Imagen generada por IACarlo Comporti será el próximo presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) a partir del 1 de noviembre de 2026. El Consejo de la Unión Europea confirmó su nombramiento el 9 de octubre, según anunció la propia ESMA.
La sucesión llega en un momento poco ceremonial para el supervisor europeo. DORA ya no es una norma que las entidades puedan estudiar con calma para preparar una futura implantación: sus obligaciones son aplicables desde el 17 de enero de 2025 y la supervisión de los riesgos tecnológicos está entrando en una fase mucho más operativa. Los contratos con proveedores tecnológicos, las pruebas de resiliencia, la notificación de incidentes y el control sobre dependencias críticas ya forman parte de la conversación habitual entre supervisores, consejos de administración y responsables de riesgo.
Comporti no llega como un recién llegado a esa conversación. Desde febrero de 2022 ha sido comisario de CONSOB, el supervisor italiano de los mercados financieros, además de miembro del Board of Supervisors y del Management Board de ESMA. También ha presidido el Digital Finance Standing Committee de la autoridad europea y ha formado parte del consejo de IOSCO, donde presidió el Audit and Finance Committee. Antes trabajó en Promontory, la consultora de IBM especializada en regulación y riesgos, y fue secretario general del antiguo Committee of European Securities Regulators (CESR).
La biografía importa porque apunta a una continuidad con conocimiento interno, pero también porque coloca la supervisión tecnológica en el centro del relevo. La pregunta para los mercados europeos no es si ESMA seguirá hablando de digitalización. Eso está descontado. La cuestión es cuánto convertirá esa agenda en supervisión homogénea, exigencias sobre terceros tecnológicos y decisiones concretas para las entidades supervisadas.
Verena Ross ha ocupado la presidencia durante los últimos cinco años. Su mandato ha coincidido con una ampliación progresiva del papel de ESMA en la arquitectura financiera europea: desde la convergencia supervisora entre autoridades nacionales hasta la aplicación de nuevas reglas sobre criptoactivos, mercados digitales y resiliencia operativa.
El nombramiento de Comporti mantiene un elemento de continuidad poco habitual en los relevos regulatorios: conoce la casa desde dentro. Ha participado en sus órganos de gobierno y en uno de sus comités más directamente relacionados con tecnología financiera. Esa posición puede reducir la curva de aprendizaje institucional, pero no elimina el problema principal: ESMA tiene que coordinar criterios nacionales mientras asume responsabilidades de supervisión directa en áreas nuevas.
La autoridad europea no sustituye a CONSOB, a la CNMV española o a los demás supervisores nacionales en todas sus funciones. Su trabajo combina supervisión directa de determinadas entidades y actividades, elaboración de normas técnicas, coordinación de autoridades nacionales y vigilancia de riesgos que atraviesan fronteras. Esa estructura produce un reto conocido: una norma puede ser europea, pero la experiencia diaria de una entidad depende a menudo de la autoridad nacional que la supervisa.
La presidencia tiene, por tanto, una dimensión política y otra técnica. El presidente dirige la autoridad europea, participa en sus órganos de decisión y debe sostener una línea común entre supervisores con culturas y prioridades distintas. En materia digital, esa dificultad aumenta porque una interrupción en un proveedor de nube, un fallo de una plataforma de negociación o un incidente en una infraestructura de datos no respeta el perímetro de una sola jurisdicción.
La consecuencia más concreta para los mercados de valores está en el Reglamento (UE) 2022/2554, conocido como DORA. Su artículo 5 sitúa la responsabilidad última de la gestión del riesgo de las tecnologías de la información y la comunicación en el órgano de dirección de la entidad financiera. No se trata de delegar el problema en el departamento de tecnología ni de convertir al proveedor externo en una caja negra aceptada por contrato.
El artículo 6 exige un marco de gestión del riesgo TIC integrado en el sistema general de gestión de riesgos. Eso obliga a conectar inventario tecnológico, continuidad de negocio, seguridad, terceros, respuesta a incidentes y recuperación. Para una empresa de servicios de inversión, la pregunta ya no es únicamente si tiene una política de ciberseguridad. Debe poder demostrar qué procesos soportan la negociación, la liquidación, la custodia, la comunicación con clientes y el reporting; qué activos los sostienen; qué proveedor interviene; y cuánto tiempo puede permanecer cada servicio interrumpido.
El artículo 11 de DORA exige capacidades de respuesta y recuperación. Los planes no pueden limitarse a afirmar que existe una copia de seguridad o un contrato de soporte. Deben contemplar escenarios de degradación, pérdida de conectividad, indisponibilidad de un proveedor y recuperación priorizada de servicios críticos. La prueba incómoda es sencilla: si el proveedor principal desapareciera durante una jornada de mercado, ¿qué proceso se recuperaría primero y quién tendría autoridad para decidirlo?
