Imagen generada por IAUn fondo que promete impacto positivo no puede quedarse en la palabra impacto. Un bono que se presenta como instrumento de transición climática tampoco puede esconder su ambición detrás de una flecha ascendente y una fecha lejana. Ese es el mensaje práctico que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) lanza este 12 de octubre de 2026 con dos nuevas notas temáticas sobre comunicaciones de sostenibilidad.
Las publicaciones abordan dos terrenos donde el marketing financiero suele correr más que la evidencia: las declaraciones de impacto positivo y las afirmaciones sobre transición climática. No crean nuevas obligaciones regulatorias ni fijan un nivel obligatorio de ambición. Pero ofrecen algo que, para los equipos de compliance, puede resultar bastante más incómodo que una regla nueva: ejemplos concretos de lo que el supervisor considera una comunicación clara, justa y no engañosa.
La diferencia importa. Una norma nueva activa un proyecto de adaptación con responsables, presupuesto y fecha de cierre. Una expectativa supervisora sobre cómo debe explicarse una promesa obliga a revisar materiales comerciales, metodologías, datos, controles de aprobación y la trazabilidad entre lo que se dice y lo que realmente se mide. El folleto puede seguir siendo formalmente correcto y, aun así, la campaña, la presentación a inversores o la página web convertirse en el punto débil.
ESMA insiste en que sus notas no deben interpretarse como una prescripción sobre el nivel de ambición que debe tener un fondo, un bono o un índice. Tampoco pretenden anticipar el resultado de la revisión en curso del Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR). La autoridad las presenta como observaciones y ejemplos destinados a mejorar la comprensión de las expectativas existentes.
La frase puede sonar tranquilizadora. No conviene leerla como una licencia para seguir igual.
El principio que ESMA coloca en el centro es conocido: las comunicaciones deben ser claras, justas y no engañosas. Lo relevante es que ahora la autoridad lo aplica a dos tipos de afirmaciones que suelen parecer aspiracionales, y por tanto difíciles de verificar. La nota sobre impacto pregunta qué diferencia se espera conseguir, cómo se pretende generarla y cómo se medirán los resultados. La nota sobre transición exige explicar la ambición, el modo de ejecución, la evaluación del progreso y la comunicación de resultados, incluidos los supuestos, las limitaciones de los datos y las dependencias externas.
Esto cambia la conversación interna. Hasta ahora, muchas revisiones de sostenibilidad se han concentrado en el folleto, la información precontractual y los informes periódicos. El enfoque de ESMA empuja a ampliar el inventario: presentaciones comerciales, fichas de producto, páginas de producto, declaraciones de gestores, informes de impacto, documentos de emisiones, materiales de índices y cualquier comunicación no regulatoria dirigida a inversores o distribuidores.
La palabra decisiva es claims, o afirmaciones. No se trata únicamente de si el producto cumple una categoría regulatoria. Se trata de si una persona razonable puede entender qué se promete, con qué grado de certeza y sobre qué base. Un nombre de producto, un titular publicitario o un gráfico pueden sugerir una conclusión que el texto legal matiza varias páginas después. El supervisor europeo parece querer mirar precisamente esa distancia.
La primera nota se ocupa de las declaraciones de impacto positivo realizadas a través de fondos y bonos. El problema que identifica ESMA es sencillo de describir y difícil de gestionar: los participantes del mercado entienden el impacto positivo de maneras diferentes y atribuyen distintos niveles de ambición a sus afirmaciones.
Un fondo puede invertir en empresas que ya generan resultados sociales o ambientales favorables. Otro puede financiar proyectos destinados a producirlos. Un tercero puede intentar modificar la conducta o la trayectoria de las compañías en cartera mediante diálogo, voto y escalado de la presión. Los tres podrían utilizar palabras como impacto, pero no están prometiendo lo mismo.
El primer trabajo de compliance consiste, por tanto, en definir el mecanismo. ¿El producto aporta capital nuevo? ¿Financia una actividad que no habría recibido recursos en las mismas condiciones? ¿Busca una mejora medible en una empresa existente? ¿La gestora atribuye al fondo todo el resultado o solo una contribución parcial? Si esas preguntas no tienen respuesta documentada, la afirmación de impacto probablemente está haciendo demasiado trabajo con muy pocas pruebas.
La nota de ESMA pide explicar qué diferencia se espera generar y cómo se pretende producirla. Eso obliga a separar tres conceptos que en el material comercial suelen mezclarse: exposición, contribución y resultado.
