Imagen generada por IAUn pentest convencional intenta descubrir vulnerabilidades. Una prueba de penetración basada en amenazas (TLPT) intenta responder a una pregunta bastante más incómoda: ¿podría un adversario con tiempo, inteligencia y objetivos concretos interrumpir los servicios financieros esenciales de la entidad?
La diferencia no es académica. Bajo DORA, la entidad no puede limitarse a entregar un informe con vulnerabilidades clasificadas como críticas, altas y medias, celebrar una reunión con el proveedor y archivar el documento junto a los demás. El ejercicio debe estar conectado con amenazas plausibles, funciones críticas, proveedores tecnológicos, gestión de incidentes y evidencias que permitan a la dirección y al supervisor reconstruir qué se probó, qué falló y qué se corrigió.
El Reglamento (UE) 2022/2554 dedica los artículos 26 y 27 a estas pruebas avanzadas. El artículo 26 fija la obligación de realizar TLPT, al menos cada tres años, para las entidades financieras sujetas a este régimen; el artículo 27 establece los requisitos aplicables a los probadores. La obligación no convierte automáticamente a todas las entidades financieras en candidatas a una operación de red team de alcance total. La identificación de las entidades obligadas, el alcance y las excepciones dependen de la categoría de la entidad y de la supervisión aplicable.
Para un CISO, el reto real no consiste en contratar a un equipo de hacking. Consiste en conseguir que el ejercicio sea técnicamente creíble, legalmente defendible y útil para tomar decisiones de riesgo. Esta es la historia de cómo podría abordarlo una entidad mediana europea. La entidad es ficticia y el caso es ilustrativo, pero las decisiones y los puntos de fricción son los que suelen aparecer cuando la teoría regulatoria aterriza en producción.
La expresión “entidad significativa” se utiliza con demasiada ligereza. En DORA, que una organización tenga una plantilla reducida o un balance moderado no resuelve por sí solo si debe someterse a TLPT. La obligación depende de la clasificación regulatoria, del tipo de entidad, de los criterios aplicables y de la determinación de la autoridad competente.
El artículo 26 exige que determinadas entidades financieras realicen pruebas avanzadas de sus sistemas, herramientas y procesos ICT. La periodicidad mínima es de una vez cada tres años. Las entidades pueden quedar sujetas a un alcance más amplio o a exigencias adicionales según el supervisor y el perfil de riesgo. Una microempresa puede beneficiarse de un tratamiento proporcional en distintas obligaciones de DORA, pero “proporcional” no significa “invisible”: seguirá teniendo que gestionar el riesgo ICT y demostrar controles adecuados a su tamaño y actividad.
El caso práctico parte de una entidad ficticia: IberiaPay Europe, una institución de pago autorizada en un Estado miembro, con aproximadamente 480 empleados, operaciones en cuatro países y una plataforma de pagos alojada parcialmente en una nube pública. Mantiene conexiones con bancos liquidadores, proveedores de identidad, un servicio antifraude y varios proveedores de software. La entidad no decide unilateralmente que es o no es significativa. Consulta a su autoridad competente, revisa la clasificación supervisora y documenta el razonamiento.
Ese expediente interno contiene tres piezas que suelen faltar:
La primera conclusión es poco espectacular, pero decisiva: antes de hablar con un proveedor de red team hay que saber qué obligación se aplica y quién tiene autoridad para aceptarla. Un contrato de pentesting no sustituye una decisión de alcance aprobada.
El artículo 26 no describe una auditoría de configuración. La prueba debe basarse en amenazas y poner a prueba las herramientas, sistemas y procesos ICT relevantes para la prestación de servicios financieros. En la práctica, esto exige construir una narrativa de ataque razonable: quién ataca, qué sabe, qué busca, por qué vía entra, qué controles encuentra y hasta dónde puede llegar.
