Imagen generada por IAEl colateral tokenizado ha dejado de ser una demostración de laboratorio para convertirse en una pregunta incómoda para las cámaras de compensación: ¿puede convertirse en liquidez cuando un miembro incumple y el mercado está cerrado?
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha lanzado el 9 de octubre de 2026 una Call for Evidence sobre el posible uso de activos tokenizados como garantías de las entidades de contrapartida central (CCP). Las partes interesadas pueden enviar sus contribuciones hasta el 15 de enero de 2027. ESMA prevé evaluar las respuestas durante el primer trimestre de 2027 y decidir después si necesita medidas regulatorias, supervisoras o de convergencia.
No es todavía una autorización, una reforma de EMIR ni un pasaporte para que las cámaras empiecen a aceptar cualquier activo inscrito en una cadena de bloques. Es algo más útil y menos espectacular: el supervisor está intentando averiguar si las infraestructuras existentes pueden soportar una nueva forma de propiedad y liquidación sin rebajar los estándares que protegen al mercado cuando todo va mal.
Ahí está el verdadero asunto. La tokenización puede acortar ciclos de liquidación, automatizar transferencias y mejorar la movilización transfronteriza de garantías. Pero una CCP no necesita que el colateral sea moderno. Necesita que sea de alta calidad, jurídicamente ejecutable, líquido y accesible de forma operativa incluso durante el default de un miembro. Si el token no puede venderse, transferirse o convertirse en efectivo en ese momento, su sofisticación tecnológica vale exactamente cero.
El comunicado de ESMA centra la consulta en todo el ciclo de vida del colateral: transferencia, gestión, protección y utilización. La lista importa porque desplaza la conversación desde la emisión del activo hasta el instante en que una CCP debe disponer de él sin pedir permiso a media docena de intermediarios.
El supervisor distingue varios modelos. El primero son los llamados digital twins: representaciones tokenizadas de activos que siguen existiendo en infraestructuras tradicionales. El segundo comprende activos emitidos directamente sobre tecnología de registro distribuido (DLT). También entran los modelos híbridos y su interacción con dinero tokenizado u otros activos utilizados para la liquidación.
La diferencia no es cosmética. En un digital twin, la cuestión crítica es la conexión entre el token y el activo subyacente: quién mantiene el registro jurídicamente relevante, qué ocurre si ambos registros divergen y cómo se ejecuta el derecho sobre el activo tradicional. En un activo nativo de DLT, el problema se desplaza a la irrevocabilidad, la gobernanza de la red, las claves, el mecanismo de consenso y la posibilidad de que un tribunal o un administrador concursal reconozcan al titular que aparece en el registro.
ESMA quiere respuestas especialmente sobre el escenario de default de un miembro compensador. No es una elección casual. La resiliencia de una CCP no se mide por la velocidad con la que funciona en un día tranquilo, sino por su capacidad para cerrar posiciones, valorar garantías y obtener liquidez cuando un participante importante deja de responder.
El artículo 46 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, conocido como EMIR, establece los principios aplicables al colateral que reciben las CCP: debe ser suficientemente líquido y tener un riesgo de crédito y de mercado mínimo, con garantías adecuadas para hacer frente a las exposiciones. El artículo 41 trata las exigencias de márgenes y el artículo 48 regula los procedimientos cuando un miembro incumple. La consulta de ESMA no sugiere que esos objetivos vayan a desaparecer por el hecho de que la garantía tenga una representación digital.
La frase más relevante del anuncio es precisamente la menos futurista: las salvaguardas fundamentales aplicables al colateral deben permanecer sin cambios. Traducido al lenguaje de una sala de crisis: la CCP tendrá que poder tomar control, valorar, segregar, transferir y monetizar el activo con la misma seguridad —o mayor— que hoy.
En condiciones normales, casi cualquier arquitectura puede parecer eficiente. Las instrucciones se cursan, los saldos cuadran y los participantes contestan al teléfono. El examen serio empieza cuando la cámara declara un default y necesita utilizar garantías inmediatamente.
