Imagen generada por IAEl boletín de ESMA publicado el 29 de octubre de 2026 contiene una noticia institucional —la llegada de Carlo Comporti a la presidencia— y varias señales de supervisión que afectan directamente a bancos, gestoras, infraestructuras de mercado, fintech y proveedores tecnológicos. La más relevante no aparece aislada: la autoridad europea está colocando en la misma conversación la innovación digital, la transición a la liquidación T+1, las dependencias externas, las amenazas cibernéticas y la expansión de los servicios vinculados a criptoactivos.
La lectura fácil sería que ESMA ha publicado su boletín periódico y ha resumido la actividad de septiembre y octubre. La lectura útil es otra. La autoridad está preparando un modelo de supervisión para mercados de capitales en el que la tecnología ya no se examina como una cuestión separada del negocio. La forma en que una entidad usa una nube, liquida una operación, incorpora un nuevo servicio de activos digitales o externaliza una función crítica forma parte del mismo mapa de riesgo.
El nombramiento de Comporti fue confirmado por el Consejo de la Unión Europea y su mandato comenzó el 1 de noviembre de 2026. También figura en la edición el Programa de Trabajo Anual de ESMA para 2027, la nueva prioridad estratégica de supervisión de la Unión sobre innovación digital y las prioridades de las Autoridades Europeas de Supervisión para el próximo año. No son titulares intercambiables. Cada uno apunta a una capa distinta de presión para los responsables de riesgo, tecnología y cumplimiento.
Los boletines regulatorios suelen tener la densidad informativa de una sala de espera: muchos nombres, pocas decisiones. Este es más interesante porque reúne asuntos que, hasta hace poco, se gestionaban en departamentos distintos. La transición a T+1 corresponde al funcionamiento de los mercados y la post-contratación. La resiliencia frente a terceros tecnológicos pertenece al perímetro de riesgo operativo. MiCA afecta a la autorización y supervisión de servicios de criptoactivos. Las amenazas cibernéticas corresponden al CISO. En una entidad real, sin embargo, un fallo en un proveedor puede afectar a todos esos procesos a la vez.
Ahí está el mensaje de fondo. ESMA no está anunciando una única obligación nueva en este boletín. Está haciendo algo más relevante para quien tenga que preparar presupuestos y controles: está mostrando qué asuntos pueden convertirse en pruebas de supervisión durante 2027.
El Programa de Trabajo Anual de ESMA para 2027 se presenta con tres objetivos políticos: mercados de capitales más fuertes, sencillos e integrados. La parte operativa es menos elegante. Para lograrlo, la autoridad tendrá que evaluar si las entidades pueden prestar servicios transfronterizos con controles homogéneos, si sus infraestructuras aguantan cambios en los ciclos de liquidación y si sus proveedores externos permiten recuperar la actividad cuando algo falla.
La nueva Prioridad Estratégica de Supervisión de la Unión sobre innovación digital añade otra pista. No equivale, por sí sola, a una nueva norma tecnológica ni autoriza a ESMA a imponer controles que el legislador no haya aprobado. Sí indica que la innovación digital entra en el radar supervisor como una cuestión transversal: modelos de negocio, uso de datos, automatización, inteligencia artificial, criptoactivos y dependencia de plataformas pueden terminar examinándose bajo una misma lógica de control.
Carlo Comporti asumió la presidencia de ESMA el 1 de noviembre de 2026, después de que el Consejo de la Unión Europea confirmara su nombramiento. El dato importa por calendario y por contexto: su presidencia arranca justo cuando ESMA fija las prioridades de 2027 y cuando el ecosistema financiero europeo está absorbiendo varias transiciones operativas simultáneas.
Conviene no convertir un cambio de presidente en una revolución que la fuente no anuncia. El boletín no atribuye a Comporti una doctrina concreta sobre DORA, MiCA o inteligencia artificial. Tampoco presenta un giro normativo inmediato. Lo que sí permite observar es el punto de partida de su mandato: una ESMA que quiere contribuir a mercados más integrados mientras vigila dependencias externas, innovación digital y riesgos de estabilidad operativa.
Para los consejos de administración, la consecuencia es práctica. La pregunta ya no debería ser quién es el propietario interno de cada obligación, sino si existe una visión única de los servicios críticos que conectan la estrategia comercial con la tecnología. Una gestora que lanza un nuevo servicio transfronterizo puede necesitar revisar simultáneamente la autorización, la resiliencia de sus proveedores, la continuidad de la liquidación, la seguridad de las interfaces y la trazabilidad de las decisiones automatizadas.