IberiaPay comienza con su análisis de amenazas, inteligencia sectorial, incidentes anteriores y resultados de ejercicios de continuidad. No elige como escenario “un ransomware genérico” porque esa etiqueta sirve para casi todo y, por tanto, no decide casi nada. Define dos hipótesis:
Los escenarios no son una licencia para atacar sin límites. Deben transformarse en objetivos operativos. Por ejemplo: obtener acceso a una consola de administración sin provocar indisponibilidad; demostrar si una cuenta comprometida permite alterar una regla antifraude; verificar si los registros de autenticación y cambios de configuración llegan al SOC; y comprobar si el equipo de respuesta identifica, contiene y comunica el incidente dentro de los procedimientos previstos.
El quid está aquí: el TLPT prueba tanto la resistencia técnica como la capacidad de la organización para detectar y gestionar una intrusión. Una vulnerabilidad sin capacidad de detección es un problema. Una vulnerabilidad que permanece activa durante horas porque nadie sabe quién debe autorizar el aislamiento de un sistema es un problema operativo mayor.
IberiaPay no dibuja el perímetro del ejercicio copiando el organigrama de TI. Empieza por los servicios críticos: autorización de pagos, liquidación, autenticación de clientes y monitorización antifraude. Después identifica los componentes que los soportan: APIs, directorios de identidad, herramientas de administración, redes, sistemas de logging, repositorios de código, pipelines de despliegue y conexiones con terceros.
Esta secuencia evita un fallo frecuente. El sistema más visible no siempre es el punto de entrada más peligroso. Un portal de pagos puede estar razonablemente protegido mientras una cuenta de proveedor, una herramienta de soporte remoto o un repositorio de código conserva privilegios excesivos. Si el análisis se limita a “los servidores de producción”, el equipo puede completar un pentest técnicamente impecable y regulatoriamente inútil.
El alcance también debe reflejar la nube. DORA no permite utilizar la externalización como cortina de humo. El artículo 28 exige que las entidades gestionen el riesgo derivado de terceros proveedores de servicios ICT y mantengan un registro de información. La entidad debe saber qué proveedor soporta cada función, qué servicio está contratado, en qué jurisdicción opera, qué subcontratistas intervienen y qué capacidad de acceso tiene. Si el escenario de ataque depende de una API de un proveedor cloud, excluirla porque “no es nuestra infraestructura” deja fuera precisamente la dependencia que puede tumbar el servicio.
El artículo 27 permite utilizar probadores internos, externos o una combinación de ambos, pero no convierte cualquier equipo con una herramienta de escaneo en un proveedor apto para TLPT. La entidad debe evaluar competencias, recursos, experiencia relevante, independencia y capacidad para ejecutar una prueba controlada sobre servicios financieros.
En el caso de IberiaPay, el equipo interno conoce los sistemas y puede ejecutar ejercicios de adversary simulation limitados. Sin embargo, tiene un conflicto práctico: sus miembros diseñan algunos controles que después deberían evaluar. La entidad opta por un equipo externo para la operación principal y conserva internamente la coordinación, la validación del alcance y la respuesta defensiva.
La selección se documenta con criterios verificables:
La contratación debe describir algo más que “servicios de pentesting”. Debe fijar objetivos, ventanas de prueba, sistemas autorizados, límites de explotación, tratamiento de datos, contactos de emergencia, criterios de parada, entregables, retención de evidencias y obligaciones de confidencialidad.
Hay una ironía recurrente en este punto: algunas entidades exigen al proveedor una independencia absoluta mientras le entregan un alcance tan restringido que solo puede encontrar lo que la entidad ya sabe que existe. La independencia del probador no compensa un alcance diseñado para evitar sorpresas.
El comité de riesgos aprueba el escenario, pero la aprobación no es una formalidad. Se establecen cuatro niveles de autorización. El director de seguridad puede suspender una acción técnica; el responsable de operaciones puede ordenar el aislamiento de un sistema; el responsable de cumplimiento valida que las comunicaciones y evidencias sean compatibles con las obligaciones regulatorias; y un miembro de la dirección actúa como patrocinador ejecutivo.
