Imagen generada por IAUn agente de IA con acceso a un CRM, una API de pagos o un repositorio interno no es solo una aplicación más. Puede interpretar instrucciones, encadenar herramientas y actuar con credenciales que sobreviven a la sesión que las originó. Si algo sale mal, la pregunta no será únicamente qué modelo tomó la decisión. También será: ¿con qué identidad actuó, qué podía hacer y quién autorizó ese acceso?
Ese es el nuevo frente de la gestión de identidades y accesos (IAM). No porque los agentes sean una categoría jurídica independiente —hoy no lo son—, sino porque alteran una premisa tradicional de IAM: que una identidad no humana suele ejecutar una tarea acotada, conocida y relativamente predecible. Un agente puede seleccionar herramientas y pasos en tiempo de ejecución. La credencial puede seguir siendo la de siempre; el comportamiento, no.
El NIST AI Risk Management Framework (AI RMF) ofrece una forma útil de ordenar el riesgo, pero no es un catálogo de controles IAM ni prescribe una arquitectura de agentes. La oportunidad está en reutilizar sus funciones de gobernanza y gestión del riesgo junto a controles ya exigidos o auditados bajo DORA, NIS2, GDPR e ISO/IEC 27001. El objetivo no es construir cuatro inventarios paralelos. Es demostrar, con una misma cadena de evidencias, quién o qué actuó, con qué permisos y bajo qué límites.
Las identidades no humanas no aparecieron con la IA. Service accounts, claves de API, certificados, cuentas de robotización y tokens llevan años sosteniendo procesos críticos. Lo que cambia con los agentes es la relación entre identidad, intención y acción. Una cuenta de servicio clásica puede ejecutar una operación fija cada noche. Un agente puede recibir una solicitud, recuperar contexto, elegir una herramienta, invocarla y modificar su siguiente paso según el resultado.
Eso no convierte a cada agente en autónomo en sentido jurídico ni técnico. Sí obliga a distinguir entre tres cosas que suelen mezclarse: la identidad del agente, la identidad del proceso que lo ejecuta y la identidad humana o de sistema que solicita la tarea. Si un asistente recibe una petición de un empleado y después consulta datos de clientes mediante una cuenta compartida, el registro de acceso quizá identifique al servicio, pero no permita reconstruir quién inició la operación ni qué autorización cubría el uso concreto.
El riesgo crece cuando el agente hereda permisos amplios de una cuenta técnica, conserva un token de larga duración o puede invocar herramientas distintas de las previstas. También cuando las credenciales quedan embebidas en instrucciones, repositorios, ficheros de configuración o registros. En ese escenario, revocar al usuario que inició la conversación no necesariamente revoca la credencial del agente; y detener el modelo no garantiza que se hayan cerrado las sesiones o llamadas activas en los sistemas conectados.
Una regla operativa ayuda a separar responsabilidades: el agente no debe convertirse en una identidad genérica con acceso a todo lo que pueda necesitar algún día. Debe tener identidad propia, permisos ligados a una función y una forma verificable de relacionar cada acción con la petición, el usuario y la política que la autorizó. El permiso es el mismo tipo de problema que IAM ya conoce. La novedad es que la secuencia de acciones puede ser más dinámica y menos fácil de anticipar.
El AI RMF del NIST, publicado en enero de 2023, es un marco voluntario para incorporar la gestión del riesgo de IA al ciclo de vida de sistemas y organizaciones. Sus cuatro funciones —GOVERN, MAP, MEASURE y MANAGE— sirven para estructurar decisiones, responsabilidades y seguimiento. No establece requisitos técnicos obligatorios para credenciales de agentes, no certifica un sistema y no sustituye a las obligaciones europeas.
