Imagen generada por IARetrasar una comunicación al mercado no es una pausa administrativa. Es una decisión jurídica, operativa y reputacional que puede acabar siendo examinada por el supervisor meses después, cuando ya nadie recuerda quién decidió qué. El informe final que ESMA ha publicado este octubre sobre las directrices MAR para el retraso en la divulgación de información privilegiada intenta cerrar precisamente ese espacio gris.
El documento revisa las directrices publicadas originalmente el 20 de octubre de 2016 y revisadas el 13 de abril de 2022. La revisión incorpora el efecto del Reglamento Delegado (UE) 2026/789, de 8 de abril de 2026, que desarrolla el Listing Act en materia de información privilegiada dentro de procesos prolongados. También aborda cuatro situaciones que suelen poner a prueba a los emisores: las órdenes de una autoridad pública para mantener la confidencialidad, la necesidad de recabar más información, el riesgo de perder una oportunidad de negocio y los casos en los que el retraso puede inducir a error al público.
La noticia no consiste en que ESMA haya descubierto que los emisores deben actuar con cuidado. Eso ya estaba en el artículo 17 del Reglamento de Abuso de Mercado, el MAR. La novedad práctica está en otra parte: el informe convierte varias decisiones que antes podían resolverse con una explicación genérica en asuntos que exigirán hechos documentados, análisis contemporáneos y una coordinación mucho más precisa entre secretaría del consejo, legal, compliance, relaciones con inversores, riesgos y ciberseguridad.
Para una entidad financiera, además, el problema no termina en MAR. Una intrusión, una caída de un proveedor tecnológico o una adquisición fallida pueden activar simultáneamente obligaciones de comunicación al mercado, notificación de incidentes TIC bajo DORA y, según el caso, requisitos de privacidad o ciberseguridad. El regulador no aceptará que cada equipo cuente una versión distinta de la misma crisis.
ESMA ha publicado un Final Report sobre las directrices relativas al retraso en la divulgación de información privilegiada. El informe incluye la evaluación de las respuestas recibidas durante la consulta, el análisis final de la autoridad y un anexo con las modificaciones propuestas para las directrices sobre retraso y sus interacciones con la supervisión prudencial.
El documento identifica como punto de partida el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014, el MAR. Ese artículo establece la regla general: el emisor debe informar al público tan pronto como sea posible de la información privilegiada que le concierna directamente. El retraso solo es admisible si concurren las condiciones previstas en el artículo 17.4: la divulgación inmediata puede perjudicar los intereses legítimos del emisor; el retraso no debe inducir al público a error; y el emisor debe poder garantizar la confidencialidad de la información.
La arquitectura parece sencilla. En la práctica, cada condición abre una pregunta incómoda. ¿Qué interés legítimo se protege exactamente? ¿Qué hechos conocidos por el mercado hacen que la espera resulte engañosa? ¿Quién tiene acceso a la información? ¿Qué controles impiden una filtración? ¿Cuándo dejó de ser razonable seguir esperando?
El informe organiza su revisión alrededor de esas preguntas. No ofrece una autorización general para retrasar comunicaciones durante negociaciones, litigios, operaciones corporativas o incidentes tecnológicos. Tampoco convierte la conveniencia comercial en una excepción automática. Lo que hace es delimitar mejor los escenarios en los que el retraso puede estar justificado y las circunstancias que pueden hacer que deje de estarlo.
Una de las áreas centrales del informe es el impacto de la lista no exhaustiva de procesos prolongados incluida en el acto delegado que desarrolla el Listing Act. El Reglamento Delegado (UE) 2026/789 aparece expresamente identificado por ESMA como la norma que complementa el MAR en relación con la divulgación de información privilegiada en procesos prolongados.
La expresión “lista no exhaustiva” es la parte que muchas políticas internas tienden a olvidar. Que una situación se parezca a una negociación, una operación corporativa o a otro proceso que evoluciona por etapas no significa que el emisor pueda retrasar automáticamente la divulgación. La calificación exige analizar el estado real del proceso, la materialidad de la información, la probabilidad de que se complete y el riesgo de que el mercado reciba una impresión falsa.