Antes de iniciar la prueba, el equipo realiza una fase de reconocimiento controlado. No busca todavía comprometer sistemas. Valida la superficie externa, dominios, certificados, proveedores visibles, rutas de autenticación y exposición de interfaces. El inventario revela que una herramienta de soporte de un tercero conserva una cuenta de servicio con privilegios superiores a los necesarios. La cuenta no se elimina antes del ejercicio: hacerlo ocultaría una debilidad material. Se documenta el riesgo y se incluye en el escenario.
Durante la fase de acceso inicial, el proveedor simula el compromiso de una cuenta mediante una campaña aprobada. La autenticación multifactor bloquea el acceso a la consola principal, pero una aplicación heredada utiliza un flujo alternativo con controles más débiles. El equipo no explota más allá de lo necesario para demostrar la exposición. La conclusión no es simplemente “MFA parcialmente implantado”. El resultado es más preciso: el control de acceso no es homogéneo entre aplicaciones que participan en el mismo servicio crítico, y el camino alternativo permite alcanzar una zona desde la que podrían abusarse permisos de administración.
La segunda fase examina el movimiento lateral y la escalada de privilegios. El proveedor demuestra que una cuenta de soporte puede consultar configuraciones de la plataforma antifraude, pero no consigue modificar reglas porque existe una separación de funciones. Ese control funciona. Sin embargo, los logs de una API no llegan al SIEM durante una ventana de degradación. El SOC detecta la actividad por una alerta del sistema de identidad, no por el registro de la API. El resultado combina una fortaleza y una dependencia: la entidad puede detectar el comportamiento, pero no dispone de una trazabilidad completa para reconstruirlo.
La prueba defensiva es igual de importante. El equipo de respuesta recibe una alerta sin conocer inicialmente que forma parte del TLPT. El procedimiento exige clasificar el evento, escalarlo, decidir si afecta a un servicio crítico y activar comunicaciones internas. La primera escalada se retrasa porque el procedimiento atribuye la decisión a dos funciones distintas sin definir quién tiene la última palabra fuera del horario laboral.
Ese hallazgo conecta directamente con el régimen de incidentes de DORA. Los artículos 17 a 19 establecen el marco de gestión, clasificación y notificación de incidentes ICT. El artículo 19 exige notificar los incidentes ICT graves a la autoridad competente. El TLPT no es un incidente notificable por sí mismo, pero una prueba que descubre una debilidad con capacidad real de causar un incidente debe alimentar la evaluación de riesgo, los procedimientos de respuesta y, si se produce un evento real, la decisión de notificación.
Una demostración técnica llamativa puede impresionar a la dirección durante una hora. El supervisor, el auditor y el comité de riesgos necesitan algo menos cinematográfico: trazabilidad.
IberiaPay conserva un expediente de prueba con la aprobación del alcance, la matriz de sistemas y servicios, las reglas de compromiso, la identificación del proveedor, las cualificaciones del equipo, las fechas y ventanas de ejecución, los indicadores de detección, los registros de comandos autorizados, las evidencias de explotación y la relación entre hallazgos y controles.
El expediente incluye también las limitaciones. Si una base de datos de producción no se puede tocar, debe constar qué alternativa se utilizó para probar el mismo supuesto de riesgo. Si un proveedor cloud impone restricciones, la entidad documenta la autorización, el control compensatorio y la evidencia obtenida. “El proveedor no nos dejó probarlo” no es una conclusión de cumplimiento; es un riesgo pendiente con propietario y fecha.
La relación con el registro de información previsto en el artículo 28 merece atención específica. Cada hallazgo se vincula al servicio afectado, al proveedor tecnológico correspondiente y al contrato que regula la dependencia. Si la prueba revela que un tercero tiene acceso privilegiado no reflejado en el registro, no basta con corregir el permiso. Hay que actualizar la información contractual y operativa que permite a la entidad entender su exposición. El registro no es un inventario decorativo para una visita supervisora: es la cartografía que permite interpretar el resultado del TLPT.
