Imagen generada por IALas estafas financieras online ya no dependen solo de un delincuente persuasivo y una cuenta bancaria de destino. Dependen de una infraestructura: anuncios segmentados, sistemas de recomendación, identidades falsas, mensajería privada, contenidos generados por usuarios y herramientas de inteligencia artificial que permiten probar, escalar y corregir el fraude casi como si fuera una campaña comercial legítima.
Ese es el principal valor del estudio sobre estafas financieras online publicado por la Comisión Europea el 20 de octubre de 2026. El informe, elaborado por Open Evidence y Spark Legal and Policy Consulting, no evalúa si los proveedores cumplen o incumplen el Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Hace algo más útil para los supervisores: dibuja el mapa operativo del problema y localiza los puntos de la plataforma que pueden convertir un engaño aislado en una operación industrial.
La conclusión incómoda para las grandes plataformas es que el fraude no vive únicamente en el contenido ilegal que aparece en pantalla. También puede estar en el sistema que compra la audiencia, recomienda el mensaje, facilita el contacto, monetiza la cuenta y permite que el estafador repita la operación con otra identidad cuando la anterior cae.
Para bancos, aseguradoras, fintech y proveedores de pagos, la lectura tampoco es decorativa. El fraude originado en una plataforma suele terminar en una transferencia, un pago con tarjeta, una apertura fraudulenta de cuenta o una reclamación contra una entidad financiera. La prevención ya no puede limitarse al canal bancario. Hay que entender la cadena completa.
El estudio agrupa las estafas financieras en seis categorías: inversión, romance, comercio electrónico, empleo y colaboración, ganancias inesperadas y falsas campañas de ayuda ante desastres. La clasificación es útil porque evita el error habitual de tratar todo el fraude como una variante del phishing.
Las estafas de inversión y las románticas aparecen como las formas más comunes y de crecimiento más rápido en Europa. Su combinación es especialmente peligrosa: una persona puede ser captada mediante una relación afectiva ficticia y, después, recibir recomendaciones de inversión aparentemente personalizadas. El mismo operador puede utilizar la confianza creada en una conversación privada para presentar una plataforma de trading falsa, un supuesto fondo de criptomonedas o una oportunidad con rentabilidades garantizadas.
El fraude de inversión también se beneficia de una apariencia de legitimidad que el usuario asocia a la propia plataforma. Un anuncio con diseño profesional, una cuenta con seguidores, un vídeo de una figura pública manipulado mediante IA o una recomendación que aparece repetidamente en el feed no prueban que exista una empresa real detrás. Pero sí pueden producir una impresión de validación que el estafador no tendría fuera del entorno digital.
Las estafas de comercio electrónico funcionan con una lógica distinta: productos que no llegan, tiendas clonadas, pagos desviados, falsos servicios posventa o vendedores que desaparecen después de cobrar. Las de empleo y colaboración explotan la necesidad de ingresos y pueden pedir tasas de inscripción, anticipos, datos bancarios o la instalación de software. Las de ganancias inesperadas se apoyan en premios, herencias o reembolsos inexistentes. Las relacionadas con desastres naturales convierten una emergencia real en una oportunidad para solicitar donaciones a cuentas controladas por delincuentes.
La frontera entre categorías se está desdibujando. Un falso anuncio de empleo puede conducir a una estafa de inversión; una campaña de donaciones puede servir para recopilar datos de tarjetas; una relación romántica puede culminar en el envío de fondos a una supuesta emergencia. El fraude moderno no necesita elegir una etiqueta. Cambia de guion según la respuesta de la víctima.
La aportación regulatoria del DSA está en desplazar la mirada desde la publicación individual hacia los riesgos sistémicos de los servicios digitales. La Comisión puede exigir a las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño —VLOP y VLOSE— que evalúen y mitiguen riesgos derivados del diseño y funcionamiento de sus servicios.