El punto operativo es decisivo. Un proceso prolongado necesita una cronología. No basta con conservar el acuerdo final o el acta del consejo. El expediente debería permitir reconstruir cuándo surgió cada hecho, qué información estaba disponible en cada momento, qué personas conocían el asunto, qué alternativas se valoraron y por qué la divulgación inmediata habría perjudicado un interés legítimo.
Esto cambia la conversación con el comité ejecutivo. “Estamos todavía negociando” no es una justificación; es una descripción. La justificación debe explicar qué se habría revelado, qué daño concreto podía producir la revelación en ese momento y por qué el retraso no alteraba de forma engañosa la percepción del mercado.
La dificultad aumenta cuando el proceso incluye terceros. En una posible adquisición, por ejemplo, la información puede circular entre asesores, bancos financiadores, despachos, auditores y la contraparte. Cada nuevo participante aumenta la superficie de confidencialidad y puede obligar a actualizar las listas de iniciados previstas en el artículo 18 del MAR. El expediente debe conectar la decisión de retrasar con las medidas adoptadas para conservar la confidencialidad. Una lista de nombres almacenada en una carpeta no demuestra por sí sola que existiera un control eficaz.
El informe analiza los casos en los que una autoridad pública ordena mantener la confidencialidad. Puede ocurrir durante una investigación, una intervención supervisora, una negociación regulatoria o un procedimiento en el que la revelación pueda comprometer la actuación de la autoridad.
La existencia de una instrucción de confidencialidad no elimina la obligación de analizar el artículo 17.4 del MAR. La entidad debe determinar qué información está cubierta por la orden, durante cuánto tiempo, quién la emitió y qué consecuencias tendría una comunicación parcial o indirecta. Una petición informal de prudencia y una orden jurídicamente vinculante no son lo mismo, aunque ambas puedan llegar por correo electrónico con un tono parecido.
La evidencia importa. El expediente debería conservar la comunicación de la autoridad, su alcance, la fecha de recepción, las personas que evaluaron la instrucción y las revisiones posteriores. Si la orden no fija duración, la entidad no puede tratar el silencio como una autorización indefinida. Debe establecer revisiones periódicas y documentar por qué el interés legítimo sigue existiendo.
Para las entidades financieras sujetas a supervisión prudencial, el anexo del informe sobre las interacciones con la supervisión tiene una relevancia especial. La comunicación con el supervisor prudencial y la comunicación al mercado persiguen objetivos distintos. Una no sustituye automáticamente a la otra. Confundir ambas vías es una forma bastante eficaz de convertir una decisión compleja en un problema sancionador.
La segunda zona gris aparece cuando el emisor todavía no conoce todos los hechos. Esto sucede con frecuencia en incidentes tecnológicos, pérdidas inesperadas, fallos operativos o investigaciones internas. El argumento habitual es que divulgar demasiado pronto podría generar una imagen incompleta o incorrecta.
Ese argumento puede ser legítimo, pero tiene un límite. El artículo 17 del MAR no exige esperar a tener el informe forense perfecto, la cuantificación final del impacto o la aprobación del consejo para decidir si existe información privilegiada. La pregunta es si ya existe información suficientemente concreta, no si el análisis está terminado.
Un incidente de ciberseguridad ilustra el problema. En las primeras horas, la entidad puede desconocer el vector de ataque, el número de clientes afectados o si los sistemas han sido manipulados. Sin embargo, puede saber que una plataforma crítica está fuera de servicio, que se ha activado el plan de continuidad y que existe un impacto potencialmente relevante en la prestación de servicios. Esa información puede tener una relevancia distinta para DORA y para MAR, pero no puede desaparecer en un agujero entre ambos marcos.
El proceso correcto exige separar los hechos confirmados de las hipótesis y actualizar la evaluación a medida que aparecen datos. Una comunicación inicial puede ser incompleta sin ser engañosa si identifica claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y cuándo se ofrecerá una actualización. En cambio, retrasar la comunicación mientras se prepara una narración cerrada puede resultar difícil de defender si el mercado ya dispone de indicios suficientes.
Las organizaciones que solo permiten comunicar cuando el incidente está plenamente cuantificado se exponen a un fallo de diseño. La respuesta regulatoria no puede depender de que el equipo técnico haya terminado una investigación que, en un ataque sofisticado, puede prolongarse durante semanas.
