un perímetro operativo reducido. El principio permite adaptar la aplicación del reglamento a la exposición y complejidad reales. El artículo 16 va más lejos para determinadas entidades financieras pequeñas y no interconectadas: establece un marco simplificado de gestión del riesgo TIC, siempre que cumplan las condiciones previstas en el propio reglamento.
Sobre el papel, la arquitectura parece razonable. En la práctica, una entidad pequeña puede enfrentarse a tres presiones simultáneas. La primera procede del supervisor, que necesita evidencias comparables. La segunda llega de los auditores y de los consejos de administración, que prefieren un expediente amplio antes que una justificación difícil de defender. La tercera procede de los grandes proveedores tecnológicos, cuyos contratos y cuestionarios suelen estar diseñados para clientes globales, no para una cooperativa financiera con una docena de sistemas críticos.
El resultado es una paradoja: la proporcionalidad existe como principio jurídico, pero muchas organizaciones la aplican como una excepción que deben pedir permiso para utilizar. En vez de empezar por el riesgo, empiezan por la plantilla de control. Después intentan encajar sus sistemas en ella. Es la forma más cara de ser “proporcional”.
El problema también aparece en la documentación. DORA exige políticas, procedimientos, registros y pruebas, pero no convierte cada control en una obligación idéntica para todas las entidades. La entidad debe justificar por qué un control es suficiente, con qué riesgos se relaciona y quién ha aceptado el riesgo residual. Una política genérica copiada de un grupo bancario mayor puede producir más páginas, pero no necesariamente más resiliencia.
La discusión del 27 de octubre puede, por ello, acabar en varios terrenos distintos:
El último punto será especialmente delicado. Un sistema de notificación demasiado amplio genera ruido; uno demasiado estrecho oculta señales tempranas. La solución no pasa necesariamente por informar menos, sino por clasificar mejor la severidad, la duración, los servicios afectados y la dependencia tecnológica que originó el incidente.
Si la Comisión quiere identificar dónde se concentra la carga de cumplimiento, debería mirar más allá de las políticas internas. El mayor esfuerzo de muchas entidades está en traducir DORA a la relación con proveedores tecnológicos.
El artículo 28 exige que las entidades gestionen el riesgo asociado a terceros TIC como parte de su marco de gestión del riesgo tecnológico. También obliga a mantener un registro de información sobre los acuerdos contractuales con proveedores TIC. No se trata de una lista de proveedores para el departamento de compras. El registro debe permitir entender qué servicios se prestan, qué funciones soportan, qué entidades del grupo están afectadas y qué dependencias podrían generar concentración.
El artículo 30 fija elementos contractuales esenciales para los servicios TIC que soportan funciones críticas o importantes. Entre ellos están la descripción clara de los servicios, los lugares donde se procesan los datos, los requisitos de disponibilidad, integridad, seguridad y protección de datos, los derechos de acceso y auditoría, la asistencia en incidentes y las condiciones de terminación y transición. En teoría, la cláusula es negociable. En la práctica, muchos proveedores estratégicos ofrecen contratos de adhesión y una capacidad de negociación limitada.
Ahí aparece una de las peticiones más plausibles de simplificación: evitar que cada entidad repita el mismo proceso de auditoría sobre el mismo proveedor sin obtener una visión adicional del riesgo. Un banco, una aseguradora y una entidad de pago pueden pedir evidencias similares a un proveedor cloud común, mientras el proveedor responde con tres cuestionarios, cuatro anexos y ninguna mejora apreciable en el control.
Pero simplificar no significa aceptar un certificado como sustituto universal de la supervisión. Una certificación puede aportar evidencia sobre un entorno controlado, pero no responde por sí sola a preguntas como estas: ¿qué dependencia tiene la entidad de una región cloud concreta?, ¿qué ocurre si el proveedor bloquea una cuenta?, ¿cuánto tarda la restauración?, ¿se ha probado la salida?, ¿qué subcontratistas intervienen?, ¿qué datos deben permanecer en la Unión Europea?, ¿qué sucede si el proveedor cambia unilateralmente su arquitectura?
La regulación europea ha añadido una capa de supervisión directa sobre determinados proveedores TIC considerados críticos. Los artículos 31 y siguientes de DORA atribuyen esa función a las autoridades europeas de supervisión —EBA, ESMA y EIOPA— mediante el comité conjunto y el supervisor principal designado. La designación como proveedor crítico no convierte al proveedor en una entidad financiera ni traslada a Bruselas toda la responsabilidad de la entidad contratante. La entidad sigue siendo responsable de su marco de riesgo, de sus contratos y de la gestión de la relación.
La proporcionalidad tendrá que resolver una contradicción incómoda: las entidades pequeñas pueden tener menos capacidad para negociar, pero una dependencia tecnológica pequeña puede ser igual de grave si el proveedor es único, difícil de sustituir y soporta una función esencial. El tamaño del cliente no reduce automáticamente el riesgo sistémico de la dependencia.