DORA también regula las pruebas de resiliencia operativa digital. Los artículos 24 a 27 establecen el marco general de pruebas y el artículo 26 se ocupa de las pruebas avanzadas mediante tests de penetración basados en amenazas, conocidos como TLPT. Las entidades incluidas en el ámbito de estas pruebas deben demostrar que sus defensas se han sometido a escenarios realistas, no solo a una revisión documental. El valor supervisor estará en la calidad del alcance, la independencia de los probadores, la corrección de hallazgos y la verificación de que los remedios funcionan.
Aquí aparece una diferencia relevante entre cumplimiento formal y resiliencia real. Una entidad puede tener políticas aprobadas, un comité de riesgos y un registro de proveedores perfectamente ordenado y seguir sin saber qué ocurre cuando una dependencia tecnológica falla en mitad de una sesión de negociación. DORA intenta cerrar precisamente ese hueco.
Los artículos 28 a 30 de DORA establecen obligaciones específicas sobre el riesgo de terceros TIC. La entidad financiera conserva la responsabilidad por el cumplimiento aunque externalice el servicio. El contrato debe cubrir cuestiones como niveles de servicio, asistencia ante incidentes, derechos de auditoría, acceso a la información, cooperación con las autoridades y condiciones de salida.
En los mercados de valores, esto afecta a una cadena de proveedores mucho más amplia que el proveedor de nube que suele ocupar los titulares. Puede incluir plataformas de negociación, proveedores de datos de mercado, sistemas de identificación, servicios de mensajería, herramientas de prevención del fraude, infraestructura de liquidación, servicios de archivo y soluciones de analítica. El riesgo no se encuentra solo en el contrato con el proveedor directo. También puede aparecer en una subcontrata o en una concentración tecnológica compartida por cientos de entidades.
El artículo 29 de DORA exige que las entidades mantengan registros de información sobre sus acuerdos contractuales con proveedores TIC. Ese registro debe servir para que la entidad y el supervisor entiendan dónde están sus dependencias. Un fichero incompleto no es un problema administrativo menor: impide valorar concentraciones, identificar servicios críticos y analizar qué sucedería si un proveedor deja de prestar servicio.
El artículo 30 añade requisitos contractuales para los servicios TIC que soportan funciones críticas o importantes. Entre ellos se encuentran derechos de acceso, inspección y auditoría, obligaciones de cooperación y requisitos relacionados con la terminación del acuerdo. La redacción del contrato se convierte así en una pieza de control regulatorio. La entidad que firmó condiciones estándar sin capacidad real para auditar, obtener información o ejecutar una salida puede descubrir demasiado tarde que tenía una cláusula, pero no una estrategia de resiliencia.
La novedad institucional más significativa aparece en el artículo 31. DORA establece un marco de supervisión de los proveedores TIC considerados críticos para entidades financieras de la Unión. Las autoridades europeas de supervisión —EBA, EIOPA y ESMA— participan en este sistema y pueden ser designadas como supervisor principal de esos proveedores, según el sector y la decisión correspondiente.
Para ESMA, el asunto tiene una dificultad adicional: buena parte de la infraestructura tecnológica utilizada por las entidades de valores también puede prestar servicios a bancos, aseguradoras, gestoras o empresas de pagos. La supervisión no puede analizar cada sector como si funcionara en una isla. Una interrupción en un proveedor transversal exige coordinación entre autoridades y una imagen común de las dependencias.
ESMA describe a Comporti como un profesional con décadas de experiencia en regulación de los mercados europeos. Su trayectoria ofrece tres puntos de conexión directa con los asuntos que ocuparán la agenda de la autoridad.
El primero es su experiencia en CONSOB. Como comisario desde febrero de 2022, ha participado en la supervisión de un mercado nacional integrado en la arquitectura europea. Conoce la distancia entre una obligación aprobada en Bruselas y los problemas que aparecen cuando una entidad tiene que aplicarla en sistemas heredados, con proveedores compartidos y presupuestos limitados.
El segundo es su paso por el Digital Finance Standing Committee de ESMA, que presidió. La referencia no permite atribuirle automáticamente una política concreta, pero sí muestra que ha trabajado en los asuntos digitales de la autoridad antes de asumir la presidencia. Es una diferencia relevante frente a un candidato que tuviera que familiarizarse desde cero con la relación entre innovación, datos, infraestructuras y supervisión.
El tercero es su participación en IOSCO, donde presidió el Audit and Finance Committee. Los mercados de capitales no son únicamente europeos. Las entidades utilizan proveedores globales, operan en varias jurisdicciones y afrontan incidentes que pueden activar obligaciones regulatorias en distintos países. La coordinación internacional será necesaria cuando una plataforma, un proveedor de datos o una infraestructura cloud preste servicio a clientes situados fuera de la Unión.