El artículo 33 del DSA define estas categorías a partir del umbral de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión, sujeto a las reglas del propio Reglamento. Para esas entidades, el artículo 34 exige realizar evaluaciones de riesgos sistémicos al menos una vez al año y antes de introducir funcionalidades que puedan tener un impacto crítico. El fraude financiero encaja en esa conversación no porque cada estafa sea automáticamente un riesgo sistémico, sino porque la escala, la repetición y el diseño de ciertas funcionalidades pueden amplificar de manera significativa la exposición de los usuarios.
El artículo 34 menciona riesgos como la difusión de contenidos ilícitos, los efectos negativos sobre derechos fundamentales, los procesos democráticos, la salud pública o los menores. Una campaña coordinada de anuncios de inversión falsos puede activar varios de esos vectores a la vez: difunde actividad ilícita, utiliza datos personales para segmentar, explota vulnerabilidades de determinados grupos y puede generar pérdidas económicas masivas.
El artículo 35 obliga a las plataformas de muy gran tamaño a adoptar medidas de mitigación razonables, proporcionadas y eficaces. La palabra decisiva es “eficaces”. Publicar una política contra el fraude y mantener un botón de denuncia que nadie procesa puede satisfacer la estética del cumplimiento, pero difícilmente demuestra que el riesgo está bajo control.
El estudio de la Comisión identifica precisamente los lugares donde esa eficacia debe examinarse: sistemas de publicidad, recomendadores, moderación de contenido orgánico, monetización, tiendas de aplicaciones, mensajería privada, identidades no auténticas, manipulación de cuentas, contenido comercial engañoso y herramientas de IA generativa.
El artículo 26 del DSA exige transparencia sobre la publicidad y prohíbe determinados tipos de anuncios, incluidos los basados en categorías especiales de datos personales. El artículo 26 también obliga a identificar de forma clara que un contenido es un anuncio y a informar sobre quién lo ha colocado y, cuando proceda, en nombre de quién.
Para el fraude financiero, la pregunta operativa no es solo si el anuncio llevaba una etiqueta. Es quién pudo contratarlo, qué controles se aplicaron al anunciante, qué documentación se solicitó, qué señales de riesgo se detectaron y por qué el anuncio fue dirigido a esa audiencia.
Un proceso de “conoce a tu cliente empresarial” —KYBC, por sus siglas en inglés— puede ser una primera barrera. Pero verificar que existe una sociedad no equivale a verificar que está autorizada para ofrecer servicios de inversión, crédito, seguros o pagos. Una entidad mercantil real puede utilizarse para promocionar una actividad no autorizada. El control debe cruzar identidad corporativa, titularidad real, jurisdicción, licencias relevantes, historial de incidencias y comportamiento de la campaña.
La trazabilidad también importa. Si una plataforma retira un anuncio pero no conserva de forma adecuada sus parámetros, creatividades, cuentas vinculadas y datos de facturación, la retirada elimina la evidencia que permitiría identificar la siguiente campaña. En fraude, borrar demasiado pronto puede ser tan poco útil como no borrar.
El artículo 27 del DSA exige que los proveedores de plataformas en línea expliquen los principales parámetros utilizados por sus sistemas de recomendación y ofrezcan, en determinados casos, al menos una opción que no se base en la elaboración de perfiles. Para los VLOP y VLOSE, los sistemas de recomendación forman parte del perímetro que debe analizarse en la evaluación de riesgos del artículo 34.
La cuestión no es si el algoritmo “sabe” que una oferta es fraudulenta. Es si determinadas señales —interacción rápida, promesas de rentabilidad, contenido emocional, repetición de mensajes o crecimiento artificial de seguidores— pueden favorecer la distribución de material dañino antes de que la moderación humana intervenga.
Los recomendadores están diseñados para maximizar atención o interacción, no para actuar como un supervisor financiero. Esa diferencia explica por qué un contenido fraudulento puede rendir bien durante las primeras horas: genera comentarios, respuestas, comparticiones y conversaciones privadas. El éxito inicial alimenta la distribución. El sistema no necesita comprender la estafa para amplificarla.
Un control serio debería medir, entre otros elementos, la velocidad de propagación de campañas sospechosas, la concentración de anuncios o publicaciones en grupos vulnerables, la reutilización de creatividades, la conexión entre cuentas aparentemente independientes y el tiempo transcurrido entre la primera señal y la reducción efectiva del alcance.