La agenda reúne MiCA y DORA por una razón práctica. Los proveedores de servicios de criptoactivos pueden estar sujetos a ambos reglamentos, aunque cada uno responda a riesgos distintos. MiCA regula la emisión, oferta y admisión a negociación de criptoactivos y el régimen aplicable a los proveedores de servicios de criptoactivos. DORA aborda la resiliencia operativa digital de las entidades financieras cubiertas, incluidos los riesgos tecnológicos que pueden interrumpir sus servicios.
Un proveedor de servicios de criptoactivos no queda protegido frente a DORA por operar en un mercado relativamente nuevo. Su perímetro de obligaciones dependerá de su categoría y de la aplicación del artículo 2 de DORA, además de las exigencias específicas de MiCA. Una empresa puede cumplir los requisitos de autorización bajo MiCA y seguir teniendo debilidades graves en gestión de accesos privilegiados, continuidad, gestión de proveedores o respuesta ante incidentes.
Para los grupos que combinan banca, custodia, negociación de activos digitales y servicios tecnológicos, la duplicidad no es solo terminológica. Puede haber diferentes registros, controles de idoneidad, requisitos de continuidad y circuitos de notificación. La Comisión puede encontrar oportunidades de simplificación en la coordinación de plantillas y evidencias, pero no debería confundir la convergencia documental con la identidad de riesgos.
La diferencia se ve en un caso sencillo. MiCA puede exigir condiciones relacionadas con la autorización y la conducta del proveedor de criptoactivos. DORA obliga a demostrar que los sistemas que sostienen una función crítica pueden resistir una interrupción, que los incidentes se clasifican y notifican conforme a los criterios aplicables y que los acuerdos con terceros contienen derechos suficientes de control y salida. Tener una licencia no demuestra resiliencia. Tener un plan de continuidad tampoco demuestra que pueda ejecutarse.
La sesión sobre MiCA puede servir, por tanto, para discutir cargas regulatorias de entrada, duplicidades de reporting y la situación de grupos que prestan servicios transfronterizos. La sesión sobre DORA debería centrarse en la calidad de las evidencias y en la posibilidad de aplicar controles con distintos niveles de intensidad. Mezclar ambas conversaciones sin separar objetivos produciría una simplificación cosmética.
La convocatoria es por invitación, así que la mayoría de las entidades no estará sentada en la sala. Eso no impide preparar una posición útil. La mejor aportación no es decir que DORA “es demasiado exigente”. Esa frase describe una sensación, no un problema regulatorio.
Una entidad que quiera influir necesita documentar cuatro elementos. Primero, el requisito concreto que genera el coste: por ejemplo, la actualización del registro de terceros TIC del artículo 28, la negociación de derechos de auditoría del artículo 30 o la ejecución de determinadas pruebas. Segundo, el coste medible: horas internas, número de proveedores, duplicidad de cuestionarios, gasto de auditoría o tiempo de respuesta. Tercero, el riesgo que quedaría cubierto aunque se redujera la carga. Cuarto, una alternativa que preserve la información necesaria para la supervisión.
Una petición como “menos reporting” es débil. Una propuesta como “un formulario armonizado para incidentes con los mismos campos obligatorios y un umbral de materialidad común, acompañado de una obligación de conservar la trazabilidad técnica” permite discutir una solución.
Para los responsables de cumplimiento, riesgo tecnológico y seguridad, la conversación también ofrece una oportunidad de ordenar el inventario interno. El punto de partida debería ser el mapa de servicios críticos, no la carpeta de políticas. Hay que saber qué procesos sostienen pagos, liquidación, custodia, acceso de clientes, cálculo de posiciones, reporting regulatorio y atención al usuario. Después debe conectarse cada proceso con activos TIC, proveedores, datos, ubicaciones y dependencias de recuperación.
Ese mapa permite aplicar el artículo 4 con criterio. Una función con impacto limitado para el cliente y sustitución sencilla no debería recibir exactamente el mismo tratamiento que un servicio que, si falla durante varias horas, bloquea pagos o impide valorar activos. La diferencia debe estar documentada y aprobada por el nivel de gobierno adecuado; no basta con etiquetar un sistema como “bajo riesgo” porque el propietario del presupuesto quiere reducir pruebas.
También conviene separar tres tipos de evidencia que suelen confundirse:
Una política firmada prueba que una decisión fue adoptada. No prueba que el control funcione. Un informe de un proveedor prueba determinadas características de su entorno. No prueba que la entidad pueda recuperar su propio servicio. La proporcionalidad útil debe reducir la evidencia redundante, no borrar la evidencia operativa.
La Comisión puede simplificar textos y formularios, pero la aplicación diaria dependerá de las autoridades competentes y de cómo interpreten el nivel de detalle exigible. Esa capa supervisora será decisiva para evitar que el principio de proporcionalidad se convierta en una lotería geográfica.