ESMA también examina el riesgo de que la divulgación destruya una oportunidad comercial. Es uno de los argumentos más tentadores y más peligrosos. Si se acepta sin límites, permitiría presentar casi cualquier negociación sensible como un interés legítimo del emisor.
El análisis debe ser concreto. No basta con afirmar que un competidor podría enterarse, que la contraparte podría endurecer sus condiciones o que los inversores podrían reaccionar negativamente. La entidad debería identificar la oportunidad, describir el mecanismo por el que la divulgación la pondría en riesgo y justificar por qué ese riesgo es actual, no una posibilidad abstracta.
La proporcionalidad también cuenta. Si solo una parte de la información es sensible, la entidad debe valorar si puede divulgar una comunicación que proteja el interés legítimo sin inducir a error. La alternativa no siempre es “publicar todo” o “no publicar nada”. En ocasiones existe una tercera opción: revelar el hecho material con el grado de precisión que el mercado necesita, sin exponer los detalles comerciales que todavía requieren confidencialidad.
La frontera se vuelve especialmente delicada en operaciones de financiación, reestructuraciones, acuerdos de distribución o conversaciones con proveedores tecnológicos críticos. Un emisor puede necesitar preservar una negociación, pero no puede utilizar la negociación como excusa para mantener al mercado con una impresión que ya no coincide con la realidad.
El artículo 17.4 del MAR exige que el retraso no pueda inducir a error al público. El informe dedica una sección específica a las situaciones en las que esa condición puede dejar de cumplirse.
La referencia no se limita a una contradicción formal entre una comunicación anterior y la información que se está reteniendo. El riesgo puede aparecer cuando el emisor ha creado una expectativa concreta mediante declaraciones previas, previsiones, presentaciones a inversores o comunicaciones sobre la estrategia. Si la nueva información desmiente esa expectativa y el emisor mantiene el silencio, la defensa basada en un proceso aún incompleto se debilita.
Esto exige conectar el análisis de retraso con el archivo de comunicaciones anteriores. El equipo que decide sobre MAR debe saber qué se ha dicho públicamente en resultados, presentaciones, notas de prensa, reuniones con analistas y documentos regulatorios. La información privilegiada no se evalúa en el vacío. Su carácter potencialmente engañoso depende también de lo que el mercado ya conoce.
El problema se agrava cuando la cotización se mueve de forma anómala o aparecen rumores. Un rumor no obliga automáticamente a confirmar o desmentir, pero puede alterar la evaluación de confidencialidad y de riesgo de engaño. Si el rumor es suficientemente preciso y coincide con la información retenida, seguir esperando exige una justificación más sólida. La política de comunicación debe definir quién monitoriza esos indicios y cuándo se convoca una nueva evaluación.
La clasificación sugerida para esta noticia es DORA, aunque el informe de ESMA se ocupa principalmente del MAR. La conexión no es ornamental. Una entidad financiera puede recibir una crisis tecnológica con dos relojes regulatorios funcionando a la vez.
DORA, el Reglamento (UE) 2022/2554, regula la resiliencia operativa digital del sector financiero. Sus artículos 17 a 23 establecen el marco de gestión, clasificación y notificación de incidentes relacionados con las TIC. El artículo 19 se ocupa de la notificación de incidentes graves relacionados con las TIC a la autoridad competente. El artículo 11 exige una política de continuidad y recuperación de las TIC, mientras que los artículos 28 y siguientes regulan la gestión del riesgo asociado a terceros proveedores de servicios TIC.
MAR persigue otra finalidad: proteger la integridad del mercado y evitar que los inversores operen con una desventaja informativa. Un incidente TIC puede ser muy grave desde el punto de vista operativo y no constituir automáticamente información privilegiada. También puede suceder lo contrario: un fallo todavía limitado desde el punto de vista técnico puede ser material para la valoración del emisor si afecta a una actividad crítica, a una operación corporativa o a una previsión financiera.
La respuesta no debe consistir en elegir un régimen y aparcar el otro. La entidad necesita una matriz de evaluación que conecte:
El GDPR añade otro reloj. El artículo 33 exige notificar una violación de seguridad de datos personales a la autoridad de control, cuando sea necesario, sin dilación indebida y, cuando sea factible, dentro de las 72 horas desde que el responsable tenga constancia. El artículo 34 regula la comunicación a los afectados cuando existe un alto riesgo para sus derechos y libertades. NIS2, en su artículo 23, contempla una alerta temprana en 24 horas, una notificación del incidente en 72 horas y un informe final en el plazo de un mes para los sujetos incluidos en su ámbito.
