Imagen generada por IAUna fecha que amenazaba con convertirse en un problema operativo para emisores y participantes europeos acaba de recibir una respuesta regulatoria, aunque no todavía una solución legislativa completa. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha publicado el 7 de octubre de 2026 una declaración para aclarar que los participantes de mercado de la Unión Europea no deberían perder el acceso a los servicios de depositarios centrales de valores (CSD) de terceros países después del 17 de enero de 2027.
La precisión importa porque el régimen transitorio vigente expira ese día. Ese régimen permite a determinados CSD establecidos fuera de la Unión prestar servicios de notaría y de mantenimiento central de instrumentos financieros constituidos con arreglo al Derecho de un Estado miembro. Si la prórroga legislativa no llegara a tiempo, el mercado se enfrentaría a una situación absurda: una fecha de caducidad conocida, una reforma en negociación y contratos operativos que no pueden esperar a que las instituciones europeas terminen de ponerse de acuerdo.
ESMA intenta evitar precisamente ese choque. Su declaración no amplía por sí sola el régimen transitorio ni convierte en reconocidos a los CSD que no lo estén. Lo que hace es ofrecer una interpretación supervisora: el acceso de los participantes europeos no debería bloquearse mientras se completa la legislación que extenderá el periodo actual. Es una señal tranquilizadora para el mercado, pero no es una licencia para dejar los expedientes regulatorios en un cajón.
Un CSD no es simplemente otro proveedor tecnológico de back office. Es la infraestructura que registra, mantiene y ayuda a liquidar valores. En los servicios mencionados por ESMA, la función de notaría se refiere a la anotación y mantenimiento de la titularidad o existencia de valores, mientras que el mantenimiento central permite conservar esos instrumentos en las cuentas correspondientes dentro de la infraestructura de mercado.
La diferencia entre que un CSD pueda seguir prestando esos servicios y que tenga que interrumpirlos afecta a una cadena que incluye al emisor, al agente de pagos, al depositario, a los custodios, a los intermediarios y a los inversores finales. Un bloqueo no tendría por qué presentarse como una espectacular caída informática. Podría aparecer de forma mucho menos cinematográfica y bastante más cara: imposibilidad de registrar nuevas emisiones, retrasos en amortizaciones, cupones que requieren intervención manual, restricciones para transferir valores o dudas sobre qué entidad mantiene el registro válido.
Para un emisor, el riesgo no se limita a la liquidación de una operación concreta. También puede afectar a la capacidad de ejecutar una ampliación de capital, refinanciar deuda, modificar los términos de una emisión o pagar a los tenedores en la fecha prevista. Para un custodio, la amenaza principal es la ruptura de una dependencia crítica que quizá esté documentada en un inventario de proveedores, pero no en un mapa completo de procesos.
Aquí está el quid: el aviso de ESMA reduce el riesgo de una interrupción provocada por una lectura excesivamente conservadora de la fecha límite, pero no elimina el riesgo de que una entidad no pueda demostrar qué servicios utiliza, bajo qué base jurídica y con qué alternativas.
La declaración de ESMA sostiene que los participantes de mercado de la UE no deberían verse impedidos de acceder a los servicios de CSD de terceros países después del 17 de enero de 2027 y hasta que la Unión finalice la legislación destinada a ampliar el régimen transitorio vigente. La autoridad añade que tanto el Consejo de la Unión Europea como el Parlamento Europeo apoyan una extensión dentro del denominado Market Integration and Supervision Package, actualmente en negociación.
Hay tres matices que conviene conservar, porque suelen perderse cuando una noticia regulatoria se convierte en un titular tranquilizador.
Primero, ESMA habla de acceso de los participantes de mercado europeos. No anuncia una autorización general para todos los CSD de terceros países ni afirma que cualquier proveedor pueda operar libremente en la Unión. El régimen al que se refiere es el de determinados CSD que prestan servicios concretos bajo las condiciones aplicables.
Segundo, la fecha del 17 de enero de 2027 sigue siendo jurídicamente relevante. La declaración no dice que el artículo correspondiente del Reglamento (UE) n.º 909/2014 haya sido modificado ya. El llamado Reglamento sobre depositarios centrales de valores, conocido como CSDR, mantiene un régimen de reconocimiento y unas disposiciones transitorias cuya continuidad depende de la adopción de la reforma europea.
Tercero, el texto de ESMA es una declaración supervisora, no el acto legislativo que puede prorrogar el periodo transitorio. La diferencia no es académica. Una empresa que cambie sus procedimientos basándose únicamente en una nota de prensa, sin revisar el texto legal aplicable, la posición de su autoridad nacional competente y sus contratos, estará confundiendo orientación supervisora con una modificación normativa.