Si una entidad con operaciones en varios Estados miembros recibe expectativas diferentes sobre el mismo control, la carga no desaparece: se duplica. Una política proporcionada para el supervisor de un país puede parecer insuficiente para otro. La Comisión debería pedir a las autoridades europeas criterios comunes, ejemplos de aplicación y explicaciones públicas que permitan distinguir entre una desviación razonada y un incumplimiento.
La cuestión afecta también a los consejos de administración. El artículo 5 de DORA sitúa en el órgano de dirección la responsabilidad última de definir, aprobar y supervisar el marco de gestión del riesgo TIC. Si el consejo aprueba una aplicación proporcional, debe conocer qué se ha simplificado, qué riesgo residual acepta y qué señales obligarían a revisar la decisión. De lo contrario, la proporcionalidad se convierte en una etiqueta administrativa sin responsable real.
En las entidades pequeñas, esa exigencia puede ser especialmente difícil. No siempre existe un CISO independiente, un equipo de riesgo tecnológico separado de TI o capacidad para revisar cada contrato con el mismo nivel de profundidad que un banco internacional. La respuesta no debería ser fingir que sí existe. Debería consistir en definir responsabilidades acumuladas, utilizar servicios especializados cuando sea necesario, establecer revisiones independientes y conservar la trazabilidad de las decisiones.
El supervisor, a su vez, debería valorar el resultado operativo. Una entidad que demuestra restauraciones periódicas, pruebas de conmutación, revisión de accesos privilegiados y capacidad de respuesta puede tener una documentación más compacta que otra con manuales impecables pero sin pruebas ejecutadas. Si la supervisión premia el volumen documental, las organizaciones optimizarán para producir documentos. Si premia la resiliencia demostrada, el comportamiento cambiará.
El diálogo puede desembocar en varias salidas. La primera sería una aclaración interpretativa: guías, preguntas frecuentes, modelos de registro y criterios de proporcionalidad más concretos sin modificar DORA. Es la opción más rápida y probablemente la más útil para las entidades que ya están operando bajo el reglamento.
La segunda sería una modificación normativa limitada. Podría ajustar obligaciones para ciertas categorías, simplificar reporting o aclarar el tratamiento de determinados proveedores. Cualquier cambio tendría que atravesar el procedimiento legislativo europeo correspondiente; no aparecerá automáticamente al día siguiente de la reunión.
La tercera sería una coordinación supervisora más intensa. Las autoridades podrían armonizar expectativas sobre pruebas, clasificación de incidentes, contratos y registros. Para muchas entidades, una interpretación común produciría más alivio que una reforma formal cuyo significado quedara abierto.
Lo que no debería cambiar es la lógica básica de DORA. El riesgo no depende únicamente del tamaño de la entidad. Una empresa pequeña puede concentrar su operación en un único proveedor cloud, una única plataforma de pagos o un único administrador con privilegios críticos. Si ese punto falla, la organización puede quedar incapacitada con rapidez. La proporcionalidad debe ajustar la profundidad y la frecuencia de los controles, no conceder inmunidad a las dependencias concentradas.
Tampoco debería utilizarse la simplificación para legitimar contratos tecnológicos sin derechos de auditoría, sin asistencia durante incidentes o sin una salida practicable. El artículo 30 no es una recomendación comercial. Es la base contractual que permite a la entidad verificar, responder y abandonar una relación cuando el riesgo ya no sea aceptable.
La reunión del 27 de octubre tendrá un resultado incierto y su resumen se publicará después del evento. La decisión interna de una entidad no debería depender de que Bruselas confirme lo que todos ya saben: los controles deben ser proporcionales al riesgo, y esa proporcionalidad debe poder explicarse.
El trabajo inmediato consiste en identificar dónde se está pagando por duplicidad sin obtener más resiliencia. Puede haber cuestionarios de proveedores que nadie utiliza, informes de auditoría que no cubren las funciones realmente críticas, pruebas de continuidad que no incluyen dependencias cloud o comités que reciben decenas de indicadores incapaces de anticipar una interrupción.
Ahí está la oportunidad. No se trata de hacer menos por sistema, sino de dejar de hacer lo que solo sirve para demostrar que se ha hecho algo. Una entidad debería poder responder, para cada control relevante, a tres preguntas: qué servicio protege, qué fallo evita o limita y qué evidencia demuestra que funciona. Si no puede hacerlo, probablemente tiene un problema de diseño, no una simple carga administrativa.
Bruselas ha abierto el debate porque DORA está entrando en su fase más incómoda: la que llega después de las políticas y antes de la madurez operativa. El sector pedirá simplificación. Los supervisores pedirán garantías. Ambos tendrán parte de razón.
La prueba será si Europa consigue reducir la burocracia sin reducir la visibilidad sobre las dependencias tecnológicas que pueden detener una entidad financiera. Si lo logra, DORA ganará legitimidad. Si no, las organizaciones seguirán produciendo expedientes cada vez más gruesos para demostrar una resiliencia que nadie ha probado realmente.
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