Imagen generada por IALa supervisión financiera europea ya tiene agenda para 2027. El Comité Conjunto de la EBA, EIOPA y ESMA ha publicado este 13 de octubre de 2026 su programa anual de trabajo para el próximo año, con una señal bastante clara para bancos, aseguradoras, gestoras, infraestructuras de mercado y proveedores tecnológicos: la resiliencia digital deja de ser un asunto sectorial y se consolida como una preocupación común de todo el sistema financiero.
El documento, identificado como JC 2026 21, coloca entre las prioridades la aplicación de DORA, la supervisión de proveedores terceros ICT críticos, la preparación frente a ciberamenazas, la inteligencia artificial, la protección del consumidor, las finanzas sostenibles, la titulización y la vigilancia de riesgos transversales. También conecta el trabajo supervisor con dos objetivos políticos de la Comisión Europea: la Savings and Investment Union y una agenda de simplificación regulatoria.
La noticia no contiene una nueva obligación con fecha de entrada en vigor ni anuncia una sanción colectiva. Su relevancia está en otro sitio: muestra dónde concentrarán las tres autoridades europeas sus esfuerzos de coordinación durante 2027. Para las entidades, eso importa porque los temas que aparecen en un programa conjunto suelen acabar convertidos en preguntas de supervisión, ejercicios de coordinación, expectativas comunes o nuevas exigencias de evidencia.
La pregunta útil no es si la entidad “cumple DORA”. Esa fórmula ya se ha quedado pequeña. La pregunta es si puede demostrar, de manera coherente ante distintos supervisores, que conoce sus dependencias tecnológicas, controla sus proveedores críticos, comunica incidentes con calidad y entiende cómo sus sistemas de inteligencia artificial afectan a clientes, mercados y decisiones de negocio.
La arquitectura europea está dividida por sectores. La EBA supervisa el ámbito bancario, EIOPA el asegurador y de pensiones, y ESMA los mercados de valores. Pero los riesgos tecnológicos no respetan esa división. Un proveedor de nube puede prestar servicio a un banco, una aseguradora y una plataforma de negociación. Una interrupción de identidad digital puede afectar simultáneamente a pagos, contratación de seguros y acceso de inversores minoristas. Un modelo de inteligencia artificial puede ser utilizado por varias empresas del mismo grupo y generar efectos similares en ámbitos regulatorios distintos.
Ahí está el motivo por el que el programa del Comité Conjunto tiene valor operativo. No se limita a enumerar asuntos de actualidad. Identifica áreas en las que una respuesta fragmentada produciría resultados absurdos: controles diferentes para el mismo proveedor tecnológico, criterios incompatibles sobre un incidente común o interpretaciones divergentes acerca de la información que debe entregarse a un consumidor.
El programa habla de coordinación para apoyar tres objetivos: estabilidad financiera, protección del consumidor y supervisión eficaz. La combinación es significativa. DORA suele entrar en las agendas de los equipos de tecnología, riesgo operacional y seguridad. Sin embargo, una caída de un proveedor ICT también puede afectar a la continuidad de pagos, al cálculo de una prestación, a la valoración de activos o a la capacidad de un cliente para ejecutar una orden. La resiliencia operativa no es únicamente una cuestión de disponibilidad de sistemas; puede convertirse en una cuestión de conducta, solvencia o integridad de mercado.
Para los grupos financieros paneuropeos, el reto es especialmente incómodo. La misma arquitectura tecnológica puede estar sometida a expectativas supervisoras procedentes de tres autoridades y, en algunos casos, de supervisores nacionales. El programa conjunto apunta a una respuesta más coordinada. Eso puede reducir contradicciones, pero también limitar la posibilidad de defender que cada filial gestiona el riesgo de forma aislada. Cuando el servicio es compartido, la supervisión tenderá a seguir la dependencia real, no el organigrama.
DORA es el eje más concreto del programa. El Reglamento (UE) 2022/2554 establece un marco común de resiliencia operativa digital para las entidades financieras y regula, entre otras materias, la gestión del riesgo ICT, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia y el riesgo derivado de terceros tecnológicos.
El programa del Comité Conjunto menciona expresamente la continuidad de las actividades de supervisión relacionadas con los proveedores terceros ICT críticos. La referencia apunta al régimen previsto en los artículos 31 y siguientes de DORA: determinados proveedores pueden ser designados como críticos y quedar bajo la supervisión directa de una autoridad europea principal, aunque no sean entidades financieras.