Para que un activo tokenizado sea aceptable como colateral, la CCP tendrá que resolver al menos cinco preguntas operativas. La primera es quién puede mover el token. ¿La cámara tiene control directo? ¿Necesita la intervención de un custodio, un emisor, un operador de red o un proveedor de servicios de claves? Cada dependencia añade un punto de fallo y puede convertir un supuesto activo líquido en una promesa condicionada.
La segunda es cuánto tarda la conversión en efectivo. No basta con demostrar que el token puede transferirse entre dos carteras. En un default, la CCP puede necesitar venderlo, pignorarlo, entregarlo en una operación de financiación o convertirlo en dinero de liquidación. El análisis debe incluir horarios de mercado, profundidad de las órdenes, límites de concentración, haircuts y la disponibilidad de contrapartidas durante un episodio de estrés.
La tercera es qué sucede si la red DLT está congestionada, suspendida o sometida a una actualización incompatible. Una transferencia que normalmente confirma en segundos puede quedar pendiente justo cuando el reloj de gestión del default corre en sentido contrario. El diseño debe contemplar indisponibilidad del registro, pérdida de conectividad, errores de sincronización y la posibilidad de que existan dos estados aparentemente válidos del activo.
La cuarta afecta a la finalidad de la liquidación. La Directiva 98/26/CE sobre firmeza de la liquidación protege determinados sistemas de pago y liquidación frente a los efectos de los procedimientos de insolvencia, especialmente respecto de las órdenes introducidas en el sistema y su irrevocabilidad. Pero la protección no aparece automáticamente porque una plataforma utilice DLT. Habrá que determinar si el sistema, sus participantes y sus reglas encajan en el régimen aplicable, qué momento produce la firmeza y qué ley rige la operación.
La quinta es la insolvencia. El token puede mostrar que una dirección controla un activo, pero una dirección no es necesariamente una persona jurídica, ni el control técnico equivale siempre a propiedad o a un derecho de garantía oponible. En una reestructuración o liquidación, la CCP necesita saber si puede hacer valer su derecho frente al miembro, sus acreedores, el custodio y el emisor. La respuesta debe resistir no solo una auditoría técnica, sino también una disputa judicial.
El artículo 48 de EMIR obliga a las CCP a actuar conforme a sus reglas y procedimientos de default. Si esas reglas descansan en un smart contract o en una infraestructura externa, el contrato operativo no puede reducirse a una cláusula que diga que la transacción es automática. Debe describir qué activa la transferencia, quién puede detenerla, cómo se corrige un error y qué sucede cuando la automatización y una orden judicial apuntan en direcciones distintas.
La tokenización también reabre un problema clásico de postcontratación: la segregación. En una infraestructura tradicional, la documentación de la CCP, el custodio y el miembro identifica qué activos pertenecen al cliente, cuáles son del miembro y qué puede reutilizarse. En una arquitectura tokenizada, esa separación tendrá que estar reflejada en las reglas del registro, en las cuentas o wallets, en las autorizaciones y en los procedimientos de recuperación.
EMIR contiene obligaciones específicas de segregación y protección de posiciones y garantías de clientes. El artículo 39 exige que las CCP ofrezcan mecanismos para distinguir los activos y posiciones de un miembro de los de sus clientes, y para mantener una separación adecuada entre clientes cuando proceda según el modelo elegido. El artículo 47 aborda la inversión de activos y exige que se mantengan de forma segura y con atención a la protección de derechos.
El problema práctico es que una wallet ómnibus y una wallet segregada no son equivalentes desde el punto de vista jurídico o operativo. Una dirección única puede contener saldos de múltiples clientes, mientras que el desglose económico vive en un libro auxiliar. Ese modelo puede funcionar, pero obliga a demostrar que el libro auxiliar es fiable, que las reconciliaciones son frecuentes y que el administrador puede reconstruir los derechos si la red deja de estar disponible.
La segregación tampoco resuelve por sí sola la reutilización. Si una garantía tokenizada puede movilizarse varias veces, el diseño debe identificar la cadena de derechos, el consentimiento necesario y el momento en que la CCP adquiere control suficiente para ejecutar el colateral. Un smart contract puede impedir transferencias no autorizadas; también puede bloquear una transferencia legítima si la lógica no contempla un procedimiento de emergencia. La automatización no sustituye a la gobernanza. Solo hace que sus errores sean más rápidos.