Estos plazos no son intercambiables. Una notificación DORA no sustituye automáticamente a una comunicación MAR; una notificación GDPR no resuelve la obligación de informar al mercado; y un comunicado al mercado no puede utilizarse para cumplir, sin más, requisitos técnicos de información a la autoridad. La coordinación es necesaria, pero la equivalencia jurídica no existe.
La consecuencia para el CISO es incómoda: el comité de crisis necesita incorporar desde el principio a legal de mercados, compliance y relaciones con inversores. Esperar a que el análisis técnico termine para preguntar si hay información privilegiada es una secuencia demasiado lenta para una crisis que puede activar varios plazos en paralelo.
El informe final de ESMA convierte el expediente de retraso en una pieza central de control. El artículo 17.4 del MAR exige que el emisor informe a la autoridad competente de la decisión de retrasar la divulgación inmediatamente después de que la información se haga pública, salvo que el Estado miembro haya previsto otra modalidad. La entidad debe poder explicar cómo se cumplieron las condiciones del retraso.
La documentación no debería redactarse retrospectivamente. Un memorando elaborado semanas después, cuando el resultado ya es conocido, tiene menos valor probatorio que una evaluación fechada durante el proceso. El expediente debe capturar la incertidumbre real del momento: hechos conocidos, hechos pendientes, escenarios considerados, responsables de la decisión, controles de confidencialidad y fecha de revisión.
Una política robusta debería definir al menos cinco elementos:
La lista de iniciados prevista en el artículo 18 del MAR debe encajar con este proceso. En una crisis tecnológica, por ejemplo, puede haber personal de seguridad, proveedores forenses, asesores jurídicos, responsables de continuidad, miembros del consejo y ejecutivos de negocio con acceso a partes diferentes de la información. El control no consiste solamente en registrar nombres. También debe limitar el acceso, conservar marcas temporales y permitir comprobar quién recibió qué información y cuándo.
El informe de ESMA presta atención a las interacciones con la supervisión prudencial. Para bancos, empresas de servicios de inversión y otras entidades reguladas, la decisión de comunicar o retrasar puede cruzarse con conversaciones confidenciales con el supervisor sectorial.
El consejo no debería recibir únicamente la recomendación final de legal. Necesita conocer la naturaleza del interés legítimo invocado, el plazo estimado, los factores que podrían obligar a publicar y la existencia de comunicaciones con autoridades. Eso no significa convertir cada decisión de divulgación en una reunión extraordinaria del consejo. Significa asignar responsabilidades y conservar un rastro de gobierno corporativo que permita demostrar que la cuestión fue tratada con el nivel adecuado.
La supervisión prudencial tampoco funciona como una zona franca de confidencialidad. Que el supervisor conozca la situación no significa que el mercado pueda permanecer desinformado indefinidamente. La entidad debe distinguir entre la información necesaria para la supervisión, la información privilegiada que exige valoración bajo MAR y la información que puede mantenerse confidencial por una base jurídica específica.
En la práctica, esta separación exige un protocolo conjunto entre relaciones con inversores, secretaría del consejo, cumplimiento normativo, riesgos y el equipo que mantiene la relación con el supervisor. El protocolo debe incluir un canal de escalado y una regla de desempate. Cuando nadie sabe quién tiene la última palabra, la organización no está gestionando la confidencialidad: está esperando que la crisis decida por ella.
La publicación del informe final ofrece una ocasión concreta para revisar los controles, sin convertirla en otro proyecto de transformación regulatoria con cien entregables y ningún responsable. Hay cuatro revisiones que sí tienen sentido.
La primera es comparar la política de retraso con el artículo 17 del MAR y con las directrices actualizadas por ESMA. La revisión debe buscar especialmente tres frases problemáticas: “cuando sea necesario recabar más información”, “para proteger una oportunidad de negocio” y “mientras continúen las negociaciones”. Si aparecen sin criterios verificables, son etiquetas, no controles.