Poseer acciones de una empresa que reduce sus emisiones no demuestra que el fondo haya causado esa reducción. Financiar un bono verde no demuestra por sí solo que el capital haya generado una mejora adicional. Incluir una compañía con buenos indicadores sociales en una cartera demuestra selección o exposición, pero no necesariamente impacto atribuible al producto.
Una política de impacto sólida debería poder describir una cadena causal: recursos asignados, actividad financiada, resultado inmediato, efecto esperado y método de atribución. No hace falta que todo pueda expresarse con una falsa precisión decimal. Sí hace falta explicar qué se mide, durante cuánto tiempo, frente a qué referencia y qué factores externos pueden haber influido.
Para un fondo, esa cadena puede incluir la política de inversión, los criterios de elegibilidad, el engagement, los hitos de votación y los indicadores de resultado. Para un bono, deberá conectar el uso de los fondos o los objetivos de sostenibilidad con una metodología de seguimiento. Si el emisor solo comunica que el bono está alineado con una taxonomía o con un marco de bonos verdes, no debería convertir automáticamente esa alineación en una afirmación de impacto conseguido.
ESMA también pone el foco en cómo se medirán los resultados. Una lista extensa de métricas puede parecer rigurosa y ser completamente inútil si no aclara qué decisión permite tomar cada indicador.
El número de toneladas de CO2 evitadas, por ejemplo, depende del escenario de referencia, del perímetro de emisiones, de la calidad del dato y de las hipótesis utilizadas. En inclusión financiera, el número de nuevos clientes puede ocultar la calidad del acceso, la permanencia, el coste del producto o el sobreendeudamiento. En biodiversidad, un dato sobre superficie protegida no explica por sí solo la mejora ecológica ni la adicionalidad del proyecto.
El control no consiste en exigir una métrica perfecta. Consiste en impedir que una cifra técnicamente disponible se presente como prueba de un resultado que no mide. Las fichas de producto deberían distinguir entre indicadores de actividad, de resultado y de impacto. También deberían identificar los datos estimados, la frecuencia de actualización, la cobertura de la cartera y los casos en que el indicador no resulta comparable.
Una afirmación como generamos impacto positivo requiere más respaldo que otra como invertimos en activos vinculados a una determinada actividad ambiental. La primera comunica un resultado; la segunda describe una característica de la cartera. La revisión debe detectar cuándo el lenguaje da un salto desde lo que el producto posee hasta lo que supuestamente ha conseguido.
La segunda nota analiza afirmaciones de transición climática observadas en fondos, bonos y benchmarks. Aquí el riesgo tiene una forma distinta. Las afirmaciones suelen ser prospectivas y dependen de acciones futuras, hipótesis y factores externos. El producto no solo describe una cartera: promete una trayectoria.
Una trayectoria climática puede incluir objetivos de reducción de emisiones, inversión en tecnologías, exclusiones progresivas, diálogo con emisores, reasignación de capital o una combinación de estas herramientas. El problema aparece cuando el titular presenta la transición como un hecho consumado y relega a una nota al pie las condiciones necesarias para que ocurra.
ESMA pide comunicar cuatro piezas que deberían aparecer juntas: cuál es la ambición de transición, cómo se ejecutará, cómo se evaluará el progreso y cómo se informará sobre los resultados. La cuarta pieza suele ser la más débil. Muchos productos explican el objetivo y describen una metodología inicial, pero no dicen qué ocurrirá si la cartera se desvía, si un emisor incumple su plan o si cambia la calidad de los datos.
Una política de transición creíble no solo describe el escenario de éxito. También define qué pasa cuando el supuesto central no se cumple.
Si un fondo exige a las empresas participadas una mejora anual de determinados indicadores, debe aclarar qué ocurre cuando no hay progreso. ¿Se intensifica el diálogo? ¿Se vota contra determinados acuerdos? ¿Se reduce la posición? ¿Se excluye al emisor? ¿Se mantiene la inversión porque el engagement forma parte de la estrategia? Cualquiera de esas opciones puede ser defendible. Lo difícil de defender es no haber elegido ninguna.
En los bonos, la comunicación debe distinguir entre el compromiso del emisor, el uso de los fondos y los mecanismos vinculados al cumplimiento de objetivos. Un bono puede financiar proyectos con beneficios ambientales y, al mismo tiempo, no demostrar que el emisor está transformando su modelo de negocio. También puede tener objetivos de transición ambiciosos cuya consecución dependa de tecnologías, permisos, precios energéticos o decisiones regulatorias fuera del control del emisor.