Si el mapa de riesgos sigue dividido entre tecnología, operaciones, cumplimiento y negocio, la entidad puede cumplir cada procedimiento por separado y aun así no saber qué ocurre cuando falla un tercero común. La regulación, con su afición por los registros, empieza a pedir precisamente esa visibilidad.
El boletín de ESMA no modifica DORA. El Reglamento (UE) 2022/2554 es aplicable desde el 17 de enero de 2025 y sus obligaciones ya forman parte del trabajo ordinario de las entidades financieras dentro de su ámbito. Pero las referencias del boletín a dependencias externas y amenazas cibernéticas encajan directamente con la arquitectura de DORA.
El artículo 5 de DORA sitúa la responsabilidad del órgano de dirección sobre el riesgo relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones. El artículo 6 exige un marco de gestión del riesgo TIC sólido, documentado y revisado. Esto no se resuelve presentando al consejo un cuadro de incidentes una vez al trimestre. La entidad debe poder explicar qué servicios soportan funciones críticas o importantes, qué terceros los prestan, qué controles existen y cómo se recuperaría la actividad.
El artículo 28 exige gestionar el riesgo de terceros TIC. Su apartado 3 obliga a mantener información sobre los acuerdos contractuales de uso de servicios TIC, incluida la identificación de los proveedores y de las funciones y servicios que soportan. El artículo 30 fija elementos contractuales esenciales, entre ellos la descripción clara de los servicios, la localización del tratamiento y del almacenamiento de datos cuando proceda, los derechos de acceso y auditoría, la asistencia en incidentes y las condiciones de terminación.
En la práctica, la supervisión no se detendrá en preguntar si existe un contrato. Preguntará si el contrato permite actuar. ¿Puede la entidad obtener datos en un formato utilizable? ¿Puede auditar un servicio crítico sin aceptar una certificación genérica como sustituto universal? ¿Puede salir del proveedor sin interrumpir la liquidación o la atención a clientes? ¿Se han probado los contactos de escalado o solo se han guardado en una carpeta?
El registro de información sobre contratos TIC, previsto en DORA, es especialmente importante para esta conversación. No es un inventario administrativo más. Debe permitir entender concentraciones y dependencias. Si una entidad usa el mismo proveedor, la misma región de nube o la misma plataforma de mensajería para varias funciones esenciales, el riesgo no se descubre contando contratos, sino conectándolos.
Los artículos 31 a 44 de DORA introducen además la supervisión europea de proveedores terceros TIC considerados críticos. ESMA participa en esa estructura junto con la Autoridad Bancaria Europea y EIOPA, bajo la coordinación del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión. La entidad financiera no queda liberada de su responsabilidad porque su proveedor esté sujeto a supervisión directa. DORA mantiene la obligación de gestionar el riesgo propio y de garantizar que la relación contractual y operativa sea controlable.
Para un CISO, la traducción es incómoda pero clara: una evaluación de proveedor basada solo en ISO 27001, SOC 2 o un cuestionario anual puede ser insuficiente si no demuestra cómo funciona la dependencia concreta. Los certificados aportan evidencia. No sustituyen el análisis de concentración, las pruebas de recuperación ni la capacidad de ejecutar derechos contractuales.
La edición de ESMA recoge la llamada de las Autoridades Europeas de Supervisión a mantenerse vigilantes frente a dependencias externas, amenazas cibernéticas y mercados privados. La combinación merece más atención que cada palabra por separado.
Una amenaza cibernética puede inutilizar un servicio, pero una dependencia mal identificada puede impedir incluso saber quién debe responder. El proveedor contratado por la entidad puede depender a su vez de una nube, un operador de telecomunicaciones, un servicio de identidad o una empresa de software. DORA no permite que el riesgo desaparezca por el simple hecho de avanzar una capa en la cadena de suministro. El artículo 30.2 exige que los acuerdos incluyan, cuando proceda, obligaciones relativas a la subcontratación de servicios TIC que soporten funciones críticas o importantes.
El control operativo que se desprende de esta exigencia no consiste en pedir una lista infinita de subcontratistas y archivarla. Consiste en distinguir qué subcontratación puede afectar a la disponibilidad, integridad, confidencialidad o recuperación del servicio. Una entidad debe saber qué componente se ejecuta en cada proveedor, qué región geográfica interviene, qué ocurre si se rescinde el contrato principal y cuánto tarda en recuperarse el proceso.
