Imagen generada por IAUn incidente grave no empieza cuando alguien abre el portal del Banco de España. Empieza mucho antes: cuando una entidad decide si lo ocurrido alcanza los umbrales de DORA, identifica quién tiene autoridad para comunicarlo y reúne datos suficientes para enviar un primer informe sin esperar a conocer toda la historia.
La guía publicada por el Banco de España el 20 de febrero de 2025 —versión 1.0— baja esa obligación a tierra. Explica cómo deben notificar las entidades financieras españolas los incidentes graves relacionados con las TIC, los incidentes operativos o de seguridad vinculados con pagos y las ciberamenazas importantes. El canal no es una abstracción regulatoria: es el portal ITW del supervisor, con autenticación, confirmación de recepción, seguimiento del estado e identificación posterior del incidente.
En 2026, la guía sigue siendo relevante por una razón sencilla: DORA ya no es una obligación futura ni una conversación de comité. El Reglamento (UE) 2022/2554 resulta aplicable desde el 17 de enero de 2025 y la notificación de incidentes exige coordinar al SOC, el equipo de respuesta, cumplimiento, operaciones de pagos, dirección y, cuando corresponda, a un tercero que actúe en nombre de la entidad. Un fallo en cualquiera de esas interfaces puede convertir una intrusión técnicamente contenida en un problema regulatorio adicional.
La lección menos cómoda de la guía es también la más útil: informar no equivale a tener un informe perfecto. DORA articula un proceso incremental. La entidad envía un informe inicial, lo completa con uno intermedio y lo cierra con uno final. Si la clasificación cambia, existe incluso la posibilidad de comunicar que el incidente deja de considerarse grave. El regulador no pide adivinación; pide control, criterio documentado y capacidad de actualizar la información.
El Banco de España dirige el documento a las entidades de crédito, entidades de pago —incluidas las entidades de pago exentas conforme a la Directiva (UE) 2015/2366—, proveedores de servicios de información sobre cuentas y entidades de dinero electrónico. También contempla a los proveedores terceros a los que una entidad haya externalizado la obligación de notificar.
Ese último punto merece más atención de la que suele recibir. Externalizar la preparación o el envío no externaliza la responsabilidad de gobernar el proceso. La entidad sigue necesitando saber qué información se ha remitido, cuándo, por quién, con qué clasificación y qué hechos permanecen pendientes de confirmar. Si el proveedor comunica tarde, emplea una plantilla incorrecta o interpreta de forma distinta la gravedad, el problema no desaparece porque figure en un contrato.
La guía encaja con tres piezas normativas que conviene leer juntas:
La propia guía remite además al Reglamento Delegado (UE) 2025/301, sobre el contenido y los plazos de las notificaciones, y al Reglamento de Ejecución (UE) 2025/302, sobre formularios, plantillas y procedimientos normalizados. Por eso no basta con leer las instrucciones del portal. El portal explica el trámite; los reglamentos determinan qué debe notificarse, cuándo y con qué contenido.
Aquí está el quid. Una entidad puede completar correctamente un fichero y aun así haber tomado mal la decisión anterior: clasificar como no grave un incidente que sí superaba los criterios, esperar a tener la causa raíz antes de enviar el primer informe o tratar una interrupción de pagos como un asunto puramente tecnológico. La calidad del proceso depende tanto del formulario como de la decisión de activarlo.
El informe de incidente no es un documento único que se redacta de una vez y se archiva. La guía lo define como un proceso materializado mediante una plantilla que se cumplimenta de forma incremental. Esa plantilla incluye tres tipos de informe:
La plantilla contempla también la posibilidad de informar de que el incidente se reclasifica como no grave. Esto evita una trampa frecuente en los sistemas de compliance: tratar la primera evaluación como una sentencia irreversible. La clasificación puede cambiar cuando aparecen datos nuevos, cuando el impacto finalmente queda por debajo de los criterios regulatorios o cuando una hipótesis inicial resulta incorrecta.
La consecuencia operativa es clara. El registro interno del incidente debe conservar la evolución de la clasificación, no solo la etiqueta final. Si el SOC lo consideró inicialmente grave y después dejó de serlo, la entidad debe poder explicar qué información provocó el cambio y quién lo aprobó. Si ocurrió al revés, deberá demostrar cuándo cruzó el umbral y por qué se activó la notificación en ese momento.