Los benchmarks añaden otra capa. Un índice climático no es una entidad que reduzca emisiones por sí misma; es una metodología para seleccionar, ponderar o excluir activos. La comunicación debe explicar qué representa el índice, qué universo utiliza, qué restricciones aplica y con qué frecuencia se reequilibra. Si el benchmark se presenta como una vía de transición de la economía, la metodología debe sostener esa afirmación sin confundir la evolución del índice con el resultado climático de las empresas incluidas.
La nota de ESMA menciona expresamente supuestos, limitaciones de datos y dependencias. No son tecnicismos accesorios. Son las condiciones que determinan si una promesa puede cumplirse.
Un plan de transición puede depender de datos de emisiones de alcance 3 que todavía no tengan cobertura homogénea. Puede asumir que una empresa desplegará una tecnología comercialmente viable a tiempo. Puede basarse en una trayectoria sectorial que no coincida con el comportamiento real de los emisores. Puede requerir una infraestructura energética o una regulación que no existe todavía. Si el inversor solo ve el objetivo final, recibe una imagen incompleta del riesgo.
La comunicación debe señalar qué parte del análisis procede de datos reportados, qué parte es estimada y qué variables pueden cambiar el resultado. No hace falta convertir el folleto en un tratado sobre incertidumbre. Sí hay que evitar que la incertidumbre desaparezca por razones de diseño.
Las notas temáticas se refieren a comunicaciones no regulatorias. Esa precisión puede llevar a algunos equipos a pensar que el problema corresponde al departamento de marketing. Sería un error operativo.
Una afirmación publicada en una web, en una presentación de ventas o en una entrevista puede entrar en conflicto con la información precontractual del producto. Cuando eso ocurre, la cuestión ya no es quién redactó el texto, sino qué versión de la realidad recibe el inversor y cuál utiliza el distribuidor para vender.
La revisión debería abarcar, como mínimo, cinco capas de comunicación: nombres y descripciones de productos; páginas web y campañas; presentaciones y argumentarios de ventas; documentos de emisiones e información sobre bonos; y metodologías o notas técnicas de índices. También conviene incluir intervenciones públicas de gestores y directivos cuando describan las características o los resultados de un producto concreto.
El control más útil no es una aprobación lingüística al final del proceso. Es un registro de afirmaciones. Cada claim relevante debería tener un propietario, una definición operativa, una fuente de datos, una fecha de validación, las limitaciones conocidas y una referencia al documento donde se explica con más detalle. Cuando la afirmación sea prospectiva, el registro debería incluir los supuestos y el criterio para determinar si sigue siendo válida.
La revisión legal debe trabajar con inversión y sostenibilidad, no recibir un folleto terminado para decidir si la palabra transformador resulta demasiado entusiasta. Si la metodología no puede explicar el claim, cambiar una palabra no arreglará el problema. Solo lo maquillará.
Para las gestoras, el primer efecto será una revisión de la arquitectura de producto. Las afirmaciones de impacto y transición suelen aparecer en varias piezas con matices distintos. El nombre del fondo puede hablar de transición, la página web de descarbonización, la presentación comercial de impacto y el informe periódico de engagement. El inversor, sin embargo, recibe una sola impresión.
La gestora debe decidir si cada afirmación describe una característica, un proceso, una contribución o un resultado. Después tendrá que comprobar que el nivel de evidencia aumenta en ese mismo orden. Una frase sobre el objetivo de inversión necesita una base distinta de una frase que afirma que el fondo ha generado resultados ambientales o sociales.
Para los emisores de bonos, la cuestión se desplaza hacia la conexión entre el marco de financiación, el uso de los fondos, los indicadores y la ejecución corporativa. Las comunicaciones de transición deberían explicar qué decisiones empresariales sostienen la trayectoria y qué elementos dependen de terceros. Presentar una emisión como financiación de transición sin describir la transformación que debe financiar deja al inversor con una etiqueta, no con una tesis de inversión verificable.
Los administradores de índices tendrán que revisar las frases que atribuyen al benchmark propiedades que pertenecen a sus componentes. La metodología debe ser suficientemente clara para que un inversor pueda entender el universo, las exclusiones, los umbrales, los datos utilizados y el proceso de reequilibrio. Si una modificación metodológica cambia la ambición climática del índice, el cambio no debería aparecer como una nota técnica invisible para quien sigue utilizando el nombre anterior.
Los distribuidores también tienen trabajo. Una comunicación simplificada puede ser legítima, pero no debería eliminar justo las condiciones que hacen inteligible la promesa. El argumentario de ventas y la ficha del producto deben conservar la distinción entre objetivo, proceso y resultado. Si un distribuidor convierte una estrategia de diálogo en una garantía de transformación, el riesgo no desaparece porque la frase no estuviera en el folleto original.