DORA también exige notificar incidentes relacionados con las TIC siguiendo los criterios aplicables del artículo 19 y las normas técnicas de regulación correspondientes. El error habitual es esperar a tener una investigación forense completa antes de activar el proceso de notificación. La lógica regulatoria es la contraria: clasificar, escalar y comunicar con información disponible, actualizando después cuando proceda. El artículo 17 exige un proceso de gestión de incidentes que permita detectar, registrar, categorizar y gestionar los incidentes TIC.
La referencia de ESMA a las amenazas cibernéticas debe leerse, por tanto, como una exigencia de preparación. El supervisor no solo querrá saber qué controles preventivos existen. También puede interesarse por el tiempo de detección, los criterios de materialidad, la coordinación con el proveedor, la evidencia de las decisiones y la capacidad de continuar una función crítica en modo degradado.
¿Tu entidad sabe qué proveedor debe contestar en los primeros 60 minutos de una interrupción de una plataforma crítica? ¿Sabe quién tiene autoridad para desconectar una integración? ¿Ha probado que puede recuperar datos sin depender del mismo entorno que acaba de fallar? Si la respuesta exige convocar tres comités, la resiliencia está más cerca del organigrama que de la realidad.
ESMA incluye en su boletín los preparativos para la transición a la liquidación T+1. El principio es sencillo: reducir de dos días hábiles a un día hábil el plazo estándar entre la contratación de una operación y su liquidación. Las consecuencias no lo son.
La liquidación T+1 comprime el tiempo disponible para confirmar operaciones, asignar órdenes, validar datos, gestionar divisas, resolver excepciones y completar instrucciones. Lo que antes podía corregirse durante una ventana más amplia pasa a convertirse en un problema de calidad de datos y automatización casi inmediata.
La fecha concreta de transición europea no figura en el contenido del boletín suministrado por ESMA y no debe inventarse. Lo que sí es verificable es que la autoridad ya trata la preparación como un asunto activo dentro de sus publicaciones de septiembre y octubre de 2026. Las entidades que esperen a una fecha final para empezar a probar procesos estarán utilizando el calendario regulatorio como sustituto de su propio análisis de dependencia. Suele salir caro.
El impacto se reparte entre varias áreas. Operaciones debe revisar los ciclos de matching, confirmación y asignación. Tecnología debe comprobar que las interfaces y procesos batch pueden ejecutarse en ventanas más estrechas. Riesgos debe reevaluar la exposición a fallos de contraparte y liquidez intradía. Cumplimiento debe asegurar la trazabilidad de las modificaciones. Finanzas y tesorería deben analizar las necesidades de liquidez y de financiación. Los proveedores externos deben demostrar que sus horarios, formatos y niveles de servicio son compatibles con el nuevo ciclo.
También hay una conexión directa con DORA. Una plataforma de post-contratación puede soportar una función crítica o importante; una caída durante el periodo comprimido de T+1 puede tener un efecto mayor que la misma caída en un ciclo T+2. El artículo 11 de DORA exige que las entidades mantengan capacidades de continuidad y recuperación adecuadas. El artículo 12 aborda las políticas y procedimientos de backup y restauración. La prueba útil no es si el sistema vuelve a estar disponible en abstracto, sino si vuelve a tiempo para que la operación se liquide sin generar una cola de excepciones.
La transición también expone problemas menos vistosos: datos de referencia desactualizados, husos horarios, festivos distintos, instrucciones incompletas, operaciones manuales y conciliaciones que dependen de hojas de cálculo. En un entorno T+1, una intervención manual no es necesariamente un incumplimiento; sí puede convertirse en el punto de fallo que impida cumplir el ciclo.
Un programa serio de preparación debería medir al menos la tasa de operaciones que requieren intervención manual, el tiempo de resolución de excepciones, la disponibilidad de los proveedores durante las ventanas críticas, la cobertura de pruebas de extremo a extremo y el porcentaje de instrucciones que puede procesarse de forma automática. No hace falta adornar el cuadro con decenas de indicadores. Hace falta que cada cifra permita responder a una pregunta de control.
El boletín también destaca las propuestas de ESMA para hacer MiCA más claro, seguro y preparado para servicios emergentes. MiCA es el Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos. El contenido de la noticia no detalla cada propuesta, por lo que no sería responsable atribuirle cambios concretos que la fuente no recoge. La señal regulatoria, sin embargo, es reconocible: el perímetro de los servicios de criptoactivos sigue evolucionando más deprisa que los manuales internos de clasificación.