También hay un elemento menos cómodo. Comporti fue CEO de Promontory Italy y COO de Promontory Europe entre 2011 y 2022, después de haber sido Directeur Général de Promontory France. Una consultora de este tipo trabaja precisamente con entidades que necesitan traducir regulación en controles, pruebas, remediación y evidencias. Esa experiencia puede ayudar a entender la ejecución real de las normas. También eleva las expectativas: el mercado esperará algo más que discursos sobre innovación responsable.
El nombramiento no crea una obligación nueva para las empresas españolas. Tampoco modifica por sí solo el calendario de DORA. Su importancia está en la dirección que puede tomar la convergencia supervisora europea, especialmente para las entidades españolas que operan con grupos transfronterizos o prestan servicios en varios Estados miembros.
Una sociedad de valores, una gestora o una infraestructura de mercado española debería poder responder hoy a cinco preguntas concretas. La primera: ¿qué servicios tecnológicos sostienen una función crítica o importante? La segunda: ¿qué proveedores intervienen directa e indirectamente? La tercera: ¿qué datos y sistemas quedarían expuestos si el proveedor sufriera un incidente? La cuarta: ¿qué derechos contractuales permiten auditar y exigir cooperación? La quinta: ¿qué salida es viable si la relación termina?
La CNMV seguirá teniendo un papel central en la supervisión nacional, pero los criterios europeos de ESMA marcarán la interpretación común en numerosos ámbitos. Para los grupos con presencia en Italia, Francia, Alemania o Irlanda, la divergencia entre supervisores nacionales puede convertirse en un coste operativo considerable. Un mismo proveedor puede recibir cuestionarios distintos, soportar calendarios diferentes y enfrentarse a expectativas de evidencia que no coinciden.
La respuesta sensata no consiste en preparar un dossier separado para cada autoridad. Consiste en construir una base de evidencias reutilizable: inventario de activos y servicios, mapa de dependencias, clasificación de funciones críticas, resultados de pruebas, incidentes notificados, decisiones de aceptación de riesgo y actas del órgano de dirección. Esa documentación debe estar conectada con el registro de contratos del artículo 29 de DORA, no archivada en carpetas independientes que nadie logra reconciliar durante una inspección.
El consejo de administración también tiene trabajo. El artículo 5 no convierte a los consejeros en administradores de sistemas, pero sí les atribuye responsabilidad sobre el marco de gestión del riesgo TIC. En la práctica, eso significa que deben recibir información que permita decidir: concentración de proveedores, tolerancias de interrupción, vulnerabilidades abiertas, resultados de pruebas y capacidad de recuperación. Una presentación con semáforos verdes y rojos no basta si no explica qué servicio dejaría de funcionar y durante cuánto tiempo.
DORA será una de las prioridades operativas, pero no la única cuestión tecnológica que Comporti encontrará sobre la mesa. ESMA participa en la evolución de la regulación sobre criptoactivos, incluida la aplicación del Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos, conocido como MiCA. La supervisión de proveedores de servicios de criptoactivos combina autorización, conducta, gobernanza, protección del cliente y riesgos tecnológicos.
La digitalización también afecta a la calidad y disponibilidad de los datos regulatorios. Los supervisores necesitan información comparable, trazable y suficientemente rápida para detectar acumulaciones de riesgo. Las entidades, por su parte, deben gestionar taxonomías, controles de calidad, linaje de datos y cambios frecuentes en los formatos de reporting. El problema no es enviar más ficheros. Es saber si el dato enviado puede defenderse cuando una autoridad pregunta de dónde salió, quién lo modificó y qué control validó su exactitud.
La inteligencia artificial añade otra capa de complejidad. Una entidad puede utilizar modelos para detectar operaciones sospechosas, clasificar clientes, optimizar ejecución o apoyar decisiones de riesgo. El supervisor no tendrá que preguntar únicamente si el modelo funciona en condiciones normales. También tendrá que conocer qué ocurre cuando los datos cambian, el modelo pierde precisión, el proveedor modifica una versión o el sistema produce una recomendación que el empleado acepta sin revisión suficiente.
Eso no significa que ESMA vaya a convertir cada herramienta de inteligencia artificial en un expediente regulatorio independiente. Significa que los controles sobre modelos, datos, proveedores, explicabilidad y supervisión humana tendrán que conectarse con el marco general de gobernanza y riesgo. En muchos casos, la frontera entre riesgo tecnológico, riesgo de conducta y riesgo operacional será más difícil de dibujar. La regulación, naturalmente, no se volverá más sencilla para compensarlo.