Su utilidad para IAM está en la conexión entre riesgo y contexto. GOVERN permite asignar responsabilidades y políticas; MAP ayuda a identificar usos, actores, dependencias y posibles daños; MEASURE exige evaluar riesgos y resultados; MANAGE orienta la respuesta y el tratamiento. Aplicado a un agente que tramita solicitudes, por ejemplo, eso obliga a plantear algo más concreto que «el modelo tiene acceso»: qué datos puede consultar, qué acciones puede ejecutar, qué errores serían reversibles y qué mecanismos permiten detenerlo.
El perfil de IA generativa del NIST, AI 600-1, publicado en julio de 2024, amplía esa orientación para riesgos asociados a IA generativa. Tampoco ofrece una especificación de identidad de agentes. Conviene decirlo sin rodeos: citar el AI RMF en una política de IAM no demuestra que la entidad haya gobernado sus credenciales. El marco aporta lenguaje para organizar el riesgo; la arquitectura y las evidencias siguen siendo responsabilidad de la organización.
El cruce más práctico es con NIST CSF 2.0, publicado el 26 de febrero de 2024. Su función PROTECT incluye la categoría PR.AA, dedicada a la gestión de identidad, autenticación y control de acceso. PR.AA-01 cubre la gestión de identidades y credenciales de usuarios, servicios y equipos; PR.AA-03, su autenticación; y PR.AA-05, la definición, aplicación y revisión de permisos y autorizaciones, con principios como mínimo privilegio y segregación de funciones. GOVERN y IDENTIFY ayudan a vincular esos controles con propietarios, activos y prioridades de riesgo.
La combinación evita un error frecuente: tratar la gobernanza del modelo y el control de acceso como dos proyectos separados. El AI RMF pregunta qué riesgo puede generar el uso del sistema y quién debe gobernarlo; CSF 2.0 permite traducir parte de esa respuesta a prácticas de identidad, autenticación y autorización. Ninguno hace el trabajo por sí solo. Juntos ayudan a evitar que el comité de IA apruebe un caso de uso mientras el equipo de IAM descubre, meses después, que el agente opera con una cuenta compartida.
Para las entidades financieras, DORA es aplicable desde el 17 de enero de 2025. Su artículo 5 atribuye al órgano de dirección la responsabilidad última sobre el marco de gestión del riesgo relacionado con las TIC; el artículo 6 exige ese marco, y el artículo 9 aborda la protección y prevención. En particular, el artículo 9.4.c exige políticas y protocolos de control de acceso que gestionen los derechos atendiendo a la necesidad de conocer, la necesidad de utilizar y el mínimo privilegio.
Un agente conectado a sistemas de una entidad financiera entra en esa conversación si forma parte de sus recursos y procesos TIC. DORA no crea una categoría específica llamada «identidad de agente de IA», ni una exención porque la acción la haya iniciado un modelo. La cuestión práctica es si la entidad puede justificar los derechos concedidos, controlar su uso y conservar trazabilidad suficiente para detectar y responder a un incidente. El artículo 28, sobre riesgo de terceros proveedores de servicios TIC, también importa cuando el agente depende de un proveedor externo o de servicios en la nube; el contrato con el proveedor no elimina la responsabilidad de gestionar el riesgo de la entidad.
NIS2 sigue una lógica parecida para las entidades incluidas en su ámbito y según su transposición nacional. El artículo 21.2.i incluye seguridad de los recursos humanos, políticas de control de acceso y gestión de activos; el artículo 21.2.j contempla, entre otras medidas, el uso de autenticación multifactor o soluciones de autenticación continua cuando proceda. Es una base útil para inventariar identidades de servicios y fijar controles, pero no debe presentarse como una obligación uniforme de usar una tecnología concreta para cada agente. La medida debe responder al riesgo y a los requisitos nacionales aplicables.