ESMA ha intervenido porque la incertidumbre ya estaba produciendo un problema operativo. Emisores y otros participantes habían advertido de que no saber si podrían seguir accediendo a esos servicios antes de un acuerdo político podía obligarles a preparar migraciones, renegociar documentación o suspender operaciones. La autoridad ha preferido despejar el riesgo de una reacción preventiva del mercado antes de que la cuenta atrás llegue a su último tramo.
El análisis debe partir del artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 909/2014. Esa disposición establece el marco de reconocimiento de los CSD de terceros países que desean prestar servicios de notaría, mantenimiento central o servicios vinculados a la liquidación en la Unión bajo determinadas condiciones. El procedimiento implica a ESMA y, según el caso, a las autoridades y marcos jurídicos del tercer país.
La lógica del artículo 25 es sencilla de formular y compleja de ejecutar: un CSD ubicado fuera de la Unión no queda automáticamente equiparado a un CSD autorizado en un Estado miembro por el mero hecho de que sus clientes sean europeos. El reconocimiento pretende ofrecer garantías sobre supervisión, cooperación, normas aplicables y capacidad de la infraestructura para cumplir requisitos europeos.
El régimen transitorio ha servido para evitar que los CSD de terceros países que ya prestaban determinados servicios tuvieran que abandonar de inmediato el mercado mientras se completaban los procedimientos de reconocimiento. La cuestión que ahora se plantea no es si el reconocimiento deja de existir, sino cuánto tiempo puede mantenerse el puente transitorio y qué ocurre con el acceso durante el intervalo entre el vencimiento previsto y la entrada en vigor de la futura reforma.
El artículo 69 del CSDR contiene las disposiciones transitorias del Reglamento. Cualquier análisis operativo debe revisar la versión consolidada aplicable, los actos delegados y de ejecución relacionados y la situación concreta del CSD utilizado. No todos los proveedores ni todos los servicios caben necesariamente en la misma categoría. La palabra “CSD” no resuelve por sí sola la pregunta; hay que identificar qué función desempeña en la operación.
Para los equipos jurídicos, la tarea consiste en separar cuatro elementos que a menudo aparecen mezclados en una misma ficha de proveedor:
Si cualquiera de esos cuatro datos falta, el inventario de dependencias no es suficientemente preciso para tomar una decisión de continuidad. Y una hoja de cálculo con el nombre comercial del depositario no sustituye a ese análisis, por mucho color corporativo que tenga.
El Market Integration and Supervision Package está todavía en negociación, pero ya condiciona las decisiones de mercado porque propone extender el régimen transitorio. ESMA afirma que tanto el Consejo como el Parlamento apoyan esa extensión. Eso reduce la probabilidad de que la fecha del 17 de enero de 2027 se convierta en un corte abrupto, pero no permite dar por finalizado el proceso.
Entre el apoyo político y una norma aplicable hay varios pasos: acuerdo sobre el texto, adopción formal, publicación y entrada en vigor conforme al procedimiento legislativo correspondiente. El calendario exacto dependerá del resultado de la negociación y de la publicación del acto final. Hasta entonces, las entidades no deberían comunicar a sus clientes que la continuidad está garantizada “por MISP” como si el paquete ya fuera Derecho vigente.
La declaración de ESMA cumple una función práctica mientras llega esa certeza. Permite que los participantes eviten decisiones defensivas desproporcionadas, como cancelar anticipadamente una relación, trasladar valores a una infraestructura alternativa sin analizar los costes o imponer a los emisores un cambio de CSD que después resulte innecesario. También da a los supervisores nacionales una señal común para evitar respuestas divergentes ante el mismo problema.
Pero una señal común no elimina todos los riesgos. El texto legislativo final podría introducir condiciones, fechas o límites distintos de los que el mercado espera. Además, la prórroga del acceso no resuelve cuestiones comerciales: capacidad de la infraestructura alternativa, tarifas, conectividad, jurisdicción contractual, reconciliación de posiciones, tratamiento de eventos corporativos o disponibilidad de pruebas operativas.
Los emisores afectados suelen encontrarse ante una elección incómoda. Migrar inmediatamente puede generar gastos, cambios documentales y riesgos de ejecución innecesarios. Esperar sin preparación puede dejarles sin tiempo si el acuerdo legislativo se retrasa o si el CSD utilizado no queda cubierto por la extensión.
La respuesta sensata no es escoger una de esas opciones de forma abstracta. Es construir un escenario de continuidad con dos ramas: mantener el acceso al proveedor actual si la extensión entra en vigor y activar una alternativa si el servicio no puede continuar. Esa planificación no exige anunciar una migración ni comprometer un proveedor nuevo; exige saber cuánto tardaría cada opción y qué decisiones son irreversibles.