Un informe incremental exige una arquitectura de datos preparada para versiones. Los campos del formulario no pueden depender de que una persona reconstruya los hechos desde correos, tickets y mensajes de emergencia. Conviene mantener, como mínimo, una línea temporal con hora de detección, hora de clasificación, hora de escalado, hora de decisión, hora de envío y hora de cada actualización. También debe quedar registrado el origen de los datos: SIEM, sistema de pagos, proveedor cloud, centro de operaciones, entidad corresponsal o equipo forense.
La guía del Banco de España se centra en el procedimiento de notificación, pero su lectura deja una conclusión práctica: el incidente no se remite al supervisor porque “parece serio”. Se remite cuando la aplicación de los criterios de clasificación produce ese resultado.
El Reglamento Delegado (UE) 2024/1772 es la referencia para esa clasificación. La evaluación debe conectar los hechos técnicos con sus efectos sobre la prestación de servicios, la disponibilidad, la autenticidad, la integridad, la confidencialidad y la continuidad. También debe valorar elementos como la duración, el alcance geográfico, el número o relevancia de clientes afectados, el impacto económico, la criticidad de los servicios y la posible repetición del incidente.
En la práctica, el mayor riesgo no suele ser desconocer que una caída de banca online es relevante. El riesgo está en los casos fronterizos:
La decisión tampoco debe quedar en manos exclusivas del área técnica. Un analista puede medir el tiempo de indisponibilidad, pero quizá no conozca la criticidad regulatoria del servicio afectado. El responsable de pagos puede conocer el impacto operativo, pero no tener visibilidad sobre la intrusión que lo causó. Compliance debe traducir esa información al lenguaje de la obligación de notificar, sin sustituir el análisis técnico.
La solución razonable es un comité de clasificación con reglas de escalado predefinidas. No hace falta convertir cada alerta en una reunión solemne. Sí hace falta que exista una matriz aprobada que indique qué combinación de impacto, duración, alcance y servicio obliga a elevar el caso y quién puede cerrar la evaluación.
El Reglamento Delegado (UE) 2025/301 es la norma que concreta el contenido y los plazos de notificación de los incidentes graves. La guía del Banco de España incorpora ese marco y describe la secuencia práctica de envío. La lógica es deliberadamente progresiva: comunicar la información disponible en cada fase y actualizarla después.
La diferencia entre este modelo y una investigación forense tradicional es importante. Una investigación busca reconstruir con precisión qué sucedió. La notificación inicial busca que el supervisor conozca que existe un incidente grave, su naturaleza preliminar, los servicios afectados y la respuesta desplegada. Si una entidad espera a tener el análisis de malware completo, la identificación definitiva del actor y el inventario final de afectados, probablemente estará usando el estándar equivocado para el primer envío.
Esto no significa enviar datos especulativos. Significa separar tres categorías:
Mezclar las tres categorías produce informes difíciles de actualizar y fáciles de contradecir. La plantilla debe reflejar el nivel de certeza de cada afirmación. Si el informe inicial identifica una causa como confirmada y el análisis posterior la descarta, la entidad tendrá que explicar una rectificación que quizá se habría evitado con una redacción más rigurosa.
Los plazos regulatorios deben estar incorporados al procedimiento de respuesta, no almacenados en un PDF que nadie consulta durante una crisis. El cálculo debe comenzar cuando la entidad tiene conocimiento del incidente y puede clasificarlo conforme a los criterios aplicables, no cuando finaliza la investigación. Además, la organización debe distinguir entre el reloj de notificación al Banco de España y otros relojes que pueden activarse de forma paralela, como el de comunicación a la autoridad de protección de datos previsto en el artículo 33 del GDPR o las obligaciones contractuales frente a clientes y proveedores.
No todos los incidentes DORA son automáticamente brechas de datos personales. Pero una entidad que tarde en analizar esa dimensión puede terminar incumpliendo dos regímenes distintos. El equipo de privacidad debe recibir la alerta desde el principio, aunque todavía no exista evidencia concluyente de acceso a datos personales.
La guía describe un proceso concreto en el portal ITW del Banco de España. Incluye autenticación, selección del proceso correspondiente, confirmación del envío y verificación de que el fichero ha sido recibido. También explica cómo consultar el estado del informe y cómo obtener el identificador del incidente, tanto mediante correo electrónico como a través del propio portal.