La clasificación importa porque determina obligaciones y supervisión. El régimen contempla, entre otros, requisitos para emisores de fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico, así como para proveedores de servicios de criptoactivos. El artículo 59 de MiCA regula la autorización de los proveedores de servicios de criptoactivos, mientras que el artículo 63 establece elementos del procedimiento de autorización. La entidad que presta un servicio aparentemente nuevo no puede resolver su encaje jurídico con una etiqueta comercial.
Los servicios emergentes suelen cruzar varias categorías: custodia, ejecución, intercambio, transferencia, asesoramiento, gestión de carteras o funcionamiento de una plataforma. El diseño técnico puede cambiar quién controla las claves, quién ejecuta la orden, quién mantiene los registros y quién tiene capacidad real para detener una operación. La calificación jurídica no depende solo de cómo se presenta el producto en la web.
Para cumplimiento y producto, la prioridad es construir una matriz que conecte la funcionalidad ofrecida con el servicio regulado, la entidad que lo presta, la jurisdicción, el proveedor tecnológico, el flujo de activos y el régimen de reclamaciones. Para tecnología, el punto crítico es demostrar que los controles de acceso, segregación de funciones, registros y recuperación soportan el servicio tal como se ha autorizado.
MiCA y DORA también se cruzan. Una plataforma de criptoactivos puede estar sometida a obligaciones de MiCA y, dependiendo de su naturaleza y perímetro, a las exigencias de resiliencia operativa digital aplicables a entidades financieras. La autorización de un servicio no elimina el riesgo de una interrupción, de una dependencia de nube o de una vulnerabilidad en una interfaz. Tampoco convierte un modelo técnicamente opaco en uno supervisable.
La nueva prioridad estratégica de supervisión de la Unión sobre innovación digital puede interpretarse de dos maneras. La primera, optimista, es que ESMA quiere facilitar la innovación y evitar que los mercados europeos pierdan competitividad. La segunda, más realista, es que la autoridad quiere que la innovación llegue con controles incorporados y no como una explicación posterior después del incidente.
La experiencia regulatoria europea ya ofrece una pista. DORA exige pruebas de resiliencia, gestión de riesgos TIC, notificación de incidentes y control de terceros. El artículo 26 contempla las pruebas avanzadas mediante pruebas de penetración basadas en amenazas para determinadas entidades, con requisitos sobre el alcance y la periodicidad establecidos en el régimen aplicable. El Reglamento de Inteligencia Artificial, por su parte, introduce obligaciones diferenciadas según el riesgo del sistema, aunque el hecho de emplear IA en una operación financiera no convierte automáticamente cada uso en un sistema de alto riesgo.
El punto de conexión es la gobernanza. Una entidad que incorpora un modelo de IA para detectar fraude, priorizar alertas, valorar riesgo o prestar asesoramiento debería poder identificar el propósito, los datos utilizados, los controles de acceso, el propietario del modelo, los criterios de validación, los cambios realizados y el procedimiento de retirada. Si el sistema influye en una función crítica, también debe entrar en el análisis de continuidad, seguridad y dependencia de terceros.
ESMA no está diciendo en el boletín que todo uso de tecnología sea peligroso. Está señalando que la innovación digital se convierte en un objeto de supervisión cuando altera la prestación del servicio, la protección del inversor o la estabilidad operativa. La diferencia entre innovación y exposición no está en el nombre del producto, sino en la capacidad de explicar qué hace el sistema cuando los datos son incompletos, el proveedor no responde o el mercado se mueve más deprisa que el modelo.
La publicación menciona también la evolución de los servicios de inversión transfronterizos y los mercados privados. Ambas referencias encajan con el objetivo de ESMA de construir mercados de capitales más integrados, pero también introducen una tensión conocida: cuanto más fácil es prestar un servicio entre países, más difícil puede resultar coordinar supervisión, datos, reclamaciones y respuesta a incidentes.
La prestación transfronteriza amplía el número de entidades, proveedores, jurisdicciones y horarios implicados. Un problema operativo en un servicio puede afectar a clientes de varios Estados miembros, aunque la causa esté localizada en un solo proveedor. La entidad debe tener claro qué autoridad recibe la información, qué obligaciones locales se activan, qué idioma se utilizará con los clientes y quién conserva la evidencia.
En los mercados privados, la disponibilidad y calidad de la información tienen un peso especial. La menor frecuencia de negociación no equivale a menor riesgo. Puede haber valoraciones menos frecuentes, estructuras de datos menos homogéneas, vehículos con proveedores especializados y procesos de capital calls o reporting que dependen de intercambios manuales. Para un supervisor, el desafío no es únicamente detectar volatilidad; también es comprobar si la información disponible permite valorar riesgos y proteger al inversor.