El primer grupo son las entidades supervisadas. Querrán saber si la nueva presidencia priorizará criterios comunes o añadirá capas de reporting. La convergencia supervisora es útil cuando reduce duplicidades; pierde valor cuando se traduce en más plantillas sin mejorar la calidad de la supervisión.
El segundo son los proveedores tecnológicos. DORA les afecta indirectamente a través de las exigencias contractuales de sus clientes y directamente cuando son designados como proveedores TIC críticos bajo el artículo 31. La supervisión puede exigir acceso a información, evaluaciones, planes de remediación y cooperación con el supervisor principal. Para un proveedor global, eso significa que la relación con el sector financiero deja de depender exclusivamente de la negociación comercial con cada cliente.
El tercer grupo son los supervisores nacionales y las instituciones europeas. Comporti ha mencionado en su declaración de aceptación la cooperación con el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y otras autoridades. La frase es institucional, pero el contenido del trabajo no lo es: la resiliencia digital requiere intercambiar información con rapidez sin crear un sistema en el que cada autoridad conserve su propia versión del incidente.
El nuevo presidente tendrá que equilibrar dos riesgos. Si ESMA deja demasiada discreción nacional, las entidades transfronterizas afrontarán una supervisión fragmentada. Si centraliza sin suficiente sensibilidad operativa, puede imponer expectativas difíciles de cumplir para entidades medianas que no tienen el presupuesto tecnológico de un gran grupo. La buena regulación no consiste en escoger entre rigor y proporcionalidad; consiste en aplicar ambos sin confundir proporcionalidad con permiso para tener controles débiles.
El nombramiento no justifica lanzar otro programa genérico de transformación digital. Sí ofrece una señal clara para revisar si la organización puede demostrar resiliencia con hechos. La primera revisión debe centrarse en el inventario de proveedores TIC y en su calidad. Si el registro no identifica subcontratación, ubicación de datos, servicios soportados y criticidad, la entidad no conoce todavía su exposición.
La segunda debe comprobar los contratos asociados a funciones críticas o importantes. Hay que localizar los derechos de auditoría, las obligaciones de notificación, los tiempos de asistencia, las condiciones de terminación y las restricciones a la subcontratación. Si una cláusula esencial depende de una renegociación futura, debe aparecer como una deficiencia abierta y no como un control completado.
La tercera debe conectar pruebas y recuperación. Los resultados de un test de penetración o de un ejercicio de continuidad solo tienen valor si generan acciones, responsables y fechas de cierre. El artículo 26 de DORA no se satisface con contratar una prueba avanzada y guardar el informe. La entidad debe poder explicar qué hallazgos afectaban a servicios críticos, qué se corrigió y qué riesgo residual aceptó el órgano competente.
La cuarta debe llevar el asunto al consejo. El artículo 5 exige que el órgano de dirección gobierne el riesgo TIC; por eso la información debe ser apta para tomar decisiones, no una descarga técnica de cientos de páginas. El consejo debería conocer, como mínimo, las dependencias tecnológicas que no tienen sustituto razonable, los servicios con mayor tiempo de recuperación, los proveedores con concentración significativa y los incidentes que podrían comprometer operaciones de mercado o datos de clientes.
La quinta debe revisar la notificación de incidentes. DORA establece un marco específico de gestión y notificación de incidentes relacionados con TIC. La entidad debe haber definido criterios de clasificación, responsables, canales de escalado y evidencias que permitan reconstruir la línea temporal. Esperar a que el incidente esté completamente entendido antes de activar el proceso puede ser incompatible con las exigencias de comunicación temprana. La precisión importa, pero también importa no perder las primeras horas.
ESMA ha presentado a Comporti como una figura con experiencia en los mercados europeos y conocimiento de la institución. Es una descripción razonable, pero el mercado medirá la presidencia por algo más difícil: si consigue que la supervisión digital sea consistente, verificable y útil cuando una dependencia tecnológica falla.
La agenda está definida por normas ya vigentes. DORA exige responsabilidad del órgano de dirección, gestión integral del riesgo TIC, pruebas, reporting de incidentes y controles sobre terceros. El artículo 31 introduce además una supervisión europea específica para proveedores tecnológicos críticos. La presidencia puede ajustar prioridades y métodos, pero no puede tratar estas obligaciones como una promesa para el futuro.
La salida de Verena Ross marca el cierre de un ciclo de cinco años. La llegada de Comporti abre otro, con una ESMA más expuesta a los problemas de infraestructura, datos, criptoactivos e inteligencia artificial que atraviesan los mercados. Para las entidades financieras, la lectura práctica es menos elegante y más útil: quien todavía esté describiendo DORA como un proyecto de compliance no ha terminado de entender que el verdadero examen ya es operativo.
Nota editorial
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