Este cambio altera una vieja asimetría. Hasta ahora, la entidad financiera cargaba con buena parte de la responsabilidad supervisora sobre su proveedor. Debía evaluar el riesgo, negociar contratos, controlar la subcontratación y preparar planes de salida, incluso cuando carecía de fuerza comercial para modificar las condiciones de un gran proveedor tecnológico. DORA introduce una capa de supervisión europea sobre los proveedores críticos. No elimina la responsabilidad de la entidad, pero evita que la supervisión dependa exclusivamente de la capacidad negociadora de cada banco o aseguradora.
El artículo 28 obliga a las entidades a gestionar el riesgo ICT de terceros como parte de su marco de riesgo operacional. El artículo 30 concreta elementos que deben aparecer en los acuerdos contractuales, como derechos de acceso, inspección y auditoría, requisitos sobre niveles de servicio, cooperación con las autoridades y condiciones relacionadas con la terminación del contrato. El mensaje para 2027 es directo: no bastará con conservar contratos y cuestionarios de proveedores en un repositorio de compras.
La evidencia que probablemente marque la diferencia será más amplia:
La última cuestión suele ser la más débil. Muchas organizaciones tienen un inventario de proveedores, pero no una decisión formal sobre qué riesgos aceptan cuando un servicio estratégico depende de una plataforma difícil de sustituir. Un inventario dice qué existe. No dice si el consejo conoce la dependencia ni si el negocio podría sobrevivir a una interrupción prolongada.
La supervisión directa de un proveedor crítico tampoco convierte a la entidad financiera en espectadora. DORA mantiene el principio de responsabilidad de la entidad sobre su riesgo ICT. La autoridad puede examinar al proveedor, pero el banco seguirá teniendo que demostrar que ha identificado sus servicios esenciales, definido tolerancias de interrupción y preparado respuestas practicables.
Esta distinción será relevante en 2027. Un proveedor puede superar una revisión supervisora y, aun así, una entidad concreta puede haber diseñado mal su integración, carecer de copias recuperables o no saber qué funciones dependen de una interfaz determinada. La resiliencia no se compra por contrato. El contrato ayuda; la arquitectura y las pruebas deciden.
Para los comités de riesgo y los responsables de cumplimiento, la consecuencia práctica es que el programa de proveedores ICT debe conectarse con el registro de activos, el plan de continuidad, la gestión de incidentes y el reporting al órgano de dirección. Si esos elementos viven en departamentos separados, una revisión transversal puede descubrir contradicciones en pocas horas: el contrato declara un servicio no crítico, el plan de continuidad lo califica de esencial y el registro de riesgos no identifica ninguna concentración.
El programa de 2027 también señala la preparación del sector financiero frente a ciberamenazas. La formulación es amplia, pero su traducción operativa es concreta: las autoridades querrán saber qué ocurre después de que un control preventivo falle.
DORA dedica el artículo 11 a las políticas y procedimientos de respaldo, restauración y recuperación. El artículo 17 establece el marco para la gestión de incidentes relacionados con las TIC, mientras que los artículos 18 y 19 regulan la clasificación y notificación de incidentes graves. La entidad no solo debe detectar un evento; necesita clasificarlo, decidir si alcanza los umbrales aplicables, notificarlo cuando corresponda y conservar una trazabilidad que permita explicar la decisión.
En 2027, una política de respuesta genérica tendrá poco recorrido si no está respaldada por ejercicios. Un playbook que dice “activar el comité de crisis” no responde a preguntas esenciales: ¿quién puede ordenar una desconexión?, ¿qué sistema se considera fuente autorizada?, ¿cómo se mantiene el servicio si falla el proveedor de identidad?, ¿quién comunica al supervisor?, ¿qué ocurre si el equipo de seguridad pierde acceso a las herramientas de administración?
La presión supervisora no se centrará únicamente en el ransomware. También alcanzará fallos de configuración, interrupciones de proveedores, ataques contra credenciales, degradación de servicios de terceros y errores en cambios tecnológicos. El riesgo real para una entidad no es solo que un atacante cifre sus servidores. Es que nadie sepa qué función debe recuperarse primero cuando la información disponible es incompleta.