El primer paso es revisar el programa de cada emisión. No basta con identificar al CSD en el contrato de emisión. Hay que comprobar quién mantiene el registro, dónde se custodian los valores, qué entidad procesa los eventos corporativos y qué ocurre si cambia la infraestructura. En emisiones internacionales, la documentación puede repartir esas funciones entre varias entidades y jurisdicciones.
El segundo es vincular cada dependencia a una operación crítica. El pago de cupones y amortizaciones merece un tratamiento distinto del mantenimiento ordinario de posiciones. También conviene separar las emisiones abiertas a nuevas transferencias de aquellas en las que solo quedan pagos periódicos. El riesgo jurídico puede ser similar, pero el coste y la urgencia operativa no lo son.
El tercero es revisar los plazos contractuales. Una cláusula que permita terminar la relación con 30 días de preaviso no sirve si la apertura de cuentas, las pruebas de conectividad y la migración de posiciones requieren varios meses. El calendario debe incluir aprobaciones internas, due diligence, documentación de cuentas, pruebas de reconciliación, comunicación a inversores y validación de los primeros eventos corporativos.
Para bancos custodios, brokers y otros intermediarios, la declaración de ESMA afecta sobre todo al mapa de dependencias indirectas. Una entidad puede no contratar directamente al CSD de un tercer país y, aun así, depender de él a través de un custodio global o de un agente de emisión. Si el inventario de terceros solo recoge proveedores con contrato directo, el riesgo desaparece de la pantalla y permanece en la operación.
La revisión debería conectar tres registros que a menudo viven separados: el inventario de proveedores, el catálogo de instrumentos y el mapa de eventos corporativos. El resultado debe responder a preguntas concretas:
La última pregunta suele ser la incómoda. Una alternativa no es real porque aparezca en un plan de contingencia. Debe tener capacidad disponible, instrucciones operativas, contactos, documentación y pruebas. En una migración de valores, además, la reconciliación no puede limitarse a comprobar el número total de posiciones. Hay que verificar cuentas, identificadores, titulares, restricciones, cargas, fracciones cuando proceda y el tratamiento de operaciones pendientes.
Los intermediarios también deberían revisar cómo explicarán la situación a los clientes. Un mensaje que afirme que “ESMA ha prorrogado el régimen” sería incorrecto. La formulación precisa es que ESMA ha aclarado que los participantes europeos no deberían ser impedidos de acceder a esos servicios mientras se finaliza la legislación de extensión. Es menos rotunda, pero también más cierta.
La noticia no trata principalmente de ciberseguridad. No hay en la declaración de ESMA una vulnerabilidad, un ataque ni una obligación técnica nueva. Sin embargo, la continuidad de un CSD puede entrar directamente en el análisis de resiliencia operativa digital de una entidad financiera.
DORA, el Reglamento (UE) 2022/2554, obliga a las entidades financieras a gestionar el riesgo de terceros proveedores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Sus artículos 28 y siguientes exigen un marco de gestión del riesgo de terceros ICT, mientras que el artículo 30 establece elementos contractuales que deben contemplarse en los acuerdos con esos proveedores. El artículo 28 no convierte automáticamente a un CSD en proveedor ICT: la clasificación depende de los servicios prestados y de su naturaleza. Un servicio de infraestructura de mercado no debe etiquetarse mecánicamente como “ICT” solo porque utilice sistemas informáticos.
La conexión relevante es más prudente: un CSD o un custodio puede ser una dependencia operacional esencial aunque no quede cubierto por todas las reglas de DORA aplicables a un proveedor ICT. El análisis de impacto del negocio debe reflejar esa dependencia con la misma seriedad con la que se documentan los sistemas internos. Una interrupción de acceso puede impedir liquidar o registrar valores aunque todas las aplicaciones de la entidad sigan funcionando.
Para los responsables de resiliencia, el asunto ofrece una prueba útil. Si el escenario “pérdida de acceso al CSD de terceros países” no aparece en el análisis de impacto, hay una brecha de cobertura. Si aparece, pero el plan solo contiene una promesa de migración sin tiempos, responsables ni pruebas, hay un plan nominal. Y si aparece con una alternativa que nunca se ha probado, hay una hipótesis, no una capacidad.
La continuidad debe coordinarse también con el marco de gestión de incidentes de DORA, especialmente cuando una interrupción operativa alcance los umbrales de incidente grave de TIC. No toda indisponibilidad de un CSD será automáticamente un incidente de ese tipo: la clasificación dependerá de la causa, la duración, el impacto y los criterios aplicables. Aun así, el vínculo entre el riesgo de acceso y la capacidad de notificación debe estar definido antes de que el evento obligue a improvisar.