La publicación llega mientras continúa la revisión del SFDR. ESMA deja claro que sus notas no prescriben una categoría de producto ni anticipan una solución para esa revisión. Conviene mantener esa frontera.
El SFDR regula divulgaciones de sostenibilidad de los participantes en los mercados financieros y de los productos financieros. La CSRD, por su parte, establece obligaciones de información de sostenibilidad para determinadas empresas mediante la Directiva 2013/34/UE modificada por la Directiva (UE) 2022/2464. Ninguna de las dos convierte automáticamente una afirmación comercial en verdadera.
La información corporativa reportada bajo CSRD puede alimentar el análisis de una gestora, pero no resuelve por sí sola la atribución del impacto de un fondo. Del mismo modo, una clasificación o divulgación realizada bajo SFDR no autoriza a presentar el producto como creador de un resultado que los datos no demuestran. La consistencia entre marcos es útil; la equivalencia entre ellos, peligrosa.
Para los equipos de compliance, esto significa que la matriz de evidencias debería identificar el origen y la finalidad de cada dato. Un indicador utilizado para una divulgación regulatoria puede no ser suficiente para respaldar una afirmación de impacto. Un objetivo corporativo publicado por una participada puede ser relevante para una estrategia de transición, pero no constituye una garantía de cumplimiento. El puente entre dato y claim debe estar documentado.
La revisión del SFDR añade incertidumbre de diseño. Algunas entidades pueden esperar a que cambien las categorías o los requisitos antes de revisar su lenguaje comercial. Esa estrategia ahorra trabajo solo en apariencia. Las notas de ESMA se apoyan en principios de comunicación que ya existen y que seguirán siendo relevantes aunque cambien etiquetas, plantillas o categorías.
Antes de aprobar una afirmación de impacto o transición, un comité debería poder contestar seis preguntas sin recurrir a una presentación de cuarenta diapositivas.
Esta prueba no es una nueva obligación creada por ESMA. Es una forma razonable de operacionalizar su expectativa de comunicaciones claras, justas y no engañosas. También ayuda a detectar una señal frecuente: cuando el equipo puede defender cada métrica por separado, pero no puede explicar qué conclusión conjunta debería extraer el inversor.
La discusión pública sobre greenwashing suele plantearse como si el supervisor tuviera que demostrar una falsedad explícita. En la práctica, el riesgo aparece también cuando una comunicación técnicamente cierta produce una impresión materialmente más ambiciosa que la evidencia disponible.
Un fondo puede tener una cartera con menor intensidad de carbono que su índice y, sin embargo, no estar financiando una transición real de las empresas. Un bono puede asignar capital a proyectos elegibles y no demostrar que el emisor ha cambiado su trayectoria. Un índice puede excluir actividades intensivas en carbono y seguir dejando al inversor sin información sobre la evolución absoluta de las emisiones.
La precisión aislada no salva una impresión engañosa. Una página puede incluir todas las salvedades legales y colocar en el titular una promesa que el lector medio recordará sin ellas. De ahí que las notas de ESMA sean relevantes aunque no introduzcan artículos nuevos: obligan a revisar la jerarquía de la información, no solo su existencia.
La ironía es que cuanto más sofisticada es la metodología, más fácil resulta esconder una afirmación débil detrás de ella. Un modelo complejo no convierte una hipótesis en un resultado observado. Un cuadro con muchas columnas no sustituye a una explicación causal. Y un objetivo para 2040 no es una reducción conseguida en 2026.
Las dos notas publicadas el 12 de octubre de 2026 deben leerse como una señal de supervisión sobre la calidad del lenguaje financiero sostenible. ESMA no está diciendo que todos los productos tengan que demostrar el mismo impacto ni que exista una única forma válida de ejecutar una transición climática. Está diciendo algo más básico y más exigente: quien formule una promesa debe explicar su significado, su mecanismo, su medición y sus límites.
Las entidades que esperen una obligación formal para revisar sus comunicaciones llegarán tarde al problema real. La exposición más inmediata no está necesariamente en una infracción evidente del folleto, sino en la contradicción entre la promesa comercial y la evidencia que el equipo de inversión puede aportar cuando alguien pregunta: ¿qué diferencia ha producido este producto?
La respuesta no tiene que ser perfecta. Debe ser concreta. Debe identificar qué se sabe, qué se estima, qué se espera y qué podría impedir que ocurra. Para impacto y transición, esa separación ya no es una cuestión de estilo. Es la frontera entre una comunicación defendible y otra que el mercado puede interpretar como greenwashing.