El estudio describe cómo las redes criminales venden herramientas y servicios que reducen la barrera de entrada. Esto cambia la naturaleza del riesgo. El estafador no necesita dominar toda la cadena: puede comprar cuentas, plantillas, tráfico, perfiles falsos, servicios de mensajería, vídeos sintéticos o incluso soporte operativo.
La manipulación de cuentas puede incluir la creación masiva de perfiles, el uso de credenciales comprometidas, la compra de cuentas antiguas con reputación acumulada y la coordinación de interacciones para aparentar actividad orgánica. El resultado es una economía de escala. Cuando una cuenta se bloquea, la red reemplaza el activo sin detener la campaña.
La verificación de identidad tampoco es una solución universal. Puede elevar el coste del fraude, pero no elimina el uso de mulas, documentos robados, sociedades instrumentales o identidades sintéticas. La respuesta debe combinar controles de alta, análisis de comportamiento, detección de vínculos entre cuentas y revisión de cambios bruscos en el patrón de actividad.
Para las plataformas, esto plantea una tensión incómoda: pedir más datos de identidad puede reducir el anonimato abusivo, pero también aumenta el volumen de información personal almacenada y, por tanto, el impacto potencial de una brecha. El DSA no sustituye al RGPD. El artículo 26 del DSA sobre publicidad, el artículo 27 sobre recomendadores y las obligaciones de transparencia deben convivir con los principios de minimización, limitación de la finalidad y seguridad del tratamiento del RGPD, incluido su artículo 32.
La solución no consiste en recopilar todos los documentos posibles “por si acaso”. Consiste en demostrar qué dato se necesita, durante cuánto tiempo, para qué control y con qué salvaguardas. La lucha contra el fraude no concede una licencia para construir un expediente de identidad infinito.
La IA generativa permite producir más anuncios, conversaciones, voces, imágenes y vídeos con menos esfuerzo. Puede traducir mensajes, adaptar el tono a un país, responder a objeciones de una víctima y generar perfiles coherentes durante semanas. También puede crear falsos testimonios, capturas de supuestos beneficios o vídeos en los que una persona conocida parece recomendar una inversión.
Pero atribuir toda la amenaza a la IA sería una forma cómoda de no mirar el problema real. La tecnología acelera una operación cuya infraestructura ya estaba disponible: distribución publicitaria, cuentas, pagos, mensajería y monetización. El riesgo crece cuando la IA se integra en esos sistemas y no cuando aparece como una herramienta aislada.
El AI Act añade obligaciones relevantes para determinados proveedores y usos, pero no convierte cada contenido fraudulento generado por IA en un asunto exclusivo de esa norma. Para un caso concreto habrá que analizar el proveedor, el uso, la transparencia aplicable, la eventual suplantación y las obligaciones del intermediario que distribuye el material. El DSA sigue siendo central cuando el problema es la difusión y amplificación del contenido en una plataforma.
Desde el punto de vista de control, las plataformas necesitan conservar señales que permitan distinguir entre una campaña automatizada legítima y una red de fraude: velocidad de creación, similitud textual, coordinación de cuentas, patrones de respuesta, cambios de idioma, reutilización de voces o imágenes y transferencias entre dominios, perfiles y sistemas de pago. La moderación basada solo en una pieza de contenido se queda corta frente a una operación distribuida.
El estudio agrupa las contramedidas en cuatro familias. La primera es el acceso y la gobernanza de entrada: requisitos de identidad, controles de empresas, verificación de anunciantes y reglas para cuentas comerciales. Es la barrera más temprana y, bien diseñada, evita que el sistema tenga que perseguir millones de piezas de contenido después.
La segunda es la detección y retirada. Incluye herramientas automatizadas, revisión humana, análisis de redes y escalado de casos complejos. La automatización es necesaria por volumen, pero su tasa de falsos positivos importa: bloquear una cuenta legítima no tiene el mismo coste que dejar activa una red que roba fondos, y ambos errores deben medirse por separado.