Las entidades españolas no reciben una regla distinta por el hecho de estar supervisadas en España, pero sí afrontan las mismas dependencias cuando participan en emisiones internacionales o mantienen valores constituidos con arreglo al Derecho de un Estado miembro distinto del español. Bancos, gestoras, empresas de servicios de inversión, emisores y custodios deberían revisar si sus operaciones utilizan CSD de terceros países a través de cadenas transfronterizas.
En el caso de una entidad española que actúe como emisor, el punto de partida es el folleto o documento de emisión, la escritura o contrato correspondiente y los acuerdos con el agente de pagos y el custodio. La pregunta no es solo “¿quién liquida?”, sino “¿quién mantiene el registro central, quién ejecuta los eventos y qué ocurre si el acceso queda jurídicamente cuestionado el 17 de enero de 2027?”.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores puede ser un interlocutor relevante para las entidades bajo su supervisión, pero la declaración de ESMA no elimina la necesidad de consultar las comunicaciones de la autoridad competente correspondiente y la documentación del CSD. Cuando intervienen varias jurisdicciones, la entidad debería documentar qué autoridad supervisa cada eslabón y quién tiene capacidad para activar una alternativa.
Para los comités de riesgos y auditoría interna, el asunto merece un informe breve pero específico antes de cerrar el ejercicio de 2026. No hace falta crear otra gran política corporativa. Sí hace falta dejar constancia de las emisiones afectadas, la base jurídica, la posición del proveedor respecto del régimen transitorio, las opciones de continuidad y las decisiones pendientes. Una página con datos verificables vale más que veinte páginas de lenguaje sobre resiliencia.
La situación no exige una nueva certificación, pero sí evidencias operativas. Una entidad que quiera demostrar que ha gestionado el riesgo debería poder localizar, como mínimo, los siguientes documentos:
Este conjunto no es una lista oficial publicada por ESMA. Es una propuesta de control interno para convertir una declaración regulatoria en una decisión auditable. La distinción importa: no conviene presentar una recomendación editorial como si fuera un requisito legal.
El mensaje de ESMA reduce la incertidumbre inmediata, pero puede producir un efecto secundario: que algunas entidades interpreten la aclaración como permiso para aplazar todo hasta que exista una ley definitiva. Esa sería la lectura equivocada.
La prórroga puede llegar, pero el calendario legislativo no está bajo control de un emisor o de un custodio. Además, la continuidad jurídica no garantiza que el proveedor mantenga las mismas condiciones comerciales, que los sistemas soporten nuevas exigencias o que la documentación contractual se actualice automáticamente. La entidad que espera necesita hacerlo con un disparador definido: por ejemplo, una fecha interna para completar la evaluación, otra para decidir si activa la alternativa y un responsable con autoridad para hacerlo.
También existe un riesgo de concentración. Si varios participantes europeos dependen del mismo CSD o del mismo custodio global, una solución que parece estable desde la perspectiva de cada entidad puede mantener una fragilidad común en todo el mercado. La supervisión puede evitar bloqueos jurídicos y, aun así, no resolver una saturación operativa si demasiados participantes intentan migrar a la vez.
La respuesta adecuada combina prudencia jurídica y preparación técnica. No tiene sentido migrar por pánico cuando ESMA ha ofrecido una aclaración expresa. Tampoco tiene sentido esperar con los brazos cruzados cuando el vencimiento sigue fijado para el 17 de enero de 2027 y la reforma continúa en negociación.
La declaración del 7 de octubre cumple su objetivo más inmediato: evitar que los participantes europeos traten el 17 de enero de 2027 como un apagón automático de los servicios afectados. ESMA reconoce que una aplicación rígida de la fecha, antes del acuerdo legislativo, podría generar problemas operativos innecesarios en los mercados de capitales.
La segunda parte de la historia será la ley. Hasta que el MISP se adopte y sea aplicable, el mercado tendrá una aclaración supervisora y un régimen transitorio con fecha límite. Es una mejora sustancial frente a la incertidumbre anterior, pero no una sustitución del proceso legislativo.
Para los emisores, custodios e intermediarios, la conclusión práctica es concreta: mantener el acceso no significa dejar de preparar la continuidad. Hay que identificar los servicios cubiertos, revisar el artículo 25 y las disposiciones transitorias del CSDR, comprobar las cadenas indirectas de dependencia, evaluar las alternativas y registrar la decisión. Para los responsables de riesgo y resiliencia, el caso recuerda algo menos vistoso pero más importante que cualquier eslogan: la infraestructura crítica también puede fallar por una fecha jurídica mal gestionada.
ESMA ha comprado tiempo. Ahora corresponde a las entidades demostrar que saben en qué gastarlo.
Nota editorial
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