Para las entidades financieras, esto conecta la consulta de ESMA con obligaciones de control que ya existen. Una firma que participe en un modelo piloto debería documentar la titularidad, las instrucciones de transferencia, las reconciliaciones entre registros, la custodia de claves, la gestión de privilegios y el procedimiento de recuperación ante pérdida o compromiso de una wallet. Sin esa evidencia, la afirmación de que el activo está segregado será difícil de defender ante un supervisor o un administrador concursal.
La consulta plantea otra cuestión que suele quedar sepultada bajo la palabra innovación: si la tokenización de un colateral ya elegible modifica su perfil de riesgo.
Imaginemos un activo de alta calidad que ya puede aceptarse como garantía. Su versión tokenizada puede añadir riesgos que no estaban presentes en el activo original: dependencia de una red concreta, riesgo de concentración en un emisor o custodio, fallos de contratos inteligentes, exposición a oráculos de precios, vulnerabilidad de claves, interrupciones de nodos y problemas para demostrar la titularidad en varias jurisdicciones.
El activo económico puede ser idéntico; la infraestructura de acceso no lo es. Por eso un marco de valoración que solo aplique el haircut histórico del activo subyacente quedaría incompleto. La CCP tendrá que evaluar si necesita un ajuste adicional por liquidez tecnológica, complejidad legal, dependencia operativa o correlación entre el fallo de la red y el estrés del mercado.
El riesgo de correlación merece atención. Si muchos miembros utilizan la misma red, el mismo proveedor de custodia, el mismo sistema de gestión de claves o el mismo puente entre DLT y dinero tradicional, un incidente común puede afectar simultáneamente a varias garantías. La diversificación nominal de los activos no equivale a diversificación operativa. Diez tokens emitidos sobre una red que deja de responder siguen siendo, en la práctica, una sola exposición a esa red.
La valoración añade otra capa. Un precio observable para el activo subyacente no garantiza una valoración continua para el token si existe una prima o descuento por transferibilidad, restricciones de jurisdicción o ausencia de mercado secundario. El reglamento delegado de EMIR sobre requisitos para CCP, el Reglamento Delegado (UE) n.º 153/2013, exige marcos de valoración y gestión de garantías robustos. La cuestión para una arquitectura tokenizada será demostrar cómo se aplican esos principios cuando el precio, la disponibilidad y la posibilidad de ejecución divergen.
También habrá que diferenciar entre una tokenización puramente representativa y una que incorpora derechos adicionales. Un token que solo refleja un bono custodiado no tiene el mismo perfil que un token cuyo reembolso depende de un emisor tecnológico, de una reserva de efectivo o de un mecanismo algorítmico. Mezclar ambos modelos bajo la etiqueta de activo tokenizado produciría un catálogo de colateral aparentemente amplio, pero regulatoriamente poco manejable.
ESMA menciona expresamente la interacción con dinero tokenizado y otros activos de liquidación. Es una pista importante. La eficiencia de un colateral tokenizado queda limitada si su conversión final exige volver a una infraestructura tradicional lenta, con horarios reducidos o múltiples intermediarios.
Una CCP puede recibir un bono tokenizado en segundos y seguir necesitando una cuenta bancaria, una transferencia convencional o una venta en un mercado que no opera de forma continua para obtener efectivo. La operación puede ser digital en el primer tramo y manual en el último. No es un defecto de la DLT; es la consecuencia de conectar sistemas con reglas y horarios distintos.
La arquitectura debe decidir qué significa liquidar. ¿Se entrega el token contra dinero tokenizado en una red común? ¿Se utiliza una cuenta de efectivo en banco central? ¿El dinero tokenizado representa un depósito, dinero electrónico, un instrumento de pago o un activo con otra naturaleza jurídica? Cada respuesta cambia el análisis de reservas, insolvencia, firmeza y riesgo de contraparte.