Ese detalle operativo tiene una consecuencia que suele descubrirse demasiado tarde: el acceso al canal de notificación debe estar probado antes de la crisis. Una cuenta sin permisos, un certificado caducado, una persona autorizada de vacaciones o una plantilla guardada en una versión local pueden retrasar el envío cuando cada minuto de coordinación consume tiempo.
La entidad debería probar periódicamente, como mínimo:
No es burocracia ornamental. La confirmación de recepción es una evidencia operacional: demuestra que el fichero llegó al canal, pero no sustituye la obligación de revisar si el contenido era completo, correcto y enviado dentro del plazo. El identificador del incidente debe incorporarse al sistema interno de gestión de incidentes para que los informes inicial, intermedio y final no se tramiten como expedientes desconectados.
También conviene separar dos evidencias que a menudo se confunden. La primera es la prueba de envío: fecha, hora, usuario, fichero remitido, acuse e identificador. La segunda es la prueba de decisión: criterios aplicados, hechos considerados, responsables que aprobaron la clasificación y datos que justificaron cada actualización. La primera demuestra que se usó el canal. La segunda permite defender que la entidad actuó con criterio.
El artículo 23 de DORA cubre los incidentes operativos o de seguridad graves relacionados con pagos. El Banco de España incluye estos supuestos dentro del alcance de la guía, junto con los incidentes graves relacionados con las TIC del artículo 19.
La diferencia importa porque un incidente de pagos puede tener una expresión operativa antes de que exista una explicación tecnológica completa. Un aumento anómalo de operaciones rechazadas, una indisponibilidad de un componente de autorización o un fallo de conciliación pueden afectar al servicio aunque el SOC todavía no haya declarado un ciberincidente.
Por eso el circuito de detección no puede depender únicamente del equipo de seguridad. Las áreas de operaciones de pagos, fraude, atención al cliente, continuidad y tecnología deben compartir criterios de escalado. Una señal originada en el sistema de pagos puede ser la primera evidencia de un incidente TIC grave, y una alerta de seguridad puede terminar afectando al procesamiento de pagos aunque al principio parezca contenida.
La documentación interna debería responder a cuatro preguntas sin necesidad de reunir a medio banco a medianoche:
Si las respuestas dependen de una llamada informal a un experto concreto, el proceso no es resiliente. Es personalista. Y los reguladores suelen descubrir esa diferencia justo cuando el experto está apagando un incendio en otra parte.
La guía distingue los incidentes graves de las ciberamenazas importantes. Para estas últimas existe una plantilla diferenciada. La diferencia conceptual es decisiva: una ciberamenaza puede ser notificable aunque todavía no haya producido un incidente grave en la entidad.
La notificación de ciberamenazas importantes bajo el artículo 19 de DORA permite trasladar información sobre riesgos que pueden afectar a la resiliencia operativa, aunque no hayan materializado todavía una interrupción o pérdida demostrable. La entidad necesita, por tanto, un criterio interno para diferenciar una alerta de inteligencia ordinaria de una amenaza con suficiente importancia como para ser comunicada.
No todo indicador de compromiso es una ciberamenaza notificable. Tampoco toda vulnerabilidad crítica lo es automáticamente. El análisis debe tener en cuenta la credibilidad de la amenaza, la exposición de la entidad, la relevancia del activo o servicio potencialmente afectado, la capacidad del actor y la posibilidad de impacto sobre operaciones críticas.
La plantilla separada evita tratar las amenazas como simples incidentes incompletos. Un informe de ciberamenaza debería dejar claro qué se conoce sobre la amenaza, qué activos podrían verse afectados, qué medidas preventivas se han adoptado y qué información permanece sin confirmar. La finalidad no es inflar el volumen de notificaciones, sino permitir que el supervisor reciba señales relevantes antes de que el daño obligue a actuar a toda velocidad.
Esta parte exige coordinación entre threat intelligence, CISO, gestión de riesgos y negocio. Un equipo de inteligencia puede identificar una campaña dirigida contra una tecnología utilizada por la entidad, pero la relevancia regulatoria depende también de si esa tecnología soporta una función crítica y de la exposición real del entorno.