Por eso conviene conectar tres pruebas que a menudo se ejecutan por separado: la prueba técnica de recuperación, el ejercicio de crisis y la notificación regulatoria. Si cada una se realiza con equipos y supuestos distintos, la organización puede obtener tres versiones incompatibles de su propia resiliencia. Una prueba madura debería permitir comprobar simultáneamente si el servicio se recupera, si las decisiones de gobierno funcionan y si la información requerida por el supervisor está disponible.
El Comité Conjunto anuncia que evaluará las implicaciones de los avances tecnológicos, incluida la creciente utilización de inteligencia artificial y otras innovaciones digitales. La frase es prudente, pero no irrelevante. Las ESAs no están diciendo que vayan a prohibir un modelo concreto ni que exista una nueva obligación conjunta de IA. Están señalando que la tecnología ya tiene efectos suficientemente amplios como para requerir una lectura común entre banca, seguros y mercados.
La inteligencia artificial puede intervenir en admisión de clientes, detección de fraude, evaluación de siniestros, scoring, vigilancia de mercado, atención al consumidor y generación de comunicaciones. Cada uso arrastra riesgos diferentes. Un error en un chatbot no tiene la misma consecuencia que un modelo que influye en la concesión de crédito o en la detección de operaciones sospechosas. El problema es que muchas entidades los agrupan bajo una única etiqueta de “IA” y esperan que una política corporativa resuelva la diferencia. No lo hará.
La conexión con DORA es clara. Un sistema de IA depende de datos, modelos, interfaces, capacidad de cómputo, proveedores y controles de cambio. Si un tercero modifica el modelo, cambia una API o limita el acceso a los registros necesarios para reconstruir una decisión, la entidad afronta un problema de resiliencia, trazabilidad y control ICT. El artículo 9 de DORA, dedicado a la protección y prevención, y el artículo 10, relativo a la detección de anomalías y eventos, son relevantes para esa cadena de control, aunque no constituyan una regulación específica de inteligencia artificial.
También aparece el cruce con el Reglamento de IA de la Unión Europea. La entidad tendrá que separar tres preguntas que suelen mezclarse:
La prioridad supervisora para 2027 debería empujar a las entidades a mantener un inventario de casos de uso de IA conectado con sus registros de riesgos, proveedores y procesos críticos. No basta con preguntar a tecnología si la empresa “utiliza IA”. La respuesta puede ser no mientras un proveedor de atención al cliente, una plataforma antifraude o una herramienta de productividad ya la esté utilizando en nombre de la entidad.
El punto más delicado será la responsabilidad. Si un modelo externo produce un resultado defectuoso, la entidad no podrá resolver el problema señalando al proveedor y archivando el contrato. Para el cliente y para el supervisor, la decisión se tomó dentro de la cadena de prestación financiera. La externalización cambia el mecanismo; no borra la obligación de gobernar el resultado.
El programa mantiene la protección del consumidor como una prioridad central. El Comité Conjunto seguirá trabajando en asuntos que afectan a clientes minoristas, con el objetivo de mejorar sus decisiones financieras y reforzar la confianza en los mercados europeos.
Esta línea puede parecer separada de DORA, pero no lo está. Una interrupción digital puede impedir que un cliente cancele una orden, acceda a su cuenta o comunique un siniestro. Un algoritmo puede personalizar una oferta de forma difícil de entender. Una interfaz puede presentar un producto complejo como si fuera una decisión sencilla. La resiliencia y la conducta se encuentran en la pantalla que ve el cliente.
La supervisión transversal puede prestar atención a tres puntos concretos. El primero es la disponibilidad de los canales de servicio cuando existe una incidencia tecnológica. El segundo es la calidad de la información ofrecida por sistemas automatizados. El tercero es la posibilidad real de recurrir a una persona o a un canal alternativo cuando una decisión automatizada falla.
La entidad que solo mida el tiempo de recuperación del sistema se quedará corta. También tendrá que analizar el perjuicio producido durante la interrupción: operaciones no ejecutadas, pagos retrasados, clientes que no pudieron acceder a documentación o reclamaciones que no fueron registradas. La disponibilidad técnica y el resultado para el consumidor no son métricas equivalentes.