GDPR tampoco prescribe una arquitectura de agentes. Sí pone límites relevantes cuando estos acceden a datos personales. El artículo 5.1.c recoge la minimización de datos y el artículo 5.2 el principio de responsabilidad proactiva; los artículos 25 y 32 requieren protección de datos desde el diseño y medidas de seguridad apropiadas al riesgo. Si un agente accede a más datos de los necesarios para su tarea, no basta con documentar que tiene una cuenta técnica. Si interviene en decisiones exclusivamente automatizadas con efectos jurídicos o significativamente similares, habrá que analizar además el artículo 22 y sus condiciones, sin asumir que toda recomendación generada por IA entra automáticamente en ese supuesto.
El Reglamento de IA (AI Act) añade obligaciones ligadas al tipo de sistema y al papel de cada actor, no una regla transversal de IAM para todos los agentes. Su artículo 9 exige un sistema de gestión de riesgos para sistemas de alto riesgo; el artículo 14 regula la supervisión humana en esos sistemas y el artículo 15 aborda precisión, robustez y ciberseguridad. El Reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y su aplicación general comienza el 2 de agosto de 2026, con calendarios distintos para determinadas disposiciones. Para una entidad, la consecuencia es revisar la clasificación y el uso concreto del sistema antes de afirmar que una obligación de alto riesgo se aplica —o que no se aplica— a su agente.
ISO/IEC 27001:2022 permite reutilizar controles conocidos: el anexo A 5.15 sobre control de acceso, 5.16 sobre gestión de identidades, 5.17 sobre información de autenticación y 5.18 sobre derechos de acceso. Para identidades con privilegios, también resulta pertinente A.8.2; A.8.5 cubre autenticación segura. El valor está en aplicar esos controles a identidades no humanas sin esconderlas bajo una excepción técnica. Un control de acceso no deja de serlo porque el titular de la cuenta no tenga una nómina.
Imaginemos un agente interno que clasifica solicitudes de soporte, consulta datos de clientes y propone reembolsos. El patrón débil es darle las credenciales de una cuenta compartida con lectura amplia y permiso para iniciar devoluciones. El patrón más defendible separa la identidad del agente de la del empleado que lo utiliza, limita las herramientas disponibles y exige una autorización adicional antes de ejecutar acciones de impacto.
La primera decisión es asignar un propietario humano y una finalidad aprobada a cada agente desplegado. El registro debería recoger, como mínimo, identificador único, equipo responsable, entorno, versión o configuración relevante, sistemas conectados, datos tratados, nivel de privilegio, método de autenticación, fecha de revisión y procedimiento de retirada. No hace falta crear una burocracia nueva para cada agente: se puede ampliar el inventario de activos y de identidades existente, siempre que permita distinguir una identidad de servicio de una persona y asignarle responsable.
La segunda es evitar credenciales estáticas donde exista una alternativa segura. Cuando la plataforma lo permita, pueden usarse credenciales de corta duración, emisión dinámica de tokens y vinculación a una carga de trabajo o entorno. Si hay claves que deban persistir, deben guardarse en un gestor de secretos, limitarse por alcance y rotarse según una política definida. La rotación no es una ceremonia de calendario: sirve de poco cambiar una clave si el agente conserva sesiones activas, hay copias en registros o el nuevo secreto mantiene exactamente los mismos privilegios excesivos.
La autorización debe operar en el punto donde se ejecuta la acción, no solo en la interfaz conversacional. Un agente puede tener permiso para consultar el estado de un reembolso y no para emitirlo; puede preparar un cambio de proveedor sin poder aprobarlo. Para operaciones de alto impacto, el control puede exigir aprobación humana, una segunda identidad o una política basada en atributos del recurso y del contexto. El principio es separar la capacidad de recomendar de la capacidad de comprometer a la organización.
También conviene restringir el catálogo de herramientas. Si el agente solo necesita leer una API concreta, no debería disponer de acceso de red general ni de una credencial que permita invocar endpoints ajenos a la tarea. La autorización por acción reduce el daño posible cuando el agente interpreta mal una instrucción, recibe contenido manipulador o usa una herramienta de manera inesperada. No elimina el riesgo del modelo; contiene el radio de impacto.
La trazabilidad exige unir registros que suelen vivir en sistemas distintos: la solicitud original, el identificador del usuario iniciador, la identidad técnica del agente, la versión del agente o de su configuración, la herramienta invocada, el recurso afectado, la decisión de autorización y el resultado. Debe poder reconstruirse la secuencia sin registrar indiscriminadamente prompts o datos personales que no hacen falta. Los registros han de protegerse contra alteración y tener una retención coherente con las obligaciones y necesidades de investigación aplicables.
Por último, la revocación necesita probarse. Deshabilitar una cuenta no garantiza que se invaliden tokens emitidos, credenciales almacenadas en caché, sesiones de API o permisos delegados en otra plataforma. El procedimiento de baja debe cubrir identidad, secretos, sesiones, autorizaciones, conectores y trabajos pendientes. Para un agente que puede efectuar pagos, modificar datos o acceder a información especialmente sensible, la entidad debería comprobar cuánto tarda realmente en cortar esos caminos, no limitarse a confiar en un botón de desactivación.
La mejor forma de no duplicar trabajo es vincular cada riesgo con un control existente y una evidencia reutilizable. Una matriz sencilla puede asociar el agente y su caso de uso con la función GOVERN del AI RMF, las prácticas PR.AA de CSF 2.0, el control aplicable de ISO 27001 y la obligación pertinente de DORA, NIS2 o GDPR. La matriz no sustituye el análisis jurídico: deja claro qué requisito se está satisfaciendo y dónde se demuestra.
Para una auditoría interna o una inspección, el paquete probatorio debería permitir responder preguntas concretas: ¿quién aprobó el despliegue?, ¿qué identidad utiliza?, ¿qué permisos tiene y por qué?, ¿cuándo se revisaron por última vez?, ¿qué acciones ejecutó?, ¿cómo se detuvieron sus credenciales? Las evidencias útiles incluyen el registro de identidades y propietarios, las políticas de autorización, las configuraciones de IAM, los resultados de revisiones periódicas, los registros de ejecución, las pruebas de revocación y los tickets de aprobación de cambios.
La evidencia debe demostrar funcionamiento, no solo diseño. Una política que promete mínimo privilegio no demuestra que el agente carezca de acceso a una API que no necesita. Una captura de pantalla tampoco prueba que el token se haya revocado en todos los servicios. Se necesitan pruebas técnicas proporcionadas al riesgo: muestreos de permisos efectivos, comprobaciones de cuentas sin propietario, revisión de secretos expuestos y ejercicios que midan si una revocación invalida las sesiones relevantes.
La retención y el contenido de los registros requieren equilibrio. Si se guardan prompts completos, respuestas y datos consultados «por si acaso», la trazabilidad puede convertirse en una nueva fuente de exposición. GDPR art. 5 exige limitación de datos y conservación; el art. 32 exige medidas de seguridad apropiadas. Una solución habitual es registrar metadatos de decisión y referencias a los recursos, limitar el acceso a los logs y definir qué información sensible se redacta o se almacena por separado. La profundidad del registro debe corresponder al riesgo de la acción, no al entusiasmo por acumular telemetría.
También hay que distinguir entre registro para operar y evidencia para demostrar cumplimiento. El equipo SOC necesita señales accionables y oportunas; auditoría necesita versiones, aprobaciones y pruebas reproducibles. Pueden compartir fuentes, pero no necesariamente el mismo nivel de detalle ni el mismo periodo de retención. Diseñar ambos usos desde el inicio reduce la tentación de resolverlo con una exportación masiva cuando llega una revisión.
El argumento contrario es sencillo: si el agente opera en un entorno controlado, con permisos limitados y una cuenta de servicio normal, ¿por qué complicar IAM? La respuesta no es que todo agente requiera una plataforma nueva. Es que una identidad compartida o demasiado privilegiada hace más difícil atribuir acciones y revocar accesos, precisamente cuando el comportamiento del agente depende del contexto y de las herramientas disponibles.
La respuesta proporcionada tampoco consiste en someter cada consulta de bajo riesgo a una aprobación humana. Eso convertiría la supervisión en una cola de clics y empujaría a los equipos a buscar atajos. La intervención humana debe concentrarse donde el impacto, la irreversibilidad o la sensibilidad de los datos lo justifican. Para acciones rutinarias, controles técnicos de alcance, límites de volumen, validación de entradas y capacidad de parada pueden ser más eficaces que una aprobación ceremonial.
En los sistemas de alto riesgo cubiertos por el AI Act, el artículo 14 exige que la supervisión humana sea efectiva y acorde con el uso previsto. En la práctica, eso significa que la persona responsable debe poder entender las capacidades y límites relevantes, detectar anomalías y actuar, no simplemente figurar como aprobadora en un diagrama. Una identidad separada y registros vinculados a acciones facilitan esa supervisión; no la reemplazan.
La responsabilidad tampoco debe diluirse entre proveedor, equipo de IA, IAM, negocio y operaciones. El propietario del caso de uso responde de la finalidad y de las acciones permitidas; IAM administra identidades, autenticación y derechos; ciberseguridad define detección y respuesta; privacidad valida el tratamiento de datos; compras y gestión de terceros evalúan dependencias cuando el agente o sus herramientas son externos. El órgano de dirección conserva las responsabilidades que le asigna el marco aplicable, incluido DORA para entidades financieras.
Empieza por encontrar lo que ya está funcionando. El inventario de aplicaciones, cuentas de servicio, secretos y conectores suele revelar agentes o automatizaciones no registrados, especialmente en pilotos que pasaron a producción sin una revisión formal. No se trata de prohibirlos por sorpresa, sino de descubrir qué identidad usan, qué datos tocan y qué puede ocurrir si se compromete su token.
Después, clasifica por capacidad e impacto, no por la etiqueta «IA». Un agente que resume documentos públicos no tiene el mismo riesgo que otro que modifica expedientes, autoriza pagos o accede a datos de salud. Define qué acciones son de solo lectura, cuáles modifican datos y cuáles producen efectos financieros, jurídicos o sobre personas. Esa clasificación determina la intensidad de autenticación, segregación, supervisión, registro y revisión.
El siguiente paso es acordar un patrón técnico reutilizable: identidad individual por agente o carga de trabajo, credenciales gestionadas, permisos mínimos, herramientas permitidas, límites de ejecución y revocación ensayada. Aplícalo primero a los agentes con acceso privilegiado o a datos personales. En paralelo, enlaza las evidencias con controles ya existentes de DORA, NIS2 o ISO 27001, según el ámbito de la entidad. No abras un programa de cumplimiento separado si el control ya tiene dueño y puede ampliarse.
La revisión periódica debe preguntar si el agente sigue necesitando cada permiso y si su finalidad continúa autorizada. Un cambio de modelo, herramientas, datos o flujo puede alterar el riesgo aunque el nombre del servicio y su cuenta no cambien. Por eso, los cambios materiales deberían activar una revisión de identidad y autorización, no solo pruebas de rendimiento del modelo.
La identidad de un agente no es una cuestión futurista ni una casilla nueva en un inventario. Es la forma de mantener la cadena de responsabilidad cuando una pieza de software puede elegir entre varias acciones y ejecutarlas con acceso real. El AI RMF ayuda a ordenar el riesgo; CSF 2.0, ISO 27001 y las reglas europeas aportan puntos de anclaje para convertirlo en controles verificables. Si tu entidad puede identificar quién inició una acción, qué agente la ejecutó, qué permiso la habilitó y cómo revocarlo, tiene una base defendible. Si solo puede señalar el nombre del modelo, todavía no tiene gobernada la identidad.
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