La tercera son las medidas dirigidas al usuario. El artículo 16 del DSA regula los mecanismos de notificación de contenidos ilícitos. El artículo 22 introduce el concepto de informadores fiables o trusted flaggers, cuyas notificaciones deben recibir tratamiento prioritario. El artículo 20 establece mecanismos internos de reclamación para determinadas decisiones de moderación.
En materia de fraude financiero, un botón de denuncia genérico puede ser insuficiente. El usuario debería poder indicar que se trata de una inversión falsa, una suplantación, una solicitud de pago, una estafa romántica o una tienda fraudulenta. Cuanto más estructurada sea la denuncia, más útil será para correlacionar campañas y no solo para retirar una publicación individual.
La cuarta capa es la cooperación. Las plataformas necesitan canales funcionales con autoridades, entidades financieras, proveedores de pagos, registradores de dominios, tiendas de aplicaciones, organizaciones de consumidores y otras plataformas. La cooperación no significa transferir datos sin reglas. Significa definir qué información se comparte, con qué base jurídica, en qué plazo, quién valida la alerta y cómo se evita que una denuncia falsa se convierta en una herramienta de sabotaje.
Las entidades financieras no están sujetas al DSA por el mero hecho de ser bancos. Su perímetro regulatorio principal puede incluir DORA, PSD2, normas de prevención del blanqueo, reglas de protección de pagos y, según la actividad, MiCA o normativa de servicios de inversión. Sin embargo, eso no las deja fuera del problema que describe el estudio.
DORA es aplicable desde el 17 de enero de 2025 y su artículo 5 atribuye al órgano de dirección la responsabilidad última sobre el marco de gestión del riesgo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. El artículo 11 exige capacidades de detección, respuesta y recuperación; el artículo 17 regula la gestión y clasificación de incidentes relacionados con las TIC; y los artículos 28 a 30 endurecen la gestión del riesgo de terceros TIC.
Una campaña de estafa alojada en una plataforma puede convertirse para una entidad en un incidente operativo, un aumento anómalo de transacciones, un problema de suplantación o una oleada de reclamaciones. No todo fraude de cliente será automáticamente un incidente TIC notificable bajo DORA, pero el banco debe ser capaz de clasificar el hecho, identificar la causa y demostrar que sus controles de detección y respuesta funcionan.
La respuesta práctica pasa por conectar inteligencia de fraude, seguridad, operaciones de pagos, atención al cliente y asuntos regulatorios. Si el equipo antifraude detecta cientos de transferencias a beneficiarios vinculados a una campaña en redes y esa información no llega al equipo que gestiona incidentes o a la función de riesgo operacional, la entidad está viendo solo una parte del ataque.
También conviene registrar evidencias externas: URL, identificadores de anuncios, nombres de cuentas, capturas con fecha y hora, dominios, teléfonos, direcciones de wallets, cuentas receptoras, mensajes de contacto y vínculos entre campañas. Esa información puede ser necesaria para solicitar retiradas, coordinar bloqueos, responder a reclamaciones y colaborar con autoridades. La evidencia debe recogerse respetando el RGPD y las políticas internas de conservación; almacenar pantallazos sin contexto no construye una cadena probatoria sólida.
Para las entidades españolas, la noticia tiene una consecuencia concreta: muchas campañas que parecen un problema de moderación terminan siendo un problema de pagos. El usuario descubre el anuncio en una red social, conversa por una aplicación de mensajería, envía dinero desde su banco y reclama cuando el supuesto intermediario desaparece.
La entidad no controla el anuncio original, pero sí puede detectar señales en la fase final: beneficiarios recién creados, transferencias repetidas a cuentas con patrones compartidos, importes que aumentan después de una primera operación pequeña o conceptos que no encajan con el perfil del cliente. Las señales no prueban por sí solas una estafa, pero permiten introducir fricción antes de que la pérdida sea irreversible.
La coordinación con plataformas debe evitar un enfoque puramente reactivo. Si cada banco reporta casos de forma aislada, la plataforma puede ver cientos de incidentes pequeños en lugar de una misma red. Los canales sectoriales, las autoridades competentes y los proveedores de pagos pueden aportar la visión agregada que falta en cada expediente individual.