Las notas de ESMA no viven aisladas. Su efecto práctico aparece cuando una afirmación comercial se cruza con las obligaciones de información, gobierno del dato y control interno que ya pesan sobre la entidad. La primera pregunta no es si el folleto utiliza la palabra «impacto», sino quién puede demostrar, con qué metodología y en qué documento, que ese impacto existe o se espera razonablemente.
La CSRD art. 1 sitúa la información de sostenibilidad dentro del sistema formal de reporting corporativo, no en el cajón separado del marketing. Esto no convierte automáticamente cada publicación comercial en un informe CSRD, pero sí ofrece una referencia operativa: cuando una gestora, una aseguradora o una empresa financiada comunica una métrica ambiental, debe poder reconciliarla con las definiciones, perímetro y datos utilizados en su información corporativa. Si la web habla de reducción de emisiones y el informe de sostenibilidad utiliza otro año base, otra frontera de medición o excluye la cadena de valor, el problema no es estilístico. Es una ruptura de trazabilidad.
Ahí entra ISO 27001 anexo A. Sus controles sobre gestión de activos de información, protección de registros y control de acceso no validan que una afirmación climática sea verdadera, pero sí ayudan a impedir que la evidencia desaparezca, se modifique sin rastro o circule sin propietario. Para compliance, la traducción es concreta: inventario de fuentes, responsable de cada indicador, versión de la metodología, registro de aprobaciones y conservación de los soportes utilizados para una campaña. El mismo principio puede reforzarse con NIST CSF 2.0 GV.RM, que encuadra la gestión de riesgos dentro de la gobernanza y exige conectar los riesgos con las prioridades y obligaciones de la organización. Una afirmación de transición sin dueño, tolerancia al error ni criterio de escalado es un riesgo de comunicación pendiente de ser reconocido.
El resultado es un control de tres capas. Producto debe definir qué significa «impacto» o «transición»; sostenibilidad debe documentar la métrica y sus límites; compliance y legal deben comprobar que el lenguaje comercial no promete más de lo que permiten los datos. El expediente debería conservar también las exclusiones: activos no cubiertos, supuestos de escenario, dependencia de terceros y condiciones que podrían frustrar el objetivo. La flecha ascendente del folleto no sustituye a ninguno de ellos.
El riesgo cambia según quién emita la promesa y dónde la reciba el cliente. En banca, una afirmación sobre una cartera de financiación sostenible puede alcanzar al producto de inversión, al bono emitido y a la comunicación corporativa del grupo. La consecuencia medible es la multiplicación de puntos de reconciliación: la cifra publicada por relaciones con inversores debe poder conectarse con la elegibilidad de activos, los datos de las contrapartes y los criterios aplicados por el comité de producto. Una desviación no documentada puede obligar a retirar materiales, corregir presentaciones y revisar decisiones de asignación.
Para las aseguradoras, la dificultad está menos en una cartera visible y más en demostrar cómo la transición modifica suscripción, selección de riesgos y gestión de siniestros. Decir que una póliza o una estrategia «apoya la transición» exige identificar qué conducta, inversión o reducción de exposición se espera provocar. Si la afirmación se limita a excluir determinados sectores, no equivale automáticamente a demostrar impacto. El control útil es comparar la promesa con indicadores de suscripción, exposición y evolución de la cartera, con una periodicidad definida y un criterio para retirar la etiqueta cuando no se cumplan las condiciones.
Las fintech concentran el riesgo en la velocidad. Una aplicación puede cambiar el texto de una pantalla, el orden de los productos o el cálculo de una puntuación ambiental sin pasar por el circuito de aprobación diseñado para un folleto. Cuando el algoritmo personaliza mensajes, la entidad debe conservar qué versión vio cada usuario y qué datos sostuvieron la recomendación. Si además utiliza un sistema de IA que determine acceso, priorización o características esenciales de un producto, el análisis puede cruzarse con el AI Act art. 6 sobre sistemas de alto riesgo; no toda herramienta de marketing entra en esa categoría, pero la clasificación debe quedar documentada, no asumida.
En infraestructuras críticas, la promesa suele viajar unida a financiación de proyectos, bonos de transición o contratos públicos. El comprador no evalúa únicamente una etiqueta: necesita saber qué activo se transformará, en qué plazo, con qué dependencia tecnológica y qué ocurre si el hito no se alcanza. La evidencia ambiental comparte entonces espacio con controles de continuidad, proveedores y datos operativos. Si esos sistemas no generan registros consistentes, la comunicación será tan sólida como el dato más débil de la cadena. ESMA no ha creado una auditoría climática nueva; ha hecho algo más incómodo: ha acercado el foco supervisor al momento exacto en que una hipótesis se convierte en promesa comercial.
Nota editorial
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