Imagen generada por IALos 93 controles del anexo A de ISO/IEC 27001:2022 no son una lista que una empresa deba marcar de principio a fin para obtener un certificado. Son una referencia para comprobar que el tratamiento de riesgos no ha dejado fuera controles necesarios. La diferencia parece menor hasta que alguien pregunta por qué un control se ha excluido, quién aceptó ese riesgo y qué prueba demuestra que los controles seleccionados funcionan.
Ahí se juega la auditoría. No en acumular políticas con nombres impecables, sino en poder seguir el hilo desde un riesgo concreto hasta una decisión, un responsable, una medida implantada y una evidencia verificable. Para un CISO, la Declaración de Aplicabilidad —la SoA, por sus siglas en inglés— es menos un inventario que una explicación defendible del sistema de gestión.
La edición de 2022 reorganizó el anexo A en cuatro temas: 37 controles organizativos, 8 de personas, 14 físicos y 34 tecnológicos. También introdujo atributos que permiten ordenar y filtrar los controles desde distintos ángulos. La estructura ayuda; no decide por la empresa. Esa parte sigue siendo trabajo de dirección, seguridad, tecnología y cumplimiento.
ISO/IEC 27001:2022 separa dos planos que a veces se mezclan en los programas de certificación. Los requisitos de las cláusulas 4 a 10 definen el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). El anexo A ofrece un conjunto de controles de referencia para el tratamiento de riesgos. No convierte automáticamente cada control en una obligación universal para toda organización certificada.
La pieza central es la cláusula 6.1.3. La organización debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos, determinar los controles necesarios para ese tratamiento, compararlos con los del anexo A para comprobar que no ha omitido controles necesarios y elaborar la Declaración de Aplicabilidad. La SoA debe identificar los controles necesarios, justificar su inclusión, indicar si están implantados y justificar la exclusión de controles del anexo A.
La secuencia importa. Primero se entiende el contexto y se valoran los riesgos; después se eligen medidas. Empezar por copiar los 93 controles y repartirlos entre departamentos puede producir un documento vistoso, pero invierte la lógica del estándar. Si la SoA dice que todos los controles son aplicables, el auditor todavía puede preguntar cómo se llegó a esa conclusión. “Porque estaban en la plantilla” no es una metodología.
La comparación con el anexo A tampoco significa que los controles deban elegirse exclusivamente de ahí. La cláusula 6.1.3 permite determinar los controles necesarios mediante el proceso de tratamiento de riesgos; el anexo sirve para contrastar esa selección y detectar omisiones. Una organización puede necesitar medidas adicionales por requisitos legales, contractuales o de negocio que no aparezcan formuladas exactamente como un control del anexo.
Hay otra distinción esencial: que un control figure como aplicable no demuestra que esté implantado ni que funcione. La SoA expresa una decisión y su estado; las políticas, configuraciones, registros y resultados de pruebas aportan evidencia. Mezclar las tres cosas produce una falsa sensación de cobertura. En auditoría, una casilla verde no sustituye a una prueba.
La edición de 2022 agrupa los 93 controles en cuatro categorías. La división es útil para navegar el catálogo, pero no debería convertirse en cuatro silos de responsabilidad: tecnología para lo tecnológico, recursos humanos para personas, instalaciones para lo físico y compliance para lo organizativo. Los riesgos atraviesan esas fronteras con una facilidad que las estructuras corporativas no siempre comparten.
Los 37 controles organizativos incluyen cuestiones como políticas, responsabilidades, gestión de proveedores, inteligencia de amenazas y continuidad. Algunos ejemplos concretos son el control 5.7, sobre inteligencia de amenazas; el 5.19, sobre seguridad en las relaciones con proveedores; el 5.23, sobre seguridad de la información en el uso de servicios en la nube; y el 5.30, sobre preparación de las TIC para la continuidad del negocio.
Su reto de auditoría suele ser la conexión entre gobierno y práctica. Una política aprobada no demuestra por sí sola que las áreas la aplican. Para el control 5.19, por ejemplo, conviene poder enlazar el inventario de proveedores con una clasificación de criticidad, la evaluación de seguridad correspondiente, las obligaciones contractuales y la revisión posterior del servicio. Para el 5.23, el auditor puede necesitar entender cómo se evalúan las responsabilidades compartidas y cómo se controlan los datos y accesos en el servicio contratado.
El documento no necesita crecer hasta convertirse en una enciclopedia. Necesita permitir que una persona ajena al equipo reconstruya la decisión: qué servicio se evaluó, qué riesgo se identificó, qué requisito se impuso al proveedor y quién comprobó su cumplimiento. Si cada parte vive en una herramienta distinta, el problema no es tener varias herramientas; es no poder unir sus registros.
Los ocho controles de personas abarcan el ciclo laboral y la conducta de quienes acceden a información: selección, condiciones de empleo, concienciación, medidas disciplinarias, responsabilidades tras la salida y acuerdos de confidencialidad, entre otros. El control 6.3 se refiere a la concienciación, educación y formación en seguridad de la información.
Una lista de asistentes demuestra que se impartió una sesión. No demuestra que el contenido llegara a los colectivos expuestos ni que se corrigieran las carencias detectadas. Para que la evidencia sea útil, conviene relacionar la formación con funciones y riesgos: administradores con privilegios, equipos de soporte, responsables de compras o personal que gestiona datos sensibles pueden necesitar contenidos y pruebas distintas. El indicador de finalización puede seguir siendo útil, pero no debería ser el único.
La salida de una persona ofrece una prueba más concreta. La organización debería poder mostrar cómo se revocan las cuentas, se recuperan dispositivos y se transfieren o retiran permisos cuando termina la relación laboral o contractual. Una política de bajas sin registros de ejecución es una promesa. Un registro de bajas sin vínculo con los sistemas afectados es, como mucho, una parte de la promesa.
Los 14 controles físicos cubren, entre otros aspectos, perímetros, accesos, protección frente a amenazas físicas y seguridad de equipos. El control 7.4 trata de la supervisión de la seguridad física. En una oficina puede parecer sencillo; en una organización con centros de datos, sedes compartidas, trabajo híbrido y proveedores de alojamiento, el alcance se complica.
La evidencia puede incluir reglas de acceso, revisiones de permisos, registros de visitantes o pruebas de funcionamiento de mecanismos de vigilancia, siempre de acuerdo con la legislación aplicable y las políticas internas. No basta con enseñar una puerta con lector: hay que explicar quién autoriza el acceso, cómo se revisan los permisos y qué ocurre cuando dejan de ser necesarios. También conviene distinguir la evidencia que controla la propia entidad de la que depende de un tercero.
Los 34 controles tecnológicos incluyen gestión de vulnerabilidades, configuración, registros, monitorización, criptografía, desarrollo seguro y control de cambios. El 8.8 se ocupa de la gestión de vulnerabilidades técnicas; el 8.9, de la gestión de la configuración; el 8.15, del registro de eventos; el 8.16, de las actividades de monitorización; el 8.24, del uso de criptografía; y el 8.32, de la gestión de cambios.
En este grupo la tentación es mostrar herramientas. Un escáner, una plataforma de registros o una consola de gestión pueden respaldar un control, pero no son el control completo. Para el 8.8, por ejemplo, la prueba debe permitir entender qué activos se analizan, con qué cobertura, cómo se priorizan los hallazgos y cómo se documentan las excepciones o los retrasos. Una captura de un informe sin activos identificables ni seguimiento de remediación tiene un valor limitado.
Lo mismo ocurre con el registro y la monitorización. Que una plataforma almacene eventos no prueba que los casos relevantes se detecten, se revisen o escalen. El equipo debería poder explicar qué fuentes entran, qué alertas se consideran significativas, quién las atiende y cómo se registra la resolución. No todas las empresas necesitan la misma arquitectura; todas necesitan poder describir qué riesgo cubre la que han elegido.
ISO 27001 no prescribe una plantilla universal para la Declaración de Aplicabilidad. Sí establece, en la cláusula 6.1.3, la información que debe contener. La organización puede organizarla como le resulte práctico, siempre que la lógica sea rastreable y la documentación se controle de acuerdo con la cláusula 7.5.
Una SoA operativa suele registrar, para cada control: su identificación y descripción; si se considera necesario o no; la razón de incluirlo o excluirlo; el estado de implantación; la referencia al riesgo, requisito o decisión que lo sustenta; el responsable; y dónde encontrar la evidencia. Las últimas columnas no son una lista cerrada impuesta por la norma, sino una forma eficaz de evitar que la SoA se convierta en un documento que solo entiende quien la creó.
La justificación de exclusión merece especial cuidado. “No aplicable” no explica nada si no se acompaña de una razón ligada al alcance, al contexto o a la evaluación de riesgos. Por ejemplo, la organización puede justificar que un control concreto no responde a los riesgos de su actividad o que no existe el entorno al que se refiere. Pero la conclusión debe apoyarse en hechos y revisarse si cambian el alcance, los servicios, la tecnología o las amenazas.
Excluir un control del anexo A tampoco permite ignorar una obligación externa que exija un resultado equivalente. Si una ley, un contrato o un requisito de cliente exige una medida, la empresa debe identificarla por su fuente y demostrar cómo la satisface, aunque su correspondencia con un control ISO no sea exacta. La SoA no sustituye al inventario de obligaciones; puede enlazar con él.
El estado de implantación debería distinguir con claridad entre diseño, despliegue y funcionamiento. “Implantado” puede significar que existe un procedimiento; que la solución está desplegada en todos los activos dentro del alcance; o que se ha comprobado que opera como estaba previsto. Si el campo no especifica qué significa, cada equipo lo interpretará a su manera y la cifra de controles implantados tendrá una precisión decorativa.
La cláusula 9.2 exige auditorías internas a intervalos planificados para comprobar la conformidad con los requisitos del SGSI y con los requisitos que la propia organización ha establecido. La cláusula 9.3 exige revisión por la dirección, y la cláusula 10.2 regula las no conformidades y las acciones correctivas. Juntas dibujan un ciclo: comprobar, elevar los resultados a quienes deciden y corregir lo que no funciona.
Para que ese ciclo no dependa de una búsqueda de última hora, cada control debería tener un pequeño expediente de evidencia, no necesariamente un archivo único. Puede ser un conjunto de registros en herramientas distintas, siempre que haya un índice, un responsable y un periodo de conservación definido. Lo importante es que la muestra permita confirmar no solo que existe un proceso, sino que se aplicó en el periodo auditado y produjo un resultado.
Para una auditoría centrada en controles del anexo A, resulta práctico preparar estas evidencias:
La prueba debe corresponder al control y a su afirmación. Si la organización afirma que revisa los accesos privilegiados, una política no prueba la revisión; hacen falta registros de una muestra, la identidad de quien revisó, los hallazgos y la resolución de permisos indebidos. Si afirma que gestiona vulnerabilidades, un procedimiento no demuestra que los activos estén cubiertos ni que los hallazgos se cierren dentro de los plazos internos.
También importa la calidad de la muestra. Un control puede funcionar en un sistema y fallar en el resto del alcance. Los registros deberían permitir identificar los activos, usuarios, proveedores o cambios incluidos, así como justificar cualquier exclusión. No hace falta fabricar un expediente enorme por cada control; sí evitar que una demostración aislada se presente como prueba de cobertura total.
Los indicadores ayudan cuando miden algo que permite decidir. El porcentaje de activos cubiertos por análisis de vulnerabilidades, el tiempo entre detección y tratamiento según severidad, la proporción de accesos privilegiados revisados o el número de excepciones vencidas pueden ser útiles. Pero un indicador agregado puede ocultar los sistemas críticos que faltan. Conviene conservar el detalle que permite volver desde el número hasta los elementos que lo componen.
Una auditoría también comprueba la coherencia entre documentos. Si la evaluación de riesgos identifica un riesgo alto de indisponibilidad, pero la SoA excluye controles de continuidad sin explicación, alguien tendrá una pregunta razonable. Si la política exige revisiones trimestrales y los registros solo muestran una revisión anual, la diferencia no desaparece porque el documento de política esté aprobado.
Priorizar no consiste en elegir los controles más fáciles de demostrar ni en empezar por los que tiene disponibles la herramienta de seguridad. La prioridad debe salir de los riesgos, del alcance del SGSI y de las obligaciones aplicables. En la práctica, una entidad puede ordenar el trabajo mediante cuatro preguntas, sin convertirlas en una puntuación universal.
Primero: ¿qué impacto tendría el riesgo sobre la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información y de los servicios? Segundo: ¿qué obligaciones legales, regulatorias o contractuales afectan a ese riesgo? Tercero: ¿qué control reduce el riesgo y quién tiene capacidad real para implantarlo y operarlo? Cuarto: ¿qué evidencia permitirá comprobar que funciona, y con qué frecuencia?
La priorización debería distinguir entre controles que ya existen pero carecen de evidencia, controles que están parcialmente desplegados y controles que todavía no se han diseñado. No son el mismo problema. Si la medida está implantada pero no se conserva el registro, hay que mejorar la trazabilidad. Si la política existe pero no se aplica a los activos dentro del alcance, hay una brecha de implantación. Si el riesgo no tiene tratamiento aceptado, la decisión pendiente es de negocio, no una tarea de redacción.
El plan de tratamiento previsto por la cláusula 6.1.3 debe asignar responsables y obtener aprobación de los propietarios del riesgo residual. Esa aprobación no debería quedar escondida en un correo aislado. Debe poder vincularse con la decisión, la exposición aceptada, las condiciones y la fecha de revisión. Aceptar un riesgo no equivale a declarar que ha desaparecido; significa que una autoridad adecuada ha decidido convivir con él bajo determinadas condiciones.
Los atributos de la edición de 2022 pueden ayudar a organizar el análisis. Entre ellos figuran perspectivas como tipo de control, propiedades de seguridad de la información, conceptos de ciberseguridad y capacidades operativas. Sirven para filtrar y relacionar controles; no asignan automáticamente una prioridad ni sustituyen la evaluación de riesgos. Una empresa puede usarlos para detectar, por ejemplo, controles preventivos que atraviesan varias áreas, pero debe justificar por qué son relevantes para su contexto.
Una decisión práctica es empezar por los riesgos de mayor impacto y por las dependencias compartidas. Los controles de identidad, gestión de cambios, configuración, proveedores y continuidad pueden afectar a varios procesos a la vez. Eso no los convierte en prioridad universal; sí justifica revisar pronto si una misma carencia está amplificando varios riesgos. En paralelo, una obligación contractual con fecha de cumplimiento puede alterar el orden aunque el riesgo técnico parezca menor.
Para las entidades financieras sujetas a DORA, la certificación ISO 27001 puede ofrecer estructura y evidencia, pero no acredita por sí sola el cumplimiento del reglamento. DORA se aplica desde el 17 de enero de 2025. Sus artículos 5 y 6 regulan la gobernanza y el marco de gestión del riesgo relacionado con las TIC; los artículos 8 a 11 abordan identificación, protección y prevención, detección, respuesta y recuperación. El artículo 24 trata las pruebas de resiliencia operativa digital y los artículos 28 y 30, la gestión del riesgo de terceros proveedores de servicios de TIC y elementos contractuales clave.
Hay afinidades claras. La gestión de proveedores del anexo A puede apoyar el trabajo relacionado con los artículos 28 y 30; la gestión de vulnerabilidades, registros, monitorización y continuidad puede aportar evidencia útil para partes del marco de riesgo TIC. Pero la entidad debe mapear los requisitos de DORA contra sus procesos y evidencias, no dar por cerrado el análisis porque el certificado menciona ISO 27001. DORA contiene obligaciones y mecanismos propios, incluidos requisitos de gobernanza, notificación y pruebas, que no se sustituyen con una SoA.
La misma cautela se aplica a NIS2. El artículo 21 de la Directiva (UE) 2022/2555 enumera medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad, y el artículo 20 establece responsabilidades para los órganos de dirección. ISO 27001 puede ayudar a organizar políticas, gestión de incidentes, continuidad, seguridad de la cadena de suministro y evaluación de eficacia. La aplicación concreta depende del ámbito de la entidad y de la transposición nacional. Un certificado no resuelve por sí solo ni la clasificación de la entidad ni sus obligaciones de notificación.
Para protección de datos, el artículo 32 del RGPD exige medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo y menciona, entre otros aspectos, la capacidad de garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, así como la restauración oportuna de la disponibilidad y el acceso. Un SGSI puede ordenar controles y generar pruebas relevantes. No sustituye, sin embargo, la evaluación específica del tratamiento de datos personales ni el resto de obligaciones del RGPD. El artículo 33, por ejemplo, establece la notificación de una violación de datos personales a la autoridad de control, cuando proceda, sin dilación indebida y, de ser posible, dentro de las 72 horas desde que se tenga constancia.
La consecuencia operativa es sencilla: mantener una matriz de correspondencias que no confunda referencias con equivalencias. Para cada requisito externo, la organización debería identificar el proceso que lo cubre, el control ISO relacionado, la evidencia disponible y las posibles lagunas. Una correspondencia parcial debe aparecer como tal. Pintarla de verde no mejora la cobertura; solo retrasa el momento en que alguien la comprueba.
Hay varios síntomas que suelen anticipar preguntas incómodas. El primero es una SoA en la que todos los controles aparecen aplicables, pero las justificaciones son idénticas o genéricas. El segundo, que el estado “implantado” no tenga una definición común. El tercero, que los responsables de negocio no reconozcan los riesgos que figuran bajo su nombre. El cuarto, que las excepciones no tengan fecha de revisión ni autoridad de aceptación.
También conviene desconfiar de una lista de controles copiada de una plantilla externa. Puede ser un punto de partida para estructurar el trabajo, pero no demuestra que el alcance, los riesgos y las obligaciones de la organización se hayan evaluado. Una empresa que excluye controles sin explicar el contexto tiene un problema de justificación. Otra que declara los 93 implantados, pero no puede mostrar evidencias operativas, tiene un problema distinto y más profundo.
El auditor no necesita que cada control produzca un documento independiente. Sí necesita suficiente información para comprobar el sistema y seguir decisiones relevantes. Algunas evidencias pueden servir a varios controles, siempre que su relación esté explicada. Por ejemplo, un procedimiento de cambios puede respaldar aspectos de gestión de cambios, configuración y desarrollo, pero no demuestra automáticamente que las revisiones de acceso o la monitorización funcionen.
Cuando se detecta una no conformidad, la cláusula 10.2 exige reaccionar ante ella, evaluar la necesidad de eliminar sus causas para evitar que se repita, aplicar las acciones necesarias y revisar su eficacia. La corrección inmediata —por ejemplo, cerrar un acceso indebido— no siempre resuelve la causa. Si el acceso reaparece porque el proceso de baja no está conectado con la gestión de identidades, la auditoría ha encontrado un fallo del sistema, no una incidencia aislada.
Los 93 controles son una referencia común, no una medida directa de madurez. Dos organizaciones pueden tener SoA distintas y ambas justificar correctamente sus decisiones. También pueden tener los mismos controles seleccionados y niveles de implantación muy diferentes. El número de casillas verdes no mide cuánto riesgo queda ni si la dirección entiende lo que acepta.
Una preparación sólida permite seguir una cadena sin saltos: requisito o riesgo, decisión de tratamiento, control seleccionado, responsable, evidencia de ejecución, resultado de seguimiento y acción correctiva cuando algo falla. Si el CISO puede recorrer esa cadena con una muestra real —un proveedor crítico, una vulnerabilidad priorizada, una revisión de accesos o una restauración probada—, la conversación deja de ser una defensa de documentos y pasa a ser una explicación del funcionamiento del SGSI.
Para empezar, selecciona varios riesgos materiales y comprueba si la SoA, el plan de tratamiento y la evidencia cuentan la misma historia. Revisa después las exclusiones y los riesgos residuales aceptados con sus propietarios. Por último, contrasta el mapa ISO con DORA, NIS2 o el RGPD cuando sean aplicables. No para crear otra matriz decorativa, sino para encontrar requisitos que ISO no resuelve por sí sola.
Ese es el criterio que separa un anexo A cumplimentado de un sistema defendible: no marcar más controles, sino poder explicar por qué cada decisión tiene sentido y demostrar qué ocurre cuando se pone a prueba.
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