Aquí aparece una tensión interesante. La automatización puede mejorar velocidad y eficiencia, pero también puede hacer más difícil explicar una decisión. La agenda europea de 2027 une innovación y protección del consumidor porque ambas cosas ya vienen juntas en la práctica. La promesa de una experiencia digital sin fricción suele ocultar una pregunta poco cómoda: ¿qué ocurre cuando el cliente discrepa de una decisión que nadie sabe explicar?
El programa incluye las finanzas sostenibles y la aplicación coherente del marco europeo de sostenibilidad entre sectores. También menciona la titulización como área prioritaria. Aunque estos temas no sean tecnológicos en apariencia, comparten un problema con DORA: la calidad y trazabilidad de la información.
En sostenibilidad, la coordinación entre autoridades resulta necesaria porque una misma información puede circular entre un banco, una aseguradora, una gestora y un emisor. Si cada sector aplica criterios distintos, la comparabilidad se deteriora y aumenta el riesgo de que una comunicación comercial presente como homogéneos datos que no lo son. La supervisión conjunta puede reducir esa fragmentación, pero también obligará a revisar quién produce el dato, quién lo valida y quién responde si cambia.
La relación con la tecnología es directa. Los datos ESG suelen proceder de múltiples sistemas internos y proveedores externos. Pueden incluir estimaciones, metodologías de cálculo y fuentes con diferentes niveles de fiabilidad. Si la entidad no conserva la versión del dato utilizada para una decisión o para una publicación, la trazabilidad queda comprometida. Un informe puede estar formalmente presentado y ser materialmente imposible de reconstruir.
La titulización plantea una dificultad parecida desde otro ángulo. La calidad de los activos subyacentes, la información a inversores y la gestión del riesgo dependen de cadenas de datos y de participantes distintos. La coordinación entre autoridades puede ser relevante para evitar que una entidad trate el riesgo como puramente bancario cuando sus efectos alcanzan a inversores, aseguradoras o mercados.
Para los responsables de control, la lección es práctica: los programas de datos regulatorios no deberían funcionar como compartimentos estancos. Un mismo dato puede alimentar informes prudenciales, divulgaciones de sostenibilidad, documentación para inversores y modelos internos. Si la definición cambia según el departamento, el problema no es solo de calidad de datos; es de gobierno.
El comunicado relaciona el programa con la agenda de simplificación de la Comisión Europea, orientada a lograr una regulación y una supervisión más eficaces y a reducir cargas innecesarias. Es una frase políticamente relevante, sobre todo para entidades que afrontan obligaciones superpuestas de DORA, protección de datos, sostenibilidad, resiliencia y gobernanza de la inteligencia artificial.
Pero simplificar no significa necesariamente exigir menos controles. Puede significar pedir la misma evidencia una sola vez, armonizar definiciones, eliminar duplicidades en los formularios o coordinar calendarios supervisorios. Para una entidad, la diferencia es enorme. Un marco más sencillo puede reducir trabajo administrativo; una reducción indiscriminada de controles podría aumentar el riesgo que precisamente intenta supervisar.
La mejor interpretación es que las autoridades buscarán una supervisión más coherente, no una vuelta a la época de los documentos dispersos y las responsabilidades ambiguas. DORA ofrece un ejemplo. El registro de información sobre acuerdos con proveedores ICT puede convertirse en una herramienta común para riesgo, compras, continuidad, auditoría y supervisión. Si cada área crea su propia versión, la carga aumenta. Si existe una fuente gobernada y con responsables claros, la simplificación es posible sin perder profundidad.
Las entidades deberían seguir la agenda con una pregunta concreta: ¿qué controles producen evidencia reutilizable? Un test de recuperación puede servir para continuidad, DORA, auditoría interna y supervisión de proveedores. Un inventario de modelos puede servir para riesgo de IA, protección del consumidor y gobierno de datos. La eficiencia no consiste en hacer menos trabajo; consiste en no repetirlo cinco veces con resultados incompatibles.
El programa anual de las ESAs no sustituye al plan de cumplimiento de cada entidad. Sí ofrece una señal para reordenarlo. Durante 2027, los órganos de dirección deberían poder responder, con evidencia y no con presentaciones genéricas, a cinco preguntas.
Primera: ¿cuáles son nuestras dependencias tecnológicas críticas? La respuesta debe vincular proveedores, aplicaciones, procesos, datos y servicios al cliente. Un listado de contratos no sirve si no permite conocer qué ocurriría al fallar cada dependencia.