La guía parece un manual de tramitación, pero sus implicaciones alcanzan al modelo de gobierno. DORA exige que la respuesta a incidentes no sea una actividad aislada del departamento de tecnología. El consejo y la alta dirección deben recibir información suficiente para supervisar la resiliencia operativa digital, y la notificación al supervisor forma parte de esa responsabilidad.
La primera decisión que debe tomar una entidad es quién es el dueño del proceso. El CISO puede dirigir la respuesta técnica; compliance puede controlar la obligación; operaciones puede aportar el impacto; legal puede revisar la exposición; y la dirección puede aprobar comunicaciones sensibles. Pero alguien debe ser responsable de que el expediente avance desde la clasificación hasta el cierre.
La segunda decisión es definir qué ocurre cuando se externaliza la notificación. La guía admite que un tercero actúe como representante. El contrato debería concretar, al menos, el alcance del mandato, el acceso a la información, los tiempos de escalado, la aprobación de contenidos, la custodia de evidencias, la sustitución de personas y la obligación de informar inmediatamente de cualquier error o rechazo técnico.
El tercero no debería poder modificar unilateralmente la clasificación de gravedad sin un mecanismo de aprobación de la entidad. Tampoco debería enviar un informe sin conservar una copia íntegra y la confirmación de recepción. La externalización puede aportar capacidad operativa; no puede convertirse en una zona opaca en la que nadie sepa qué se comunicó al supervisor.
La tercera decisión afecta a las pruebas. Un ejercicio de continuidad que solo mida cuánto tarda en recuperarse un sistema no prueba la capacidad de notificación. Un simulacro útil debe incorporar la clasificación, la selección de la plantilla, la preparación del informe inicial, la autenticación en ITW, la confirmación de recepción, la obtención del identificador y la actualización posterior.
El ejercicio tampoco debe ser una obra de teatro con información conocida de antemano. Si el equipo recibe todos los datos ordenados, no se está probando la capacidad real. Conviene entregar la información por fases: primero una alerta técnica, después el impacto operativo, más tarde la evidencia del proveedor y finalmente los datos que podrían cambiar la clasificación. Así se comprueba si la organización sabe actualizar el informe sin perder la trazabilidad de sus decisiones.
DORA dedica su capítulo V a la gestión del riesgo asociado a terceros proveedores de servicios TIC. La notificación de incidentes no puede separarse de esa relación. Cuando un proveedor cloud, procesador de pagos, operador de telecomunicaciones o empresa de software sufre una interrupción, la entidad financiera necesita datos suficientemente rápidos y fiables para evaluar su propio impacto.
El problema es conocido: el proveedor suele hablar de “degradación del servicio”, mientras la entidad necesita saber si una función crítica dejó de estar disponible, durante cuánto tiempo, qué regiones fueron afectadas y si hubo impacto sobre confidencialidad o integridad. El lenguaje comercial no sustituye a la evidencia regulatoria.
Los contratos y procedimientos de terceros deberían exigir:
La entidad debe asumir que la primera comunicación del proveedor será incompleta. El procedimiento interno no puede quedarse bloqueado hasta recibir un informe final externo. Debe registrar qué se conoce, qué se ha preguntado, qué respuesta se espera y qué impacto provisional se ha comunicado al supervisor.
Un incidente grave bajo DORA puede activar obligaciones paralelas. El artículo 33 del GDPR establece la obligación de notificar una violación de datos personales a la autoridad de control competente, cuando proceda, sin dilación indebida y, si es posible, dentro de las 72 horas desde que se tenga constancia. La notificación DORA tiene su propio régimen y no debe confundirse con el procedimiento de privacidad.
El hecho de que se envíe un informe al Banco de España no prueba que se haya cumplido el GDPR. Y el hecho de que no exista una brecha de datos personales no elimina la posible obligación de notificar un incidente TIC grave bajo DORA. Las dos evaluaciones deben avanzar en paralelo, con una coordinación que evite contradicciones innecesarias.
Lo mismo sucede con continuidad de negocio. Recuperar el servicio no cierra automáticamente el incidente regulatorio. Puede quedar pendiente el análisis del impacto, la identificación de la causa raíz, la cuantificación de pérdidas, la evaluación del proveedor y la implantación de medidas correctoras. El informe final debe ser compatible con las conclusiones de esas revisiones, pero no conviene retrasarlo indefinidamente a la espera de una investigación perfecta.