El Reglamento (UE) 2022/858 sobre un régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en DLT ofrece un canal regulatorio para determinados sistemas de negociación, liquidación y negociación-liquidación, con condiciones y límites específicos. Pero el régimen piloto no convierte cualquier infraestructura de DLT en un sistema de liquidación jurídicamente final ni resuelve por sí mismo el tratamiento del colateral de una CCP. Las entidades deberán identificar qué pieza de la operación cae dentro del régimen y cuál sigue dependiendo de EMIR, de la legislación de valores, de las normas de insolvencia y de los acuerdos contractuales.
Este cruce de normas es donde pueden aparecer los retrasos reales. Una CCP autorizada bajo EMIR puede interactuar con un custodio, un banco, una plataforma DLT y un emisor de dinero tokenizado sometidos a marcos distintos. Si cada actor define de manera diferente el momento de transferencia, la firmeza o la titularidad, el supuesto ahorro operativo se convierte en una discusión jurídica durante una crisis. Y una crisis no es el mejor momento para descubrir que cuatro reglamentos utilizan la palabra liquidación con significados distintos.
La consulta no es una consulta de ciberseguridad en sentido estricto, pero las decisiones tecnológicas determinarán si el modelo puede ser supervisable. Una CCP que dependa de una red DLT tendrá que tratarla como una infraestructura crítica del proceso de colateral, no como una aplicación más.
El Reglamento (UE) 2022/2554 sobre resiliencia operativa digital (DORA) exige a las entidades financieras un marco de gestión del riesgo de las tecnologías de la información y la comunicación, con identificación de activos y dependencias, medidas de protección, detección, respuesta, recuperación y aprendizaje. El artículo 6 exige un marco de gestión del riesgo ICT; los artículos 11 y 12 cubren respuesta y recuperación, incluidos los planes de continuidad y recuperación; el artículo 24 regula las pruebas de resiliencia operativa digital. La aplicación práctica dependerá del tipo de entidad y de la función prestada, pero la lógica es directamente relevante para una infraestructura tokenizada.
La pregunta no es solo si el registro funciona. Es si la CCP puede seguir cumpliendo sus funciones cuando un nodo crítico no está disponible, cuando se compromete una clave con privilegios administrativos, cuando una actualización cambia la lógica del contrato o cuando un proveedor deja de prestar servicio. La prueba debe incluir la lectura y reconstrucción de saldos, la suspensión controlada de transferencias, el uso de procedimientos alternativos y la conciliación posterior.
El artículo 28 de DORA establece requisitos para la gestión del riesgo asociado a terceros proveedores de servicios ICT. Los artículos 29 y 30 exigen, entre otras cuestiones, una estrategia de riesgo y elementos que deben figurar en los contratos. Si una CCP o un miembro dependen de un proveedor que opera nodos, custodia claves, suministra un puente entre redes o mantiene el libro auxiliar, esa relación no puede quedarse en el inventario comercial de proveedores. Debe mapearse como una dependencia que puede afectar a una función crítica o importante.
Los contratos tendrán que responder a preguntas muy concretas: dónde se almacenan los datos y las claves, qué nivel de disponibilidad se garantiza, cuánto tarda la recuperación, quién puede ordenar una pausa, cómo se audita el código, qué información se entrega si termina el servicio y cómo se coopera con el supervisor. En un entorno distribuido, el proveedor puede alegar que no controla toda la red. Eso no elimina la necesidad de identificar quién tiene capacidad efectiva para alterar, detener o recuperar la operación.
La gobernanza de claves merece su propio análisis. Una clave comprometida puede transferir un activo legítimamente, desde el punto de vista de la red, pero fraudulentamente desde el punto de vista de la entidad. La solución no pasa solo por almacenar claves en un módulo de seguridad hardware. Hace falta definir la segregación de funciones, los límites de importe, la autorización múltiple, la rotación, la recuperación y la respuesta ante compromiso. También debe existir una vía para demostrar qué ocurrió y quién autorizó cada movimiento.