La prevención también debe reflejar la ingeniería social. Preguntar al cliente si “conoce al destinatario” puede ser inútil cuando la víctima cree que está pagando a un bróker autorizado o a su pareja. Las advertencias más eficaces se refieren al comportamiento concreto: rentabilidad garantizada, urgencia, solicitud de instalar una aplicación, presión para mantener la conversación en un canal privado o petición de realizar varias transferencias para desbloquear una retirada.
El estudio es valioso, pero no es una sentencia contra ninguna plataforma ni una medición de cumplimiento. La propia Comisión indica que fue encargado en 2025 para apoyar sus tareas de supervisión y aplicación del DSA y que no evalúa el cumplimiento de los proveedores de VLOP y VLOSE. Esa cautela importa.
Mapear una contramedida no demuestra que funcione. Una plataforma puede disponer de un sistema de detección sofisticado y aun así tardar demasiado en actuar, retirar una cuenta pero no sus perfiles asociados o bloquear el anuncio sin cortar la mensajería que mantiene activa la estafa. La eficacia debe medirse con resultados y no con el número de políticas publicadas.
También queda abierta la cuestión de la transparencia. El artículo 37 del DSA prevé auditorías independientes para los VLOP y VLOSE, mientras que el artículo 40 establece condiciones para el acceso de investigadores a datos. Sin acceso suficiente a datos sobre alcance, reincidencia, tiempos de retirada, cuentas vinculadas y resultados de las reclamaciones, será difícil comprobar si las evaluaciones de riesgo del artículo 34 describen el problema o simplemente lo maquillan.
La regulación tampoco puede resolver por sí sola la fragmentación transfronteriza. Una red puede anunciarse desde un país, alojar su infraestructura en otro, utilizar una empresa pantalla de un tercero y recibir pagos en una cuarta jurisdicción. El DSA ofrece herramientas de supervisión dentro de la Unión, pero la investigación penal, la recuperación de fondos y la identificación de los operadores requieren cooperación adicional.
La pregunta no es cuántas publicaciones fraudulentas retira una plataforma. Es cuántos pasos necesita una red criminal para volver a operar después de una retirada.
Un control maduro debería responder, con datos, a cuestiones muy concretas:
Estas métricas no sustituyen a una evaluación de riesgos, pero obligan a conectar el diseño del producto con el resultado. Si una plataforma mide únicamente retiradas, puede mejorar la cifra creando más retiradas pequeñas mientras una misma red sigue captando víctimas por mensajería privada.
El informe de la Comisión llega en un momento en que el debate sobre fraude digital suele dividirse artificialmente entre “contenido” y “pagos”. La estafa empieza antes del pago y termina después de que la víctima pulse confirmar. Entre ambos extremos hay decisiones de diseño que pueden observarse, auditarse y modificarse.
Para los VLOP y VLOSE, el DSA ofrece una base jurídica para examinar esa cadena mediante los artículos 26, 27, 33, 34, 35, 37 y 40. Para las entidades financieras, DORA exige que la resiliencia operativa y la gestión de incidentes no se queden en el centro de datos. Para el RGPD, el reto es que el intercambio de señales contra el fraude sea necesario, proporcional y seguro.
La mejor respuesta no será una única herramienta de IA, un nuevo botón de denuncia ni una campaña de concienciación con consejos genéricos. Será una arquitectura de controles que conecte identidad, publicidad, recomendación, moderación, pagos, evidencia y cooperación. La ironía es que las plataformas ya poseen buena parte de los datos necesarios para hacerlo. Lo que falta, con demasiada frecuencia, es tratarlos como piezas de una misma amenaza y no como departamentos estancos.
El estudio no cierra ese debate. Sí deja claro dónde mirar: en los mecanismos que convierten una mentira en alcance, el alcance en confianza y la confianza en una transferencia. Ahí es donde la supervisión del DSA tendrá que demostrar si puede hacer algo más que pedir a las plataformas que retiren el anuncio después de que la víctima haya pagado.
Nota editorial
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