La referencia de ESMA no basta para concluir que se vaya a imponer una obligación concreta a todas las entidades de mercados privados. Sí justifica revisar la trazabilidad del dato: origen, responsable, fecha de actualización, transformaciones y uso final. Sin esa cadena, la entidad puede tener un informe bien maquetado y poca capacidad para defender la cifra cuando alguien pregunte de dónde salió.
La noticia no exige crear un comité nuevo ni redactar otra política de veinte páginas. Exige conectar información que probablemente ya existe, pero está repartida.
El primer paso es actualizar el mapa de servicios críticos y funciones críticas o importantes. No basta con listar aplicaciones. Hay que identificar qué proceso de negocio soporta cada tecnología, qué proveedores intervienen, qué datos se intercambian, qué alternativa existe y cuánto tiempo puede operar la entidad en modo degradado. El registro contractual de DORA debe poder alimentar este análisis, no vivir separado de él.
El segundo es revisar los contratos de los proveedores que participan en liquidación, custodia, conectividad, identidad, almacenamiento, mensajería y analítica. La revisión debe buscar derechos ejecutables de auditoría y acceso, obligaciones de cooperación ante incidentes, condiciones de subcontratación, localización de datos, asistencia durante la salida y niveles de servicio medidos durante ventanas críticas. Si la cláusula existe pero nadie sabe cómo activarla, el control está incompleto.
El tercero es probar escenarios que combinen regulación y operación. Un ejercicio T+1 no debería limitarse a comprobar que una orden llega a la cámara. Puede simular una caída del proveedor de matching durante la ventana de confirmación, una indisponibilidad de la nube secundaria, un error de datos de referencia y la necesidad de notificar un incidente TIC. Los ejercicios combinados revelan dependencias que las pruebas aisladas ocultan.
El cuarto es someter los nuevos servicios digitales a una revisión previa de clasificación regulatoria y resiliencia. La ficha de producto debe responder qué servicio de MiCA, si procede, se está prestando; qué entidad lo presta; qué terceros lo soportan; qué controles existen sobre acceso y registros; y qué sucede si hay que suspender el servicio. La innovación no necesita permiso para existir, pero sí necesita dueño, límites y un procedimiento de retirada.
El quinto es preparar al consejo para preguntas operativas. El artículo 5 de DORA no convierte al órgano de dirección en un equipo de ingeniería, pero sí le atribuye responsabilidad sobre el marco de riesgo TIC. Un cuadro útil debería mostrar dependencias críticas, incidentes relevantes, resultados de pruebas, excepciones contractuales, concentración de proveedores y decisiones pendientes. La métrica “100% de proveedores evaluados” puede ser impecable y completamente inútil si la evaluación no mide la capacidad de recuperación.
La edición de octubre no anuncia una nueva ola regulatoria con una fecha única. Su importancia está en la dirección que dibuja. ESMA quiere mercados más integrados, pero la integración aumenta la interdependencia. Quiere innovación digital, pero la innovación introduce servicios y proveedores que el perímetro tradicional no siempre captura con facilidad. Quiere una transición a T+1, pero la reducción del ciclo deja menos margen para corregir errores. Y pide vigilancia sobre dependencias externas porque el modelo de “cada proveedor responde de su parte” deja de funcionar cuando una interrupción atraviesa varias capas.
Para las entidades financieras españolas y europeas, el mensaje es aplicable sin esperar a otra comunicación. La fecha de aplicación de DORA —17 de enero de 2025— ya quedó atrás. La llegada de T+1 se prepara antes de que exista una fecha operativa definitiva en el material citado. MiCA ya ofrece un marco jurídico, pero los servicios emergentes siguen forzando preguntas de clasificación. Y el programa de trabajo de ESMA para 2027 convierte la innovación digital en una prioridad de supervisión, no en una palabra amable para presentaciones de estrategia.
El nuevo presidente de ESMA empieza su mandato con una agenda en la que tecnología y mercados ya no pueden tratarse como dos conversaciones separadas. Para los equipos de compliance, riesgo y ciberseguridad, la conclusión es menos solemne: conviene dejar de medir la preparación por el número de políticas aprobadas y empezar a medirla por la capacidad de responder cuando una dependencia falla durante la peor ventana posible.
Ese es el verdadero contenido del boletín. No una colección de titulares, sino una advertencia sobre cómo se supervisará el mercado: siguiendo las conexiones que las entidades todavía gestionan por separado.
Nota editorial
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