La segunda es probar un caso de crisis tecnológica. El ejercicio debería comenzar con una indisponibilidad de un servicio crítico o con una intrusión cuya materialidad aún no está cuantificada. La pregunta no es solo cuándo se presenta la notificación DORA. También hay que decidir quién evalúa si los hechos son información privilegiada, qué se comunica al supervisor, qué información se reserva y cuándo se revisa el posible engaño al mercado.
La tercera es reconstruir un expediente antiguo de retraso. ¿Se puede identificar la hora exacta de cada decisión? ¿Existe evidencia de que se valoraron los tres requisitos del artículo 17.4? ¿La lista de iniciados coincide con los accesos reales? ¿Se revisó la situación cuando apareció un rumor o cambió el precio? Si la respuesta es negativa, la entidad ha encontrado un fallo de control antes de que lo encuentre el supervisor.
La cuarta es revisar los contratos con terceros críticos. DORA exige gestionar el riesgo de proveedores TIC y, en sus artículos 28 y siguientes, impone obligaciones sobre los acuerdos y la supervisión del riesgo de terceros. Cuando un proveedor participa en una investigación o conoce una interrupción relevante, el contrato y los procedimientos deben contemplar confidencialidad, cooperación, conservación de evidencias y escalado rápido. Un proveedor que informa tarde puede comprometer simultáneamente la respuesta operativa y la defensa de un retraso bajo MAR.
El error más habitual sería entregar el informe a relaciones con inversores y dar por cerrado el asunto. La decisión de retrasar información privilegiada nace mucho antes de que exista un comunicado. Aparece en los sistemas de detección de incidentes, en los comités de inversión, en las reuniones de estrategia, en las alertas de resultados y en las conversaciones con supervisores.
Por eso el control debe ser transversal. La función de ciberseguridad debe saber qué hechos técnicos pueden tener relevancia de mercado. Legal de mercados debe entender la diferencia entre un incidente operativo y un incidente con posible impacto en la valoración. Compliance debe verificar que la documentación no se limita a una conclusión. Relaciones con inversores debe conservar el contexto de las expectativas comunicadas. El consejo debe recibir información suficiente para ejercer supervisión, no una versión ya higienizada de la decisión.
La tecnología puede ayudar, pero no resolver el juicio jurídico. Un sistema de gestión de incidentes puede registrar eventos, accesos y tiempos; una plataforma de compliance puede controlar revisiones y aprobaciones; y una herramienta de monitorización puede detectar rumores o movimientos anómalos. Ninguna puede decidir por sí sola si el retraso protege un interés legítimo o induce a error. Automatizar una mala pregunta solo produce una mala respuesta con sello digital.
El mensaje de ESMA no es que los emisores deban comunicar cada hipótesis antes de conocer los hechos. Tampoco es que cualquier negociación deba hacerse pública desde su primer contacto. El mensaje es más exigente: cuando una entidad retrasa la divulgación, debe demostrar que el retraso era necesario, controlado y revisado.
La incorporación del Listing Act y del Reglamento Delegado (UE) 2026/789 obliga a abandonar la idea de que todos los procesos prolongados se comportan igual. Una negociación puede avanzar, atascarse, cambiar de alcance o dejar de ser confidencial. Cada hito puede modificar la respuesta bajo el artículo 17 del MAR.
Para las entidades financieras, la dimensión tecnológica hace que esta disciplina sea todavía más urgente. DORA ha obligado a formalizar la resiliencia digital y la gestión de incidentes; las directrices de ESMA recuerdan que la resiliencia no termina cuando el equipo técnico recupera el servicio. También incluye la capacidad de explicar al mercado, al supervisor y a los accionistas qué ocurrió, cuándo se supo y por qué se decidió esperar.
La pregunta que deberían hacerse los emisores este año no es si tienen una política de retraso. Casi todos la tienen. La pregunta útil es otra: si mañana se produce una crisis que active MAR, DORA y posiblemente GDPR al mismo tiempo, ¿pueden demostrar, hora por hora, quién tomó cada decisión y con qué información?
Si la respuesta depende de una cadena de correos dispersa, de una hoja de cálculo que nadie actualiza o de la memoria del director jurídico, el margen de maniobra ya es más estrecho de lo que parece.
Nota editorial
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