Segunda: ¿qué ocurre cuando falla un tercero crítico? Hay que conocer el tiempo objetivo de recuperación, las alternativas disponibles, las limitaciones de migración y la autoridad que puede aceptar el riesgo residual. “El proveedor tiene un plan” no es una respuesta suficiente: el plan del proveedor puede no cubrir la integración concreta de la entidad.
Tercera: ¿podemos notificar y gobernar un incidente bajo presión? DORA exige procesos de clasificación y comunicación. El consejo debería conocer qué información se obtiene en las primeras horas, quién decide la gravedad y cómo se corrigen las contradicciones entre seguridad, operaciones, legal y comunicación.
Cuarta: ¿dónde utiliza la organización inteligencia artificial? El inventario debe incluir usos adquiridos a terceros, no solo modelos desarrollados internamente. También debe identificar el impacto sobre clientes, decisiones, datos, proveedores y continuidad.
Quinta: ¿qué evidencia puede reutilizarse entre supervisores? La coordinación europea tendrá más sentido si la entidad cuenta con definiciones consistentes, responsables identificados y registros que puedan explicar el mismo riesgo ante EBA, EIOPA, ESMA o el supervisor nacional correspondiente.
Estas preguntas no requieren crear otra capa de gobernanza ornamental. Requieren conectar la que ya existe. Si el comité de riesgos recibe un mapa de proveedores distinto del que utiliza compras, o si el registro de IA no coincide con el inventario de aplicaciones críticas, la organización no tiene un problema de presentación. Tiene un problema de control.
El programa afecta directamente al sector financiero español porque las entidades que operan en España forman parte del mercado único y están expuestas a la coordinación de las autoridades europeas y nacionales. Bancos, aseguradoras, gestoras, empresas de servicios de inversión y otros participantes deberán traducir las prioridades europeas a sus marcos internos de riesgo y continuidad.
Para los grupos españoles con filiales en varios Estados miembros, la cuestión más sensible será la consistencia. Una política aprobada en Madrid no demuestra por sí sola que la filial de otro país pueda ejecutar la respuesta. Las pruebas deben reflejar la arquitectura compartida, los proveedores comunes y las diferencias locales de comunicación o supervisión.
También conviene revisar el papel de los proveedores tecnológicos contratados por entidades medianas. El tamaño de la organización no reduce automáticamente la concentración de riesgo. Una caja regional, una aseguradora especializada o una empresa de inversión puede depender de los mismos servicios de nube, autenticación, software bancario o herramientas de ciberseguridad que un grupo mucho mayor. La dependencia puede ser pequeña en términos de volumen y crítica en términos de sustituibilidad.
La protección del consumidor añade una dimensión local. Los canales de atención, reclamación y contratación deben seguir funcionando de forma comprensible durante una incidencia. La entidad que restaura servidores pero deja a miles de clientes sin información sobre sus operaciones no ha resuelto completamente el problema desde el punto de vista supervisor.
El programa de trabajo del Comité Conjunto para 2027 no debe leerse como un catálogo de casillas que se marca una vez. Su valor está en la dirección que imprime a la supervisión europea: más coordinación entre sectores, más atención a dependencias tecnológicas, más interés por los efectos de la inteligencia artificial y una conexión más estrecha entre resiliencia, consumidores y estabilidad financiera.
La publicación del 13 de octubre de 2026 ofrece a las entidades tiempo para comprobar si sus marcos de control producen evidencia coherente. Pero no ofrece una excusa para esperar a que lleguen nuevas guías. DORA ya contiene obligaciones concretas sobre riesgo de terceros, contratos, incidentes, pruebas y recuperación. La novedad no es que esos deberes existan; es que en 2027 serán observados dentro de una conversación supervisora más amplia.
La entidad mejor preparada no será necesariamente la que tenga más políticas. Será la que pueda contestar con rapidez qué servicio se ha interrumpido, qué proveedor está implicado, qué clientes resultan afectados, qué alternativa existe, qué autoridad debe ser informada y qué decisión automatizada podría estar contaminada. Todo ello sin convocar una reunión de tres horas para descubrir que cada departamento utiliza una definición distinta de “crítico”.
La agenda europea ya está escrita. Ahora toca comprobar si los mapas de riesgos, los contratos, los ejercicios de crisis y los inventarios de IA cuentan la misma historia.
Nota editorial
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