La comunicación externa plantea un riesgo adicional. Atención al cliente, relaciones con inversores, autoridades, proveedores y medios pueden recibir mensajes distintos sobre el mismo hecho. La notificación regulatoria debe ser precisa y no especulativa, pero también debe alinearse con la información que la entidad está facilitando a los afectados. Un informe que atribuya públicamente el incidente a un actor concreto antes de disponer de evidencia suficiente puede generar un problema legal que no estaba en el plan de respuesta.
La guía no sustituye a la política de conservación de evidencias de la entidad. Pero su estructura permite deducir qué documentación será necesaria para demostrar que el proceso funcionó. Una auditoría o una revisión supervisora no se limitará a preguntar si se envió el fichero. También puede preguntar por qué se clasificó así, qué datos se utilizaron, quién aprobó la decisión y cómo se gestionaron las actualizaciones.
El expediente debería reunir:
La conservación de versiones es especialmente importante. Guardar únicamente el informe final borra la historia de la decisión. Guardar solo correos electrónicos dificulta reconstruir qué versión fue efectivamente enviada. Un repositorio de incidentes con control de acceso, sellado temporal y relación entre expediente interno e identificador regulatorio ofrece una defensa mucho más sólida.
También hay que controlar la información sensible. El expediente puede contener datos personales, indicadores de compromiso, detalles de arquitectura, información sobre clientes y secretos empresariales. La trazabilidad no autoriza a crear una copia accesible para todo el mundo. El acceso debe seguir el principio de necesidad de conocer, con registros de consulta y reglas de conservación compatibles con GDPR.
La primera medida no es comprar una nueva plataforma. Es reconstruir el flujo completo sobre papel y comprobar dónde se atasca. La entidad debe identificar el punto exacto en que una alerta se convierte en un caso DORA, quién puede cambiar la clasificación, quién prepara el informe, quién lo aprueba, quién se autentica en ITW y quién verifica la recepción.
Después debe comparar sus plantillas internas con los modelos exigidos por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/302. No conviene mantener una plantilla paralela que obligue a copiar y pegar datos durante una crisis. El sistema interno puede ser más amplio que el formulario regulatorio, pero debe mapear cada campo y evitar que la información crítica quede en notas libres.
El tercer paso es realizar una prueba de acceso y envío controlado conforme a los procedimientos del Banco de España. La prueba debe comprobar no solo las credenciales, sino también la cadena completa: selección del proceso ITW, carga del fichero, confirmación, recepción, consulta del estado y recuperación del identificador. Si el portal se utiliza por primera vez durante un incidente real, la organización no tiene un proceso; tiene una apuesta.
El cuarto paso es someter el protocolo a un escenario con información incompleta. Por ejemplo: indisponibilidad parcial de un servicio de pagos, indicios de intervención de un proveedor externo, posible afectación de datos personales y causa todavía desconocida. El objetivo es comprobar si la entidad puede producir un informe inicial basado en hechos confirmados sin esperar a la investigación final.
Por último, la dirección debe revisar los resultados y aceptar los riesgos pendientes. Si no existe sustituto para el usuario autorizado, si el proveedor tarda horas en contestar o si el área de pagos no participa en la clasificación, no basta con anotar el problema. Hay que asignar una decisión, un responsable y una fecha de resolución. La resiliencia no mejora porque el riesgo aparezca en una presentación.
La publicación del Banco de España no es una nueva capa de teoría sobre DORA. Es un recordatorio de que la resiliencia operativa se verifica en los detalles menos glamourosos: saber dónde está la plantilla, quién puede enviarla, qué ocurre si el incidente evoluciona y cómo se prueba que el supervisor recibió la información.
Las entidades que traten la notificación como una tarea de compliance aislada tendrán problemas para producir datos fiables a tiempo. Las que la integren en la gestión de incidentes podrán convertir la obligación en una disciplina de respuesta: clasificar con criterios comunes, comunicar lo conocido, actualizar lo que cambie y conservar la evidencia de cada decisión.
La pregunta para 2026 no es si existe un procedimiento en un manual. Es si, a las tres de la mañana, una entidad puede pasar de una alerta técnica a un informe regulatorio trazable sin depender de una sola persona, de un proveedor que aún no responde o de una plantilla que nadie ha abierto desde 2025. La guía del Banco de España ofrece el mapa. La preparación —como suele ocurrir— sigue siendo responsabilidad de quien conduce.
Nota editorial
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