Las pruebas de penetración tradicionales tampoco bastan. El alcance debería incluir contratos inteligentes, interfaces entre redes, oráculos, APIs, wallets, controles de administración, reconciliaciones y mecanismos de pausa. Una auditoría de código no acredita que el procedimiento de default funcione. Un simulacro de default que no incluye indisponibilidad de la red tampoco acredita resiliencia. La prueba útil combina tecnología, operaciones, legal, riesgo y tesorería.
La consulta de ESMA se dirige a todos los interesados, no solo a las CCP. Eso incluye bancos miembros, clientes, custodios, emisores, operadores de DLT, proveedores tecnológicos y asociaciones de mercado. Cada grupo tiene un incentivo distinto y debería aportar evidencia, no eslóganes.
Los miembros compensadores tendrán que analizar qué ocurre con sus procesos de aportación de margen, conciliación y gestión de liquidez. Un banco puede aceptar que un activo tokenizado sea técnicamente transferible y, aun así, no poder movilizarlo dentro de sus límites internos de riesgo, de sus políticas de colateral o de sus líneas de financiación. El cuello de botella puede estar en tesorería, no en la red.
Los custodios deben explicar cómo documentan la titularidad, cómo separan activos, cómo protegen claves y cómo responden a una orden de la CCP durante la insolvencia de un cliente o miembro. Los operadores DLT deberían aportar datos sobre disponibilidad, gobernanza, historial de incidentes, gestión de actualizaciones, dependencia de nodos y recuperación. Los emisores tendrán que aclarar el vínculo entre el token y el activo subyacente, así como los derechos del tenedor y el procedimiento de sustitución o cancelación.
Las respuestas más valiosas serán las que incluyan diagramas de flujo, reglas de liquidación, tiempos medidos, escenarios de fallo y pruebas de ejecución. ESMA no necesita otra declaración de que la tokenización mejora la eficiencia. Necesita saber cuánto tarda una transferencia cuando un miembro incumple, qué porcentaje del valor se puede convertir en efectivo en una hora de estrés, quién paga el coste de la liquidación y qué sucede si el activo no puede moverse durante cuatro horas.
Una entidad que participe en la respuesta debería separar tres capas. La primera es jurídica: titularidad, garantía, oponibilidad, insolvencia, firmeza y jurisdicción. La segunda es prudencial: elegibilidad, valoración, haircuts, concentración, liquidez y capacidad de ejecución. La tercera es operativa: red, claves, controles, continuidad, reconciliación, proveedores y evidencias. Si la respuesta mezcla las tres, será fácil que parezca completa y difícil que sirva para una decisión supervisora.
La fecha límite del 15 de enero de 2027 no obliga a todas las entidades a preparar un proyecto de tokenización. Sí ofrece una oportunidad para comprobar si sus inventarios de colateral y sus mapas de dependencias describen la realidad que tendrían que gestionar.
El primer paso es identificar qué activos podrían tokenizarse y qué derecho representa cada token. No basta con etiquetarlos como bonos, fondos o efectivo. Hay que documentar el emisor, el custodio, la red, el registro jurídicamente relevante, el mecanismo de transferencia y el proceso de conversión.
Después conviene dibujar el flujo completo de un default: llamada de margen, entrega, valoración, incumplimiento, toma de control, transferencia, venta o financiación, liquidación y distribución. En cada punto debe aparecer un responsable y una dependencia. Si el flujo incluye frases como depende del proveedor o se resolvería manualmente, ese es el control que necesita una respuesta, no una nota al pie.
El tercer paso es comparar el flujo con EMIR y con los estándares internos. La entidad debería revisar, como mínimo, elegibilidad y calidad del colateral conforme al artículo 46 de EMIR, márgenes conforme al artículo 41, segregación y protección de clientes conforme al artículo 39, procedimientos de default del artículo 48 y los requisitos técnicos del Reglamento Delegado (UE) n.º 153/2013. No se trata de concluir que la tecnología está permitida o prohibida en abstracto. Se trata de demostrar que cada control existente sigue funcionando con la nueva representación del activo.
El cuarto es ejecutar escenarios de fallo. Algunos serán poco vistosos y por eso mismo importantes: clave perdida, wallet bloqueada, red congestionada, divergencia entre libro auxiliar y registro, caída del proveedor de nodos, actualización incompatible, precio no disponible, custodio insolvente o disputa sobre la titularidad. La pregunta para cada escenario es la misma: ¿puede la entidad acceder al valor dentro del tiempo exigido por su marco de liquidez y de default?
El quinto es preparar una posición para la consulta de ESMA. Una respuesta sólida debería indicar qué modelo se analiza, qué activos están implicados, qué jurisdicciones intervienen, qué pruebas se han realizado, qué barreras legales persisten y qué cambios regulatorios serían necesarios. Pedir una autorización genérica para la innovación no ayudará mucho. Describir con precisión qué requisito no puede cumplirse y por qué sí será útil.
Las entidades españolas no tienen un régimen paralelo que las deje al margen de este debate. Las CCP europeas, sus miembros y los proveedores que intervienen en la cadena están sujetos a reglas europeas, mientras que la ejecución práctica puede involucrar custodios, bancos y contratos sometidos a derecho español. En una eventual estructura con participantes españoles, la revisión debería incluir el tratamiento contractual de la garantía, las reglas de insolvencia aplicables y la coordinación con las autoridades competentes. La tokenización no elimina la ley nacional; simplemente añade otra capa donde puede aparecer el conflicto.
Tras evaluar las respuestas en el primer trimestre de 2027, ESMA podrá optar por varias vías dentro de sus competencias: aclaraciones supervisoras, convergencia de prácticas, modificaciones de normas técnicas o una futura propuesta de cambio regulatorio. No hay garantía de que la consulta termine en una autorización amplia. También puede concluir que determinados modelos son aceptables solo para ciertos activos, participantes o infraestructuras.
Ese resultado sería razonable. El colateral de una CCP no es un caso de uso más para probar la eficiencia de una red. Es una pieza del mecanismo que contiene el contagio cuando falla un intermediario. Si la tokenización reduce el número de intermediarios y permite movilizar activos con mayor velocidad, puede mejorar la resiliencia. Si concentra el proceso en una red, un emisor o un proveedor de claves, puede crear un riesgo sistémico nuevo con una apariencia de automatización.
La cuestión decisiva será la interoperabilidad. ESMA habla de mercados tokenizados que operen con seguridad y a escala a través de las fronteras. Para lograrlo, las CCP no podrán limitarse a crear islas tecnológicas incompatibles. Necesitarán reglas comunes sobre identidad, transferencia, finalidad, custodia, conversión y recuperación. De lo contrario, cada infraestructura tendrá su propio token, su propio procedimiento de default y su propia interpretación de cuándo el activo está realmente disponible.
También habrá que vigilar la tentación de confundir rapidez con resiliencia. Liquidar en segundos es útil cuando el sistema funciona. Durante un estrés, la prioridad puede ser preservar la integridad del registro, impedir transferencias fraudulentas y mantener la capacidad jurídica de ejecutar. Un sistema que procesa millones de operaciones rápidamente pero no puede reconstruir una titularidad discutida no es más resiliente; solo falla con mayor rendimiento.
La consulta de ESMA abre, por tanto, una discusión más amplia sobre quién controla el colateral en un mercado parcialmente tokenizado. La respuesta no puede depender solo del código ni solo del contrato. Tendrá que combinar derechos jurídicos ejecutables, liquidez observable, controles de acceso, continuidad operativa y supervisión transfronteriza.
Las entidades que quieran participar en esta evolución deberían llegar a enero de 2027 con algo más que una presentación sobre eficiencia. Deberían poder enseñar un modelo de default probado, una matriz de dependencias, un análisis de segregación, un esquema de valoración y una respuesta clara a la pregunta que ESMA ha puesto sobre la mesa: si el miembro incumple esta noche, ¿quién puede convertir el token en liquidez y cuánto tarda?
Hasta que esa respuesta sea convincente, el colateral tokenizado seguirá siendo una promesa tecnológica con una condición financiera muy antigua: solo cuenta cuando puede hacerse efectivo bajo presión.
Nota editorial
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