En una revisión, la pregunta rara vez será “¿hicieron un pentest?”. Será “¿pueden demostrar que la prueba cubrió lo que afirmáis que cubrió?”. El expediente de IberiaPay contiene, como mínimo:
La lista no exige conservar credenciales operativas ni material de ataque sin protección. Las evidencias deben almacenarse con controles de acceso, integridad y retención adecuados. Un informe de TLPT contiene información que podría facilitar un ataque posterior; tratarlo como un PDF más en un repositorio compartido sería una forma particularmente torpe de celebrar la resiliencia.
El valor del TLPT se pierde cuando el informe se convierte en una lista de tickets técnicos. IberiaPay traduce cada hallazgo a una consecuencia operativa. La aplicación heredada con autenticación débil no recibe únicamente la etiqueta “alta”. Se analiza qué servicio afecta, qué operaciones podrían alterarse, cuánto tardaría la detección, qué controles compensan la exposición y cuál sería el impacto de explotarla durante una ventana de liquidación.
La remediación se divide en tres categorías. Los defectos que permiten modificar transacciones o reglas antifraude reciben prioridad inmediata. Las deficiencias de logging se tratan como una reducción de capacidad de detección y respuesta, no como un problema menor de observabilidad. La ambigüedad en la escalada fuera de horario se asigna al responsable de operaciones y al dueño del proceso de incidentes, no al equipo de seguridad en solitario.
Esta asignación importa porque DORA sitúa la responsabilidad última en el órgano de dirección. El artículo 5 exige que el órgano de dirección defina, apruebe y supervise el marco de gestión del riesgo ICT. El artículo 6 exige un marco sólido y documentado. La dirección no necesita decidir qué regla de firewall debe cambiarse, pero sí debe conocer qué riesgo permanece, por qué se acepta y qué capacidad de recuperación depende de un proveedor externo.
El retest tampoco consiste en volver a ejecutar automáticamente la herramienta. Para la aplicación heredada, IberiaPay verifica el flujo alternativo de autenticación, los permisos efectivos y la capacidad de detección. Para el problema de logging, comprueba la llegada de eventos en condiciones normales y durante una degradación controlada. Para la escalada, realiza un ejercicio fuera de horario que mide el tiempo hasta la designación del decisor. Cada prueba verifica la causa del hallazgo y no solo la presencia de un parche.
Un TLPT aislado produce una fotografía. DORA exige algo más parecido a una película. El artículo 11 obliga a las entidades a establecer políticas y procedimientos de respaldo y recuperación; el artículo 12 aborda las estrategias de recuperación y restauración. Los resultados de la prueba deben alimentar esos mecanismos.
Si el escenario demuestra que la plataforma antifraude puede quedar inaccesible, la pregunta no es solo cómo impedir el acceso inicial. También hay que determinar cuánto tiempo puede operar la entidad con controles degradados, quién autoriza el modo manual, cómo se concilian las operaciones y qué información necesita el banco liquidador. Un sistema técnicamente protegido puede seguir siendo operacionalmente frágil si su recuperación depende de una única cuenta de proveedor o de un procedimiento que nunca se ha ensayado.
Los terceros añaden otra capa. El artículo 30 establece elementos contractuales fundamentales para los acuerdos con proveedores de servicios ICT, incluidos derechos de acceso, inspección y auditoría, asistencia en incidentes y requisitos de seguridad. El contrato debe permitir que la entidad cumpla sus obligaciones regulatorias. Si las cláusulas impiden probar una interfaz crítica, la limitación debe elevarse como riesgo contractual y operativo, no esconderse en una nota al pie del informe.
El registro de información del artículo 28 ayuda a identificar estas dependencias, pero no resuelve por sí solo la concentración de riesgo. Si el mismo proveedor soporta autenticación, logging y recuperación, un único fallo puede afectar simultáneamente a prevención, detección y restauración. El TLPT puede revelar esa concentración aunque el proveedor individual cumpla sus propios controles. La resiliencia se mide en la cadena completa, no en la ficha comercial del suministrador.
Para el CISO, la preparación empieza por la arquitectura y termina en la decisión ejecutiva. Necesita un inventario fiable, rutas de ataque plausibles, telemetría utilizable y un SOC capaz de trabajar durante un ejercicio no anunciado. También necesita preservar la independencia del probador sin ceder el control del riesgo.
Para compliance, el reto es distinto. Debe demostrar que la prueba es exigible, que el alcance es defendible, que el proveedor cumple los requisitos, que las evidencias se conservan y que los resultados se conectan con DORA. Compliance no debería aprobar técnicamente cada payload, pero sí debe poder explicar por qué una exclusión no desvirtúa el objetivo regulatorio.
Para la dirección, el dato relevante no es cuántas vulnerabilidades aparecen. Es qué servicios podrían fallar, qué controles funcionaron, qué dependencias externas amplifican el impacto y qué riesgo residual se está aceptando. Un informe de 140 páginas puede ocultar una decisión sencilla: la entidad no sabe si puede operar durante una interrupción del proveedor de identidad.
La preparación madura combina tres capas. La primera es el control continuo: gestión de identidades privilegiadas, segmentación, logging, vulnerabilidades y configuración segura. La segunda es la simulación: escenarios basados en amenazas que prueban prevención, detección, respuesta y recuperación. La tercera es la gobernanza: decisiones aprobadas, contratos adecuados, responsables identificados y remediación verificable. El TLPT no sustituye a las dos primeras; las pone a examen.
La proporcionalidad es necesaria, pero puede convertirse en una excusa si se interpreta como permiso para probar solo lo cómodo. Una entidad mediana no necesita reproducir la infraestructura de un banco sistémico. Sí necesita probar las rutas que podrían comprometer sus servicios críticos y demostrar por qué ha dejado fuera determinados componentes.
Un alcance reducido puede ser válido si está basado en riesgo, aprobado y compensado. Un alcance reducido porque el proveedor no consiguió autorización para tocar un sistema esencial es otra cosa. La diferencia debe quedar escrita.
También conviene separar la periodicidad mínima de la necesidad operativa. El artículo 26 fija una referencia de al menos una prueba cada tres años para las entidades obligadas, pero un cambio material en la arquitectura, una adquisición, una migración cloud, una nueva conexión de proveedor o un incidente grave puede justificar una prueba adicional. Esperar al calendario regulatorio después de una transformación tecnológica importante es una manera eficaz de conservar una obligación cumplida y una exposición nueva.
Una TLPT útil no termina cuando el proveedor entrega el informe. Termina cuando la entidad puede responder, con evidencias, a cinco preguntas: qué servicio crítico se puso a prueba; qué ruta de ataque se simuló; qué controles funcionaron o fallaron; qué riesgo permanece; y quién ha aceptado ese riesgo con conocimiento de sus consecuencias.
Los artículos 26 y 27 de DORA obligan a profesionalizar las pruebas avanzadas. Los artículos 5 y 6 llevan el resultado al órgano de dirección. Los artículos 17 a 19 conectan los hallazgos con la gestión y notificación de incidentes. Los artículos 28 y 30 extienden la conversación a terceros ICT, contratos y dependencias. Leerlos por separado produce cumplimiento fragmentado; operarlos como un ciclo único produce una imagen mucho más honesta de la resiliencia.
Para IberiaPay, el resultado más valioso no fue demostrar que podía detener un ataque simulado. Fue descubrir que la aplicación heredada, una cuenta de proveedor y un procedimiento de escalado formaban una cadena que nadie había descrito completa. Esa es la función real del TLPT: no confirmar que la entidad tiene controles, sino averiguar si esos controles siguen conectados cuando un adversario